Verónica Valdivia Ortiz de Zárate - Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile

Para la fecha, todos los centros mineros del país estaban bajo control militar, y los derechos constitucionales, suspendidos.

A comienzos de noviembre de 1947, el buque de la Armada, Araucano, procedente de Lota y Coronel, llegó a Iquique trasladando a los «relegados de la zona carbonífera» en número de 93, «acompañados de 27 familiares», a los que se sumaron 24 relegados de Santiago, en viaje a su lugar de destino: «El Araucano zarpó hoy a Pisagua, sitio de relegaciónde los [presos] mencionados. Además lleva madera para habilitar barracas en donde serán concentrados; también lleva víveres» 48. Entre los « trasladadosfiguran obreros, empleados, maestros, etc., tanto de las oficinas salitreras del interior como de este puerto, los cuales ya se encuentran en Pisagua» 49.

Tal fue la experiencia de la profesora, regidora y alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad de Lota, Blanca Sánchez Sagredo, quien fue « detenidalos primeros días siguientes al decreto de reanudación de faenas, mantenida incomunicada por las autoridades policiales de la región, en la sección de Investigaciones de Concepción, trasladadaluego a Santiago, en el mismo carácter, el día 13 de octubre y transportada a Pisagua, punto de su relegación 50, dos horas después de haber sido recibido el recurso de amparo interpuesto en su favor. Durante todo este tiempo, la regidora Blanca Sánchez Sagredo fue mantenida en lugares destinados a la detención de inculpados de delitos comunes, con violación del artículo 72 No. 17 de la Constitución Política y de las leyes nos. 8.837 y 5.163, que establecen, sobre el particular, que el arresto no puede ser en lugares que sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes» 51. Más aún, su abogado defensor Mario Rojas, que interpuso el recurso de amparo, fue también apresado el 22 de octubre.

El buque Araucano recibió a los 2.200 obreros detenidos en la zona del carbón y en Santiago, una vez que fueron interrogados por la autoridad militar, con el objetivo de «establecer quiénes eran los dirigentes que los habían inducido a esa acción incalificable. Del resultado de esta investigación se pudo establecer el nombre y la afiliación de más o menos 300 dirigentes, los que fueron detenidos de inmediato y trasladados a bordo del buque madre Araucano, donde comenzaron ayer mismo a funcionar los tribunales militares» 52. Luego, zarpó con destino a Iquique.

Por otra parte, la barcaza Bolados de la Armada viajó llevando ropas y camas para las personas que fueron «trasladadas» a esa localidad. Sus familiares, incluso, llevaban material de construcción de galpones 53.

Los «trasladados» de fines de 1947 correspondían a una gran cantidad de trabajadores de sectores económicos estratégicos, que habían protagonizado sostenidas huelgas desde 1945, quienes arribaron masivamente a Iquique, para ser llevados a la ciudad de Pisagua. En esa primera oleada llegaron obreros, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), profesores y militantes con cargo políticos, como Intendentes, alcaldes y regidores. Como informaban las autoridades militares, Pedro Álvarez López había sido detenido en la oficina Humberstone, acusado de habérsele encontrado panfletos que violaban las disposiciones de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo. Álvarez era dirigente del sindicato industrial de la oficina Santa Rosa de Huara en Tarapacá y exmilitante comunista. Su detención habría ocurrido por la denuncia de «los dirigentes socialistas de Humberstone [que] lo acusan de comunista» 54. Por esos mismos días, 17 dirigentes sindicales y políticos de Sewell arribaron a Iquique. Como recordaba décadas más tarde el militante comunista Samuel Riquelme, «la pista se puso cada vez más pesada. En la segunda mitad de 1947 comenzaron las detenciones masivas de militantes, sobre todo del movimiento sindical. Miles fueron enviados a Pisagua, donde el traidor hizo abrir un campo de concentración. A otros los mandaban relegados a los pueblos del altiplano, a cuatro mil y más metros de altura, o a la isla de Melinka, en el extremo sur» 55. El 22 de octubre de 1947 fueron detenidos en Iquique: José T. Barrera, alcalde de la comuna; Rómulo G. Chandía, regidor y profesor de la Escuela No. 1; L. Córdova, empleado del diario; Pedro Pradenas, profesor del Instituto Comercial; Mario Rodríguez, profesor de la Escuela No. 5; Ángel Veas, exdiputado y exIntendente de Tarapacá; Ricardo Ahumada, presidente del sindicato de ferrocarril salitrero, entre muchos otros.

Una vez decretada la Zona de Emergencia en la provincia de O’Higgins, el alcalde de Machalí fue detenido y trasladado a Pisagua, junto a Aniceto Martínez, Luis Baeza y Víctor López, todos regidores comunistas. Los cientos de dirigentes sindicales detenidos en Antofagasta, Tocopilla, salitreras María Elena y Pedro de Valdivia llegaron a Pisagua, como también los alcaldes y regidores de esas ciudades y posteriormente, tras las segundas facultades extraordinarias concedidas por el Congreso en enero de 1948, «243 dirigentes fueron llevados al puerto vecino en un convoy organizado especialmente y custodiado por personal de las fuerzas armadas» 56. En los primeros días de ese mes de enero de 1948, el entonces teniente de Ejército Aquiles Levensberg llegó en «el relevo de Pisagua, junto al mayor Ciudad y el Capitán Pinochet, y los setenta hombres de tropa elegidos personalmente por mí, con el visto bueno de mis jefes» 57. Según las declaraciones de Augusto Pinochet, el 23 de octubre de 1947 se le ordenó reunir a su personal de combate, en unidades motorizadas, para enfrentar la emergencia que vivía el país. En la madrugada del día siguiente salió del cuartel con la lista de personas que serían arrestadas en Humberstone –oficina que actuaba como cuartel general–, nombres que le fueron proporcionados por la sección de Investigaciones Criminales de Carabineros. Según Pinochet, los camiones militares se llenaron con detenidos y trasladaron unos 500 comunistas a Pisagua, «una aldea costera improvisada como campo de concentración» 58.

Un criptograma de la Jefatura de la I. Zona de Carabineros en Antofagasta, transcrita al Intendente de Tarapacá, ordenaba al jefe de esa institución en Arica para que tomase las medidas a «fin de trasladar a Pisagua relegados diferentes puntos su jurisdicción. Informe cumplimiento esta orden y adopte medidas de seguridad nuevo punto relegación. General Espinoza. Transcribe para su conocimiento General Meneses, Jefe de Zona» 59. Estas órdenes se reiteraron a finales de ese año, cuando se dispuso el traslado a Pisagua de los obreros marítimos Rolando Cortés Vilches y Juan Encina Olivares. Simultáneamente, el destructor Riquelme transportó desde Coquimbo en dirección a Chañaral a una compañía del Regimiento Arica No. 2, de guarnición en La Serena, para resguardo de Potrerillos 60.

En esos mismos días se ordenó la expulsión a otros lugares aislados del país. A mediados de noviembre de 1947, por medio del decreto 6293, el gobierno ordenó el «traslado al extremo sur del país» de Alfonso Hidalgo, funcionario municipal, comunista, y de Eloy Luis Cortés a Tierra del Fuego; Manuel Heredia, oficial civil del pueblo de Tarapacá, y Luis González Miranda a Arauco. Estos no tenían filiación política, pero se los suponía dirigentes comunistas. Asimismo, a muchos expulsados de las salitreras se los envió al sur con sus familias. En efecto, de las oficinas Mapocho, La Santiago y San José provenían los «cancelados» y expulsados de varias oficinas en Tarapacá y Antofagasta, junto a sus familias, transportados en el Longitudinal con destino a Coquimbo, Santiago y Valparaíso, mientras que el buque Araucano recibió a los trabajadores de las salitreras del Cantón Sur (Victoria, Alianza) y del sector de Humberstone. Viajaron en cinco vagones, lo que inducía a la prensa comunista a estimar el número de «trasladados» en 200. A cargo de esos detenidos iba el teniente Levensberg, antes mencionado 61. Por su parte, la orden de trasladodel dirigente textil Humberto Arce y el empleado gráfico Víctor Ruz, llegados a Iquique, fueron dejadas sin efecto, pudiendo regresar a Santiago. Contrariamente, el 29 noviembre de 1947, un telegrama del Ministerio del Interior a la Intendencia de Tarapacá informaba que «Con esta fecha se ha dictado el decreto número 6591, que dispone que el ciudadano Guillermo Sánchez Alarcón, actualmente en el Departamento de Pisagua, sea trasladado al Departamento de Tomé, quedando sujeto a la vigilancia de las autoridades policiales de este último departamento. Tome las medidas del caso para proceder al traslado decretado y comuníquelo al Jefe de Zona de Emergencia» 62. En tanto, otros eran acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, siendo detenidos y trasladados a Tierra del Fuego 63. En general, las personas eran movidas de un lugar a otro bajo la denominación de «trasladados». Fue el caso de Juan Alberto Núñez Rojas, trasladado de Cosapilla, en la provincia de Parinacota, en el extremo norte del país, a Marchigüe, en la provincia de Colchagua, medida que luego se dejó sin efecto, decretándose enviarlo a San Bernardo 64.