AAVV - Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana

El sexto capítulo presenta una revisión del conjunto de instrumentos de planificación territorial y urbanística, partiendo de sus necesarias relaciones y coordinación tanto con la matriz física (ya tratado en capítulos anteriores) como con la planificación del desarrollo económico regional (las relaciones entre economía y territorio que se tratarán en el octavo capítulo). El foco se pone especialmente en la evolución de los usos del suelo y de los instrumentos de planificación territorial y urbanística asociados. Presenta, por una parte, la actualización e interpretación de los cambios y la evolución seguida por los instrumentos y figuras de planeamiento urbanístico local, y del marco legal en el que tuvieron tanto su origen como su aprobación final. Se hace a partir de un análisis del comportamiento del conjunto de municipios de la CV, explotando los datos disponibles en el sistema de información territorial que han sido facilitados por el Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial de la Conselleria. En segundo lugar, se presenta el análisis y la valoración, a partir del inventario y seguimiento de su evolución, así como la identificación de los espacios más recurrentes en los que se han venido centrando, de los instrumentos de carácter subregional de OT, desde la primera ley valenciana en la materia de 1989, aprobados y no; tanto los de carácter integral, muy escasos, como sectoriales, los habituales y mucho más frecuentes. A partir de ello, el capítulo se cierra con un diagnóstico sobre el estado tanto del suelo urbano (y su calificación como de uso residencial o para actividades económicas) como del no urbanizable (de régimen común y el protegido) y sus relaciones; incluidos los posibles cambios y re-clasificación de acuerdo con la naturaleza de los instrumentos de planificación y gestión que los faciliten (de acuerdo con la evolución reciente de la legislación territorial y urbanística valenciana) en cada uno de los ámbitos recurrentes. También sobre algunos de los retos y tendencias que reclaman una mayor atención en el futuro inmediato: la revisión de la ETCV, completar el mapa de instrumentos subregionales del conjunto de 15 áreas funcionales que aquella establece y, en ese caso, cuál debe ser el alcance de sus determinaciones y la forma en que poder llevarlos a cabo contando, en un sentido de abajo arriba, con el propio asociacionismo municipal (cuestión que se aborda ampliamente en el capítulo nueve que cierra este informe).

En el siguiente séptimo capítulo se aborda una de las cuestiones clave tanto desde el punto de vista de la articulación territorial y del desarrollo económico regional como de la conformación de nuevas funcionalidades, con el consiguiente impacto sobre los posibles usos del suelo y, por tanto, sobre su precio de mercado. Nos referimos a las infraestructuras de transporte y, más específicamente, a la red viaria. El autor realiza un diagnóstico tanto de la conectividad (mediante la elaboración de los índices de dotaciones de la red viaria, calculados a nivel de las 15 Áreas Funcionales definidas por la ETCV), de accesibilidad (viaria en el interior de la CV, tomando como referencia la accesibilidad por vehículo privado y público al lugar de trabajo y al centro regional más próximo, o a los centros de polaridad en vehículo privado –se presentan las respectivas cartografías a nivel municipal del conjunto de municipios de la CV–) y de la movilidad en las áreas urbanas (flujos intermunicipales y movimientos en vehículo privado, taxi, transporte público, a pie y en bicicleta, en el ámbito metropolitano y en la ciudad central). El capítulo finaliza con el apartado de conclusiones, tras haber realizado previamente una revisión a los contenidos y propuestas que en materia de movilidad y transportes públicos e infraestructuras de transporte terrestres (red viaria, ferroviaria e itinerarios no motorizados) presentan los últimos documentos y planes previstos (en especial el programa UNEIX, que a falta de otras determinaciones más explícitas en el Plan de Movilidad Metropolitano de Valencia ha acabado por constituirse como la única referencia para los futuros PATs). Si antaño los principales problemas se relacionaban con los déficits en las redes viarias y ferroviarias (de acuerdo con el análisis realizado tanto la red viaria de elevadas prestaciones como la red secundaria presentan unos niveles de dotación que arrojan valores cercanos a la media estatal, aunque por debajo de lo que le correspondería según población y PIB; algo que podrá mejorar con la prevista eliminación del peaje y permeabilización de la AP-7, con los futuros anillos ferroviarios y el corredor mediterráneo), ahora son otros. Lo son la congestión y la gestión de las redes (especialmente en los espacios litorales y metropolitanos), la movilidad urbana e interurbana, la intermodalidad y la progresiva sustitución del motor a explosión por el vehículo eléctrico (en proximidad) y por el ferrocarril en la movilidad de personas y sobre todo de mercancías a media y larga distancia. En cuanto a la accesibilidad, los principales problemas de las áreas rurales interiores se encuentran relacionados no tanto con la dotación de carreteras (suficiente según se ha comentado) sino con la existencia de un eficiente servicio de transporte, que se ve claramente dificultado por la inexistencia de nodos polarizadores de carácter intermedio en estas áreas, algo que cabe relacionar con el problema de despoblamiento ya referido en el tercero de los capítulos.

El capítulo octavo se ocupa de una cuestión fundamental, y uno de los principales retos pendientes en materia de la práctica de la ordenación del territorio, como es la de la relación que puede, y debe, establecerse entre la planificación física de usos del suelo y de la del desarrollo económico regional. Ello obliga a repensar la planificación territorial, más allá de la simple clasificación del suelo para facilitar la instalación de actividades productivas y de los centros logísticos y de distribución de las mercancías, o de los proyectos estratégicos de interés económico regional (en sus distintas denominaciones); algo que ha sido abordado de forma mucho más habitual y frecuente en la bibliografía. Aquí el enfoque es distinto. Los autores, ambos economistas regionales y especialistas en el estudio de los mercados locales de empleo, plantean la opción de una mayor integración económica del resto territorio valenciano (tanto de distritos industriales como de áreas de industrialización) con las áreas metropolitanas (AAMM) a la hora de poder estimular el crecimiento económico de nuestro territorio. Lo justifican desde el punto de vista de la proximidad organizada y la innovación social que de ella puede derivarse. Las inversiones en infraestructuras y la mejora de la accesibilidad, antes mencionada, mejoran la proximidad (en términos de distancia-tiempo) y estimulan la movilidad (de empresas, inversiones y mano de obra); sin embargo, apuntan los autores, no son suficientes para intensificar la integración territorial. Hace falta que se produzca un acercamiento también en términos organizativos, tecnológicos, sociales, institucionales, culturales y de valores (proximidad organizada) entre estos diferentes tipos de clúster. Las grandes ciudades y áreas metropolitanas albergan una gran diversidad sectorial y potencial de cambio de estas relaciones entre actores, de ahí su papel protagónico en las opciones del desarrollo territorial.

El capítulo noveno, que cierra el informe, presenta un diagnóstico completo de las diferentes iniciativas de cooperación intermunicipal, en sus distintas formas y regulaciones: instrumentos jurídicos (creados desde el gobierno regional –caso por ejemplo de las AAMM y comarcas–, entidades intermunicipales de carácter voluntario –caso entre otros de mancomunidades y consorcios–, otras iniciativas que no suponen la creación de una nueva entidad ‘ad hoc’ –por ejemplo las redes de municipios o los convenios interadministrativos–) e instrumentos para la planificación del desarrollo territorial (tales como los instrumentos de OT y ambiental o los planes estratégicos; los programas de dinamización económica –como los pactos territoriales por el empleo o de dinamización turística–; programas europeos de desarrollo y gobernanza –como las EDUSI y los Grupos de Acción Local asociados a la iniciativa LEADER–; o de las redes para la sostenibilidad y la solidaridad internacional – AL21, Pactos de las Alcaldía o el Fondo Valenciano para la Solidaridad–). Las cartografías de todas estas iniciativas vienen a reflejar cuál es la intensidad de cooperación que presenta cada municipio, a título individual, pero también cuáles son los espacios más consolidados o recurrentes a nivel intermunicipal. Resulta una información de gran interés en el momento de considerar como posible la definición de nuevos espacios de ordenación, en sentido de abajo a arriba, que poder incardinar en los ya previstos espacios de ordenación de arriba abajo (las 15 áreas funcionales) en un hipotético desarrollo futuro de PATs subregionales que cubrieran la totalidad del territorio valenciano. El autor sostiene la conveniencia de contar con un potente nivel intermedio subregional, que permita gestionar de manera más eficiente las competencias municipales que requieren mayores economías de escala, así como las competencias autonómicas delegadas. Iniciativas como la propuesta de Ley de Mancomunidades (que antes quiso ser de Comarcas), el programa AVALEM Territori , la nueva Llei de l’Horta o el consorcio de la Autoritat de Transport Metropolità de València son ejemplos que apuntan en esta dirección: un nuevo enfoque más integrado, territorial, que permita avanzar en una visión de conjunto más coherente, que pueda ser llevada a cabo después desde los respectivos niveles y departamentos sectoriales.