Eduardo Valencia Hernán - La transición española

En Barcelona, los debates relacionados con el Proceso de Burgos producidos en la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas (AONU) en los que participaron numerosos ciudadanos de diversas ideologías, llegaron a tal intensidad que incluso llegó a enviarse en nombre del Consejo Directivo de esta asociación una carta de protesta a la Presidencia del Gobierno y a los Ministerios del Ejército y Justicia en contra de la llamada Causa General contra Euskadi Ta Azkatasuna donde se pedían seis penas de muerte y varias de privación de libertad, todo en contra del estricto respeto a los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de la ONU. Esta acción de protesta no fue la única, pues meses después, el 24 de octubre de 1970, con motivo del día de las Naciones Unidas, la AONU envió de nuevo un documento dirigido a la Presidencia del Gobierno exigiendo la amnistía para presos políticos y sindicales152.

En los primeros días de 1970 el final de la Guerra en Biafra (Nigeria) y la entrada en vigor del Tratado de no-proliferación nuclear firmado por los principales representantes de las grandes potencias mundiales, Alexei Kosiguin153, Richard Nixon, Harold Wilson154, y la plena confrontación de estos con Francia y China, que se negaron a firmarlo, entretenía a buena parte de la ciudadanía española, preocupada más por la política internacional que por la interna, siendo anecdótico que España tampoco firmase el tratado.

La posible entrada de España en el Mercado Común fijaba los esfuerzos del gobierno intentando ofrecer una imagen aperturista, pese a estar llena de obstáculos155 hacia el exterior y de un continuismo represivo en el interior; o sea, nada fuera de lo esperado. Las huelgas laborales y estudiantiles se repetían con constante asiduidad, destacando en aquellos días las realizadas en la cuenca minera asturiana, teniendo a la empresa HUNOSA como protagonista. Esta situación conllevó nuevos procesos represivos y multitud de detenciones. En Cataluña, por ejemplo, se tramitaron el 9 de enero de 1970 nueve condenas a miembros de CC.OO. en Hospitalet de Llobregat y Barcelona, señal inequívoca del incremento represivo, aunque ello no hizo desistir a muchos ciudadanos en su empeño de discrepar contra el régimen desde una forma más sutil. Esta situación vino reflejada en una carta abierta firmada por 143 ciudadanos representantes en su mayoría de la burguesía catalana (ver cuadro), fechada el primer día del año y dirigida al ministro comisario del Plan de Desarrollo, Laureano López Rodó, argumentando su discrepancia sobre la política seguida por el gobierno para poder asumir el ingreso al Mercado Común, criticando la teoría expuesta por el ministro de conseguir una renta per cápita superior a mil dólares por habitante antes de establecer una democracia en nuestro país. A partir de este punto se propuso en el mismo documento el establecimiento de las libertades democráticas para acabar con los restos de una guerra civil y de una ideología anacrónica, incluyendo el reconocimiento del derecho de los trabajadores a tener sus propios sindicatos separados de las asociaciones patronales; el derecho de asociación política que permitiese legalmente la organización de diferentes corrientes de opinión; el derecho a la información revisando la Ley de Prensa; el reconocimiento de las diversas comunidades históricas y culturales que constituían el Estado español, entre las que Cataluña tendría una personalidad bien definida con una lengua propia postergada en escuelas y universidades; y, finalmente, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a elegir sus propios representantes. Todo en un marco que aclarase la confusión política con proliferación de grupos y de posiciones extremistas.

Listado de firmantes de la carta dirigida a Laureano López Rodó (1-1-1970)

Fuente: AHCONC, «La Asamblea de Cataluña». Carta al Ministre Comisari del Plá de Desenvolupament, Carpeta, 1-1-1970.