Verónica Valdivia Ortiz de Zárate - Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile

En segundo lugar, el Campo de Pisagua fue una expresión de la militarización del conflicto político que se había estado produciendo desde los años cuarenta, esto es, la incorporación de las fuerzas armadas a tareas de orden interno, de control social. Ello contradecía el sentido de la reformulación estatal de los años veinte, que buscaba apartar a esas instituciones de esas labores. Su reintegro se vinculó a factores externos –la Segunda Guerra Mundial–, pero fue utilizado por los distintos gobiernos para enfrentar un conflicto socio-político que no encontraba vías de solución dentro de la institucionalidad existente. El decreto de Zonas de Emergencia, que daba amplias atribuciones a los jefes de Zona, se convirtió en una práctica habitual y permanente para enfrentar a un movimiento obrero fortalecido con su institucionalización. Esta interpretación del accionar militar pone en cuestión la tesis del «constitucionalismo formal» y la ausencia total de una doctrina, antes de la Seguridad Nacional y la contrainsurgencia.

La expansión del anticomunismo y la militarización del conflicto, sintetizado en el Campo de Pisagua, tuvo efectos importantes en el sistema político. Respecto de las fuerzas armadas favoreció un proceso de autonomización castrense, aunque no desarrollado en toda su potencialidad, pues todavía el mando civil lograba imponer su autoridad, pero abrió una vía a su socavamiento. Los años sesenta profundizarían ambos fenómenos. En relación a las derechas, y tal como plantea Huneeus, la Ley Maldita y el Campo de Pisagua las distanciaron más de la legitimidad de las demandas sindicales, observando en el anticomunismo estatal y en sus dispositivos represivos, un eficaz instrumento de domesticación del movimiento obrero. La derecha política confirmó su diagnóstico acerca de la necesidad de limitar las garantías constitucionales, en materia de libertad de expresión y de reunión. A su entender, la institucionalidad liberal-capitalista debía ser protegida, a través de una redefinición del Estado de Derecho, menos garantista. La alternativa de una extirpación a través de la reclusión en un Campo no fue desconocida por este sector. Al contrario, la izquierda, especialmente los comunistas, abogó por respetar y ampliar las libertades públicas, ya que el crecimiento y potencialidad de la izquierda estaban ligadas a la democracia representativa, a las libertades de asociación (sindicatos, organizaciones culturales, deportivas), de difundir su pensamiento a través de distintos medios de comunicación (prensa, folletería) y de ocupar el espacio público fortaleciendo el Estado de Derecho y el carácter garantista del ordenamiento jurídico, oponiéndose a normas que apuntaran a la restricción de la ciudadanía. En el caso de los socialistas, esta tendencia sufrió un retroceso entre 1946 y 1948, cuando colaboraron en la persecución, pero volvió a retomar su curso durante los años cincuenta, cuando se concretó la unidad de las izquierdas. En este sentido, si bien la crisis de 1948-1949 produjo efectos negativos –como sostiene Huneeus–, desde otra perspectiva favoreció una definición partidaria respecto de las libertades, el Estado de Derecho y los dispositivos coercitivos del estado.

Los factores internacionales, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ejercieron influencia, pero sobre un conflicto que era esencialmente nacional. La injerencia estadounidense polarizó esa contienda, pues ofreció a los anticomunistas herramientas interamericanas para combatirlos, proceso que estaba en sus inicios, y agudizó la resistencia de los comunistas y sus intentos por impedir la hegemonía de Estados Unidos. A la vez, las tácticas estadounidenses potenciaron la intervención civil de las fuerzas armadas, aunque no las determinaron. No obstante, la lucha en distintos puntos del globo influyó las percepciones de los actores, las que utilizaron para argumentar o legitimar sus opciones.

Siguiendo al historiador brasileño Rodrigo Patto Sá Motta, entendemos por anticomunistas a quienes combatían a esa ideología, el partido y sus adherentes, a través de la acción y/o el discurso, comprendido como la síntesis marxista-leninista que dio vida al bolchevismo y al modelo soviético. Su expansión mundial activó a sus opositores, los que se propusieron desarrollar una contraofensiva para detener la amenaza revolucionaria 18. En el caso de Chile, Marcelo Casals ha propuesto que la amenaza comunista se superpuso a las tendencias contrarrevolucionarias decimonónicas presentes en las elites chilenas y al desafío del movimiento obrero, consolidándose en los años de la Depresión 19, interpretación que compartimos. En ese sentido, el anticomunismo no refería exclusivamente a ese partido, sino también a los desafíos populares y sus aliados mediocráticos, anticapitalistas. Complementando las propuestas de Patto Sá Motta y Casals, este estudio analiza el anticomunismo en el marco del desarrollo institucional del país y en relación a los dispositivos represivos.

Entendemos por militarización de la política la intervención de los militares en el debate y la acción política –actividades ajenas a su profesión–, lo cual provoca una desviación de su función social –la defensa externa–, irrumpiendo en ámbitos propiamente civiles 20. La militarización política puede implicar, de igual forma, la apelación de los civiles a un papel o función política de esos organismos. Así, la militarización social es el «proceso por el cual los valores, la ideología y los patrones de conducta militares adquieren una influencia en los asuntos políticos, sociales, económicos e internacionales del estado» 21. En el período que analizamos, la circulación de ideas castrenses alcanzó amplia difusión, sacando a los militares de los cuarteles. Su forma represiva de solución del conflicto permeó el sistema político chileno.

Nuestro marco temporal se justifica en la naturaleza del conflicto político en Chile (1938-1958), definido hasta fines de los cincuenta por la cuestión obrera. Hasta esa fecha, el movimiento obrero tradicional y el Partido Comunista fueron percibidos como la principal amenaza al orden capitalista existente y la resistencia de los trabajadores a su total domesticación. Esa amenaza se afincaba en la persistencia institucionalizadora de la izquierda, la fuerza que ella le ofrecía y su efecto estatal. La Ley Maldita, los decretos y las leyes de Seguridad Interior del Estado, de 1925 a 1932, y la de 1958; el tipo de acción policial ejercida por Carabineros e Investigaciones y la existencia puntual de «Campos de prisioneros» reflejaron ese sesgo del conflicto, dirigido a impedir un poderío incontrolable. Igualmente, esas normas e instituciones policiales hacían manifiesta la forma de combatirlo, toda vez que los dispositivos represivos estatales se adecuan al tipo de amenaza, a lo que se define como tal. El levantamiento popular del 2 de abril de 1957, inicialmente contra un alza de tarifa del transporte público, de características inesperadas y señal de los cambios que viviría el conflicto en los años sesenta, tuvo un efecto fundamentalmente político, no así sobre los dispositivos represivos. La forma utilizada todavía correspondía al período de estudio que cubre este libro. En ese sentido, Ibáñez cerró el ciclo iniciado en 1925.

La narración de esta historia comienza con una descripción del Campamento de Pisagua en 1947-1949, en un intento por situar al lector en el momento en que los obreros y comunistas fueron denominados una amenaza revolucionaria, apresados y trasladados a ese puerto salitrero. El capítulo I describe su llegada y reclusión, los organismos de apoyo y ayuda con que pudieron contar, así como la resistencia del Partido Comunista desde la clandestinidad y de sus aliados en el espacio público. El capítulo no tiene un afán analítico, sino, expresamente, situacional, por lo cual recurre a numerosas y variadas fuentes primarias, rescatando a los sujetos en ese instante. Este trazo –suspendido en el tiempo– lo utilizo para interrogar, posteriormente, respecto de la relación del Campo de Pisagua con la evolución política del país desde 1938. Por eso, su descripción es la entrada al libro, destacando en él términos, fenómenos y procesos que se analizarán en los capítulos subsiguientes. Pisagua como síntesis de una multiplicidad de complejas corrientes.