Eduardo Valencia Hernán - La transición española

Por su parte, la prensa extranjera criticó duramente la actitud del gobierno español mediante artículos periodísticos como los publicados en Le Monde, donde se decía entre otras cosas si era lícito preguntarse si las medidas particularmente enérgicas que acaban de ser adoptadas por el gobierno no corrían el riesgo, en definitiva, de agravar un malestar ya de por sí profundo, o en The Times, que comentaba que si la Administración española quería evitar una verdadera sublevación, era necesario que sus dirigentes ofreciesen soluciones a los problemas de España111. En fin, era evidente que esta nueva actitud opositora del sector universitario, cada vez más radical y apoyado en muchas ocasiones por activistas políticos y sindicales de la izquierda, auguraba unos años venideros realmente conflictivos y difíciles para el control gubernativo, inmerso ya en su etapa decadente.

En España, la prensa de aquellos días seguía controlada por una censura férrea instaurada a raíz del estado de excepción, aunque de vez en cuando esquivara el control gubernativo publicando por ejemplo las desavenencias políticas entre el príncipe Juan Carlos y su padre Don Juan de Borbón, suscitando cierta polémica en la clase dirigente del régimen112.

Por otra parte, otras noticias de menor calado popular indicaban la fijación por parte del gobierno del salario mínimo interprofesional para mayores de diez y ocho años en 102 pesetas diarias, 43 pesetas entre los trabajadores de 14 y 16 años, y 63 pesetas entre los de 16 y 18 años. También tuvo su importancia mediática en las portadas el relevo en la Presidencia de los EE. UU. del demócrata Lindon Baines Johnson por el republicano Richard Milhous Nixon113.

Sin duda, y a pesar del considerable esfuerzo represor del gobierno por apaciguar el sector universitario, el conflicto tomaba cada vez más protagonismo social e informativo, dirigido y alentado por una oposición antifranquista clandestina más efectiva con respecto a sus objetivos, sobre todo después de la formación del ilegal sindicato de estudiantes (SDEUB), organización cada vez más consolidada.

El asesinato por aquellos días de Enrique Ruano, estudiante de Derecho de la Universidad de Madrid, aumentó de nuevo en las universidades catalanas la euforia de lucha contra la policía y los ultras, creándose tras estas manifestaciones en defensa de los detenidos en los disturbios universitarios la llamada Comisión de Solidaridad. Esta comisión estuvo formada por representantes conocidos por su actividad política contra el régimen: Joaquim Boix, Anton Canyellas, Joan Carrera Planas, Agustí de Semir, Concha Millán, Mª Antonia Pelauzy, Remedios Ramírez y José Mª Vidal Aunós, entre otros. A su vez, fueron surgiendo en las facultades nuevos movimientos cada vez más politizados, acrecentando más el problema y obligando al gobierno a responder de la única forma que nos tenía acostumbrados. Estas organizaciones eran, entre otras: Universidad Roja, Estudiantes Marxistas-Leninistas o los Comités de Huelga Estudiantiles-Comités de Huelga Obreros (CHE-CHO); este último, de carácter violento, provenía del grupo denominado Força Socialista Federal de Catalunya con relevancia entre los años 1969 y 1970.

Como resumen podríamos concluir que, al finalizar el primer mes de 1969, numerosas universidades españolas se encontraban en la práctica paralización docente, encabezadas por las facultades de Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Granada, Bilbao y Pamplona.

Por otro lado, como resultado del estado de excepción decretado el 24 de enero de 1969 en toda España, se suspendieron algunas de las garantías del Fuero de los Españoles por un periodo de tres meses, siendo afectados los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 de dicha Ley, volviéndose de nuevo a la censura previa y al cierre de las universidades114.

El desconcierto en el gobierno ante la situación creada era evidente, surgiendo entre los miembros del gabinete propuestas contradictorias al respecto, aunque el propio almirante Carrero Blanco daba a entender lo contrario cuando afirmó: «Vamos a resolver la agitación estudiantil a nuestra manera, por lo que es necesario despolitizar la universidad»115. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos fue contraria a sus deseos, ya que la protesta estudiantil adquirió formas asamblearias que fomentaron una mayor participación de los estudiantes, entrando el conflicto en una nueva fase crítica debido entre otros motivos a la masificación estudiantil que obligó al gobierno a la contratación de nuevo profesorado, fruto del cual surgieron los llamados Profesores No Numerarios (PNN), llegando a ser estos, en ciertos momentos, los auténticos líderes de la protesta.

Por su parte, un sector de la Iglesia española, la heredera del Concilio Vaticano II, empezó a tomar partido por las reivindicaciones democráticas contrarias al régimen totalitario, y como consecuencia de este cambio de actitud surgió el protagonismo alcanzado, por ejemplo en Cataluña, por la asociación Acció Catòlica Independent, que el 15 de mayo de 1966 editó dos folletos informativos privados enviados a los militantes de asociaciones de apostolado seglar y eclesial donde se editaron cartas al arzobispo Gregorio Modrego Casaus y al Inspector Jefe de la Brigada de Investigación Criminal, Antonio Juan Creix, donde defendían dicha protesta mediante la marcha pacífica y silenciosa116.

También el abad del Monasterio de Montserrat, Cassià Mª Just, efectuó varias declaraciones muy comprometidas contra el gobierno, que le granjearon la reprobación de las autoridades. Una de ellas fue la realizada el 14 de mayo de 1969 en una entrevista efectuada en el Politischen Magazín Report München, donde el abad acusó al sistema dominante en España. En dicha entrevista, el abad Just respondió a diferentes preguntas relacionadas con el cambio en la vida de los españoles, poniendo énfasis entre la división de vencedores y vencidos. Reclamó los derechos perdidos de autodeterminación para Cataluña, la libertad de expresión y de reunión, las libertades sindicales y huelga, y afirmó que la obligación de la Iglesia en ese momento debía basarse en la denuncia del Evangelio. El abad aseveraba que la tragedia de la Iglesia española estaba en no haber hecho nada y haber estado muda durante treinta años y, a su vez, reclamó una investigación sobre muchos prisioneros políticos que carecían de derechos mínimos, denunciando la manipulación de la televisión pública. El carácter de Estado lo definió como totalitario haciendo claras referencias a sus aspiraciones cristiano-sociales dentro de un Estado neocapitalista. Criticó la situación de los sacerdotes comprometidos con actividades de carácter social o político, algunos de ellos en prisión, que no recibían el apoyo esperado de su obispo y continuó denunciando la opresión y las vejaciones recibidas por jóvenes que eran mezclados con los que él denominaba «invertidos». Años después, fue destacable su homilía en el Jueves Santo de 1973117.

La mano ejecutora del sistema represor, «la piovra policial», como la denominan los historiadores Antoni Batista y Josep Playà en La Gran Conspiració, funcionaba todavía a pleno rendimiento contando con un conglomerado de colaboradores, delatores y confidentes, todos estrictamente organizados. Alcaldes, guardias locales, responsables de correos y telecomunicaciones que interceptaban cartas, telegramas, llamadas telefónicas, seguían actuando como auténticos espías de la policía política, incluso podríamos encontrar delatores en cualquier nivel del servicio, empleados del servicio público, maestros, profesores, bedeles, etc., que cooperaban por simple afinidad al régimen. El control iba por lo general más allá de lo político llegando a introducirse en la misma sociedad, siendo la Junta Nacional de la Cruzada de la Decencia, presidida por el general, Alfonso Armada Comyn, la encargada de informar al Gobierno Civil de todo acto destacable.