Verónica Valdivia Ortiz de Zárate - Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile

15Carlos Huneeus. La Guerra Fría chilena. Gabriel González Videla y la Ley Maldita . Santiago, Debate, 2009.

16Alfonso Salgado. «Exemplary Comrades: The Public and Private Life of Communist in Twentieth-Century Chile», Columbia University, 2016.

17Volodia Teitelboim. Pisagua. La semilla en la arena . Santiago, LOM, 2002. La primera edición es de 1973.

18Rodrigo Patto Sá Motta. Em guarda contra o perigo vermehlo . Sao Paulo, Editora Perspectiva S.A., 2012.

19Marcelo Casals, op. cit .

20Genaro Arriagada. El pensamiento político de los militares . Santiago, Cesoc, 1981, p. 54; Alfred Stepan Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado . Buenos Aires, Planeta, 1988.

21Carlos Portales. «Instituciones políticas y fuerzas armadas». En Frühling, Portales y Varas, op. cit ., p. 12.

«A Óscar me lo mandaron relegadoa Pisagua. Y tanto que habíamos trabajado por él [Gabriel González Videla] en la campaña; yo hasta subí a la tribuna para proclamarlo» 22; «Fueron años muy duros. González Videla cometió muchas barbaridades. El pretexto fue la huelga del carbón que, según decía, era “la primera batalla de la tercera guerra mundial”. Por orden del gobierno, los carabineros detuvieron a cientos de mineros y los metieron junto con sus mujeres y sus niños en carros de carga del tren, que se usaba normalmente para transporte de animales y de mineral. Por crueldad o torpeza, al llegar a Chepe desengancharon a esos vagones de la locomotora y ahí quedaron botadas muchos días esas familias, sin alimentos, sin servicios higiénicos, sin agua. Había vigilancia a cargo de carabineros armados… El traidor, empeñado en aplicar a toda costa su política represiva, ordenó mandar a todos aquellos mineros con sus familias al puerto salitrero de Pisagua, recién habilitado como campo de concentración» 23.

Semanas antes de los primeros «traslados», el Presidente había solicitado al Congreso facultades extraordinarias en nombre de la democracia y la salvaguardia de las instituciones: «El actual gobierno […], celoso guardador y mantenedor de las tradiciones democráticas del país, es contrario, por principio, a la adopción de aquellas medidas que tiendan a coartar esas libertades y derechos, pero tampoco puede aceptar […] que ciertos sectores extremistas, abusando de las garantías que a todos los ciudadanos otorga la democracia, quieran hacer escarnio de aquellos mismos principios y pretendan socavar el normal desenvolvimiento de nuestra institucionalidad […] un plan atentatorio a la economía nacional que se traduce en numerosas huelgas de carácter ilegal, que son mantenidas y alentadas en los centros de producción, tales como las que se realizan en las zonas cupríferas, salitreras y carboníferas» 24.

Instalando el conflicto interno en el marco de la naciente Guerra Fría, el Presidente Gabriel González acusó a los comunistas de preparar una huelga revolucionaria: «Un vasto programa concebido por el totalitarismo ruso, que realizaban simultáneamente en el mundo entero todos los núcleos comunistas […]una huelga general revolucionaria […] Los antecedentes reunidos, provenientes de todo el país, me señalaron que esta huelga debía empezar en las minas de carbón de Lota y Coronel, lo que traería como consecuencia inmediata e inevitable, la paralización de los Ferrocarriles del Estado, de todas las industrias y de la empresas de electricidad y gas» 25. Esta reconstrucción muy posterior a los hechos –incluso cruzada por el Golpe de septiembre de 1973– alude al estallido de una huelga en la zona del carbón, a comienzos de octubre de 1947, cuando las relaciones entre el gobierno y el Partido Comunista estaban rotas y este se encontraba, prácticamente, aislado en términos políticos. Según su declaración, las huelgas respondían a la intervención de la Unión Soviética, que planeaba controlar las fuentes productivas de las materias primas que podían servir a los Estados Unidos para su preparación bélica, en caso de emergencia internacional y retardar o paralizar esas producciones 26.

La solución prevista por el gobierno fue la dictación de dos estados de excepción constitucional, Estado de Sitio y Zona de Emergencia, esta última contemplada para casos de ataque externo o conmoción interna, y que entregaría el control de esos lugares a las fuerzas armadas. Los considerandos del mensaje enviado al Congreso para obtener esas facultades extraordinarias afirmaban que «Es deber fundamental del Ejecutivo afrontar la situación, haciendo uso de recursos constitucionales que las circunstancias aconsejan para adoptar las medidas de vigilancia y de represión, autorizadas por la ley para resguardar el interés nacional» 27. En su visita a la ciudad de Temuco poco tiempo después, el Presidente afirmó que las Zonas de Emergencia decretadas y la restricción de libertades eran «facultades muy limitadas. Desde luego, solo a las zonas amagadas por el Partido Comunista: cobre, carbón y salitre y solo autoriza al gobierno al trasladode un punto a otro de la República a los comunistas. Se levantan las Zonas de Emergencia 15 días antes de las elecciones […] La crítica a las facultades extraordinarias es un error doctrinario. Yo asumo la responsabilidad de mis actos, porque amante de la libertad y de la democracia sé que con estas medidas de excepción estoy derrotando a aquellos que desean aprovecharse de nuestras libertades democráticas para establecer su propia tiranía totalitaria: la tiranía del Partido Comunista, la misma que acaban de imponer en Checoslovaquia» 28.

Según las Memorias del General Guillermo Barrios Tirado 29, Ministro de Defensa del Presidente Gabriel González, el 3 de octubre de 1947 una directiva secreta de esa cartera fue enviada al Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, vicealmirante Alfredo Hoffmann y Jefe de Zona de Emergencia en las carboníferas, informándole que se ocuparía militarmente las minas del carbón, procediéndose «al apresamiento de los agitadores comunistas, según lista en poder de esa Jefatura, incluso del alcalde y regidores de Lota y parlamentarios de ese mismo partido» 30, a la vez que se ordenaba cancelar los permisos para cargar armas, las cuales serían requisadas. Se le informaba al vicealmirante Hoffmann que el día 4 de octubre se decretaría la reanudación de faenas, explicitándose las condiciones económicas que regirían, orden que de no ser acatada en 48 horas o si lo fuera en menos del 80% de la dotación de las minas, el Presidente dictaría un «Decreto Supremo de movilización militar y de cumplimiento integral del Plan Gamma» 31. El 4 de octubre el decreto de reanudación de faenas fue emitido: «tropas de la marinería, Ejército y de Carabineros, al mando del vicealmirante señor Alfredo Hoffman, resguardarán el orden en toda la región afectada por este movimiento huelguístico y evitaran los sabotajes anunciados en las faenas» 32. Los trabajadores rechazaron la orden de regreso al trabajo, argumentando que su huelga era legal y habían seguido todos los procedimientos contemplados en el Código del Trabajo.

En la reunión sostenida con los oficiales y tropa de los regimientos Chacabuco, Guías y Silva Renard en la zona de Concepción, el General Barrios Tirado señaló que debía imponerse el principio de autoridad porque la lucha era contra una secta internacional y que el objetivo del gobierno era «la liquidación del comunismo entronizado en la zona (y) esperaba para el 4 el arresto de doscientos o trescientos cabecillas […] Se dispone de inmediato que se organicen patrullas de Carabineros, Investigaciones, Ejército, vestidas de civil, para proceder a la detención de quienes figuran en las listas entregadas por las compañías [para lograr el] arresto del máximo de individuos» 33.