Derecho ambiental y empresa

En efecto, si bien es cierto la posible simbiosis resultante de la comunión entre el derecho ambiental y la noción de empresa puede ser atendida desde múltiples ópticas, y mediante un sinnúmero de aplicaciones prácticas y alternativas de exposición académica, he considerado oportuno, dada la presente iniciativa, enfocar el derecho ambiental desde una esfera regulatoria, es decir, desde su susceptibilidad de ser gobernado por reglas y normas específicas, en tanto, la empresa lo es desde su activa posición en el mercado normativo, es decir, en atención a su poder creativo desde las esferas normativas, técnicas y, por supuesto, —y esto es probablemente lo más importante— desde el punto de vista de la legitimidad, si entendemos a la empresa como parte de la sociedad, y al mismo tiempo como un inmejorable y espontáneo filtro de muchas de las constantes demandas sociales; permítaseme, en este aspecto, considerar el derecho y las normas jurídicas como parte de dicha demanda.

Dicho de otra forma, podemos considerar que el derecho ambiental representa un crisol en el cual confluyen, bajo la forma de una esquematización de la ciencia jurídica, distintas formas sociales de cooperación para la conveniente regulación de nuestras acciones o incidencias sobre el medioambiente. Desde esta misma perspectiva, la empresa es parte de esta dinámica social, y al mismo tiempo un foro inmejorable que se constituye como una fuente constante de creatividad e información dentro de un contexto como el mercado, que sirve de palestra en la cual todos los individuos van dibujando, en base al ensayo de prueba y error, valiosísimas aportaciones para la incorporación de nuevas experiencias y remedios a los constantes retos existentes en sede social.

Con todo, y desde esta óptica, ¿qué relación podemos encontrar entre el derecho ambiental y la empresa?, ¿qué principio o mecanismo subyace en dicha relación?, ¿qué tienen en común algunos caracteres del derecho ambiental y la actividad empresarial?, ¿qué aspecto puede brindarnos una hoja de ruta hacia la optimización de las normas y, en consecuencia, de los resultados de estas en la sociedad?, ¿cuál puede ser la forma más armoniosa de conciliar el derecho ambiental y la empresa? Estas son una serie de preguntas que convendría formular en beneficio de la construcción de un moderno derecho ambiental, para lo cual disciplinas como la economía, y en particular el análisis económico del derecho pueden darnos algunas pistas.

En efecto, como bien señalan Cooter y Ullen,

[...] una economía cada día más compleja debe recurrir cada vez más a los mercados, con una información descentralizada. La elaboración de leyes se parece mucho a la elaboración de productos. A medida que aumenta la complejidad de la economía, los funcionarios centrales no pueden obtener la información que necesitan para elaborar regulaciones precisas. En lugar de una elaboración de leyes centralizada, la economía moderna necesita una elaboración de leyes descentralizada, análoga a los mercados (1998, p. 415).

Pues bien, hecha esta delimitación preliminar, y atendiendo a la actual configuración de los mercados regulados, sobre todo aquellos donde tiene incidencia el derecho ambiental, el objetivo del presente artículo es poner de manifiesto una serie de reflexiones acerca de lo que a mi juicio representa una cada vez más acusada tendencia: la paulatina incorporación de operadores privados y grupos sociales en la regulación de ciertos sectores económicos, así como de su cada vez más relevante papel en la delimitación y configuración de derechos individuales y colectivos.

En este sentido, el análisis del derecho ambiental y la empresa desde la perspectiva regulatoria, nos conduce a referirnos de forma preliminar a la regulación, a su evolución y a describir los caracteres e importancia de la autorregulación en este contexto.

Tradicionalmente, la idea de regulación es asociada a la intervención de los poderes públicos en la economía y la sociedad. En este contexto y por extensión, de forma frecuente la regulación ha sido emparentada disciplinalmente con el derecho y la economía, ya que estas son ciencias que desde sus respectivos campos y en confluencia han establecido distintas formas de regulación. Ahora bien, hoy en día —y es lo que pretendo argumentar— estamos en condiciones —y ante la necesidad— de desmitificar esta idea.

Con todo, entiendo que lo importante es empezar a desarrollar un proceso de democratización de la regulación. En los últimos tiempos hemos venido reconociendo en la regulación una bien merecida vocación multidisciplinar; en tanto ciencias como la antropología, la sociología, la ingeniería o la política, han empezado a involucrarse con ella, y lo importante es que tenemos que asumir que la regulación es tarea de todos. La regulación, a mi juicio, —y adelanto opinión en este aspecto— no ha de verse como un conjunto de normas y reglamentos sino como una de otras tantas manifestaciones sociales. La regulación empieza a ser, como veremos, un instrumento mediante el cual los agentes sociales participan en la disposición de marcos de acción nacional e internacional.

Tan básico como necesario, en consecuencia, es empezar por reconocer que nos encontramos ante una «nueva regulación», la misma que por supuesto proviene de un proceso social dinámico que se fundamenta en el tránsito que discurre desde el apogeo y posterior crisis del estado de bienestar hacia la defensa del mercado y el ejercicio de la libertad individual. En efecto, el espectacular crecimiento del sector público hacia la década del setenta, debido a una generalizada convicción acerca de las bondades de la intervención en la economía, sirvió de fundamento para un proceso de paulatina desregulación y privatizaciones que permitieron la aparición espontánea de nuevas técnicas regulatorias, entre las que de forma destacada, a nuestro juicio, se presenta la autorregulación.

Existe, en consecuencia, y dado este proceso, un nuevo escenario configurado por las paulatinas transformaciones de la regulación, las mismas que, a mi juicio, pueden reseñarse como más significativas las siguientes:

a) El panorama sobre los recursos y las políticas públicas.- Es indudable que una de las grandes transformaciones que se han sucedido es aquella relacionada con la visión de los gobiernos y los ciudadanos respecto a los recursos naturales, las fuentes de energía y las políticas públicas asociadas. En los últimos años, la creciente preocupación por la limitada disponibilidad de ciertos recursos naturales y las perspectivas de incremento de las poblaciones con la consecuente necesidad del aumento de fuentes de energía, además de una nueva sensibilización acerca de un valor superior en cuanto a los recursos y su relación con el entorno natural, han servido de fundamento para el establecimiento de políticas que persiguen la diversificación de la matriz energética, incentivan el abaratamiento de la energía, promueven la inversión en infraestructura y procuran la transformación sostenible de los recursos naturales en beneficio del desarrollo de los ciudadanos. El papel de la regulación aquí es procurar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de los recursos.

b) La competencia.- La competencia es un tema angular dentro de esta nueva visión regulatoria. En este nuevo escenario, caracterizado por la liberalización de mercados y la privatización de empresas públicas, el Estado adquiere un nuevo rol, tendente a impulsar la libre competencia, garantizar el buen funcionamiento del mercado, en el sentido de prohibir conductas anticompetitivas o colusivas de los agentes, y tutelar de forma celosa los derechos e intereses de los consumidores. En este sentido, cobran particular relevancia los servicios públicos y la existencia de monopolios naturales.