Verónica Valdivia Ortiz de Zárate - Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile

El 5 de octubre se cumplió la orden de militarización de la zona. De acuerdo a la información oficial, emanada del Ministro del Interior: «En el día de ayer, tropas de Ejército, Marina y Aviación tomaron el control de toda la zona carbonífera, y en las primeras horas de la mañana de hoy llegarán a Concepción los regimientos de Los Ángeles y Chillán; barcos de guerra llegaron a Talcahuano; fuerza de Aviación saldrá de Temuco con destino a la ciudad indicada en las primeras horas de la madrugada […] Todas estas fuerzas…harán respetar íntegramente el decreto de reanudación de labores. Se detendrá a todo aquel que, en obedecimiento a la consigna de producir la asfixia económica de la nación, pretenda entorpecer o dificultar el trabajo de los obreros» 34. Para evitar la paralización, las fuerzas de la guarnición de Concepción se desplegaron por el territorio, reforzadas por el destacamento andino de Los Ángeles y el Regimiento Chillán, unidades de la Armada y un número importante de aviones de la Fuerza Aérea, anunciados por el gobierno. Con el decreto de Zona de Emergencia se aisló a Lota y Coronel, coartando la libertad de movimiento, impidiendo la entrada y salida de personas consideradas sospechosas, mientras se despojaba a los sindicatos de su personería jurídica y de sus bienes, como una forma de evitar una resistencia prolongada. Así lo denunció el manifiesto publicado por el comando de la huelga: «Nuestros dirigentes se encuentran detenidos, nuestros locales clausurados; las radios y teléfonos, controlados; NOS TIENEN EL PUEBLO COMO CÁRCEL (sic), sin poder salir ni entrar de nuestra localidad. Nos amenazan con seguir tomando leyes represivas hasta con el más modesto militante de nuestros sindicatos. El comando hace un fervoroso llamado a las FUERZAS ARMADAS (sic) que tienen el control de nuestro pueblo, para que sepan comportarse como siempre lo han hecho, manteniendo el alto prestigio de Chile, garantizando el libre juego democrático de nuestras organizaciones obreras. Por nuestra parte, los trabajadores sabremos mantener la tranquilidad en el desarrollo de nuestro justo movimiento legal» 35.

La militarización de la industria y región carboníferas sometió a los trabajadores al régimen disciplinario y judicial de las fuerzas armadas y se designó al General Santiago Danús Peña, Comandante en Jefe de la III División, como Jefe de Zona de Emergencia en Lota y Coronel, a la vez que se llamó a reconocer cuartel a los reservistas que habían realizado el servicio militar en 1946 y a los que tenían ciertas especializaciones, cuyos nombres figuraban en las listas confeccionadas por la Dirección de Reclutamiento e Instrucciones de las Reservas, debiendo presentarse en su regimiento o cantón de reclutamiento. Quien no lo hiciera sería pasado a los tribunales militares. Estos reservistas reemplazarían a los obreros paralizados. Simultáneamente, y responsabilizando al Partido Comunista de la mantención de la huelga carbonífera y las estalladas en otras partes del país, el Ministerio del Interior decretó la censura del diario El Siglo y otras publicaciones de ese partido e «Idénticas medidas se dispusieron anoche con respecto a otros puntos del país, pues el gobierno tiene informes sobre el traslado de agitadores comunistas a los puertos de Valparaíso y San Antonio, a Sewell y a la zona norte, donde pretenden hacer movimientos como el del carbón, cuya finalidad primera y última es, como se ha dicho, producir la asfixia económica de la nación» 36.

Así, 18.000 efectivos militares desplegados en la zona del carbón procedieron a allanar los locales sindicales y deportivos, sedes de partidos, invadieron las viviendas de los obreros, provocando numerosas destrucciones, a la vez que la autoridad uniformada censuró a la prensa, prohibiendo noticias vinculadas a la huelga 37.

Las fuerzas militares detuvieron a los denominados «cabecillas», cientos según el Ministro de Defensa, a quienes se les «internó» en pontones 38o en la isla Quiriquina, pasándolos al juzgado militar. Mientras, mil nuevos contratados llegaban a reemplazar a los huelguistas. Los primeros detenidos fueron acusados de intentar impedir la entrada de los trabajadores a los piques: «Detenidos y allanados los 30 comunistas, se les encontró en su poder laques y cuchillas, siendo desarmados e inmediatamente relegados al sur del país. Los treinta comunistas eran dirigidos por Isaías Fuentes, exgobernador de Coronel; por Fidel Mellado, alcalde de Coronel, y por Humberto Pinto Pacheco, secretario del alcalde mencionado» 39. La esposa del Presidente de la República, señora Rosa Markmann, fue informada por el Jefe militar de la región carbonífera, General Danús, de la expulsión de numerosos obreros y profesores de la zona, por ser calificados de agitadores y subversivos: «Abdón 2º. Alarcón Barra: Detenido desde los primeros instantes por agitador, fue enviado al vapor Don Thomson, de donde pasó a la Cárcel Pública de Coronel, donde se le juzga por subversión. La familia evacuó el establecimiento con destino a Coronel, recibiendo la asignación respectiva. La esposa confesó ser dirigente del MEMCH [Movimiento pro emancipación de la mujer] y formar en los comicios» 40.

De acuerdo a las órdenes emitidas por el General Barrios Tirado, los allanamientos de un pabellón completo se iniciaron el día 15 de octubre, deteniéndose a sus ocupantes para «conducirlos al pontón al ancla en Lota», donde serían instalados. Las condenas, según señalaba, durarían entre tres y cinco años. Simultáneamente, se notificaría a los familiares de los detenidos en la isla Quiriquina que tendrían un plazo de ocho días para abandonar las viviendas, pues ellas serían entregadas a los trabajadores que reemplazarían a los detenidos 41.

La violencia desatada contra los trabajadores en huelga y sus familias debe ser inserta en la lógica que impulsaba las decisiones del gobierno y de sus colaboradores, quienes, según el testimonio del Ministro de Defensa, «se consideran en guerra, en una revolución cuyos inmediatos resultados no se sabe, porque no se transigirá con los huelguistas y cueste lo que cueste, pase lo que pase, se impondrá el principio de autoridad» 42. Efectivamente, la justificación del Presidente para haber impulsado las facultades extraordinarias que le permitieron suspender las garantías constitucionales afirmaba que Chile estaba entrando a un nuevo período histórico: «Es preciso comprender que estamos ya en presencia de una nueva guerra, de una verdadera guerra revolucionaria, cuyas primeras batallas se libran en el mundo entero» 43. En consonancia, el Jefe Militar consideraba que el apresamiento de cabecillas debió ser masivo, de dos a tres mil trabajadores, «para extirpar el cáncer revolucionario. La checa comunista tiene atemorizada a la clase obrera y es a esa fuerza a la que hay que eliminar para asegurar la libertad de trabajo» 44.

Contrariamente, según la denuncia del senador comunista Carlos Contreras Labarca, la huelga tenía motivos estrictamente económicos, irresuelta por la intransigencia de las compañías y completamente alejada de cualquier motivación revolucionaria. No obstante, la acción gubernativa seguía una lógica bélica, tal como lo expresó en el Senado: «Actualmente, la zona del carbón se encuentra –puede decirse– en estado de guerra y los obreros son tratados como si no fueran chilenos. Se han movilizado el Ejército, la Marina y la Aviación. Los cerros que rodean las minas están cubiertos por cañones de artillería y cada quince minutos se hacen volar sobre los campamentos aviones de la Fuerza Aérea cargados de bombas» 45.

En la tercera semana de octubre de 1947, los minerales de Sewell y Chuquicamata y las salitreras María Elena, Vergara en Antofagasta, así como Victoria, Humberstone y Alianza en Tarapacá se declararon en huelga. El gobierno respondió con decretos de Zona de Emergencia para las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O’Higgins, con lo cual se produjo la ocupación militar de los campamentos mineros y oficinas salitreras, ordenándose la reanudación de faenas y la detención de setenta dirigentes comunistas. De acuerdo a las Memorias del entonces Presidente de la República, los Jefes de Zona, generales Silvestre Urízar en Antofagasta, Guillermo Aldana en Tarapacá y Humberto Luco en Sewell, procedieron a ocupar militarmente dichas faenas y, en el caso de las oficinas salitreras, «las escuelas fueron invadidas por los militares, quienes cumplían órdenes. Hay despidos de obreros, han sido mandados al sur de Copiapó con todas sus familias; a los familiares de los relegados se les han botado sus enseres a la calle, dando un plazo de 24 horas para que abandonen las oficinas, siendo los relegados embarcados al sur con rumbo desconocido» 46. Según el testimonio del entonces teniente Aquiles Levensberg, los nombres de los detenidos en la oficina Alianza fueron entregados por los carabineros, quienes indicaban la vivienda del obrero y el método de detención: «Es muy sencillo. Yo le indico dónde vive la gente y usted toma al “gallo” y se lo trae al cuartel. Le pregunté ¿y si se resiste?. “Bueno –contestó–, quiere decir entonces que hay que darle un culatazo para que entre en razón”» 47.