Simon Schwartzman - Ciencia, tecnología e innovación

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Un brillante debate en torno a la innovación como factor que incide en el desarrollo económico de los países. Para explicarlo, se abordan, desde diversas perspectivas y mecanismos que intervienen en el desarrollo del conocimiento socialmente útil, las capacidades tecnológicas, la formación de recursos humanos de alto nivel y las estrategias de los actores involucrados: las instituciones de educación superior y centros de investigación, el gobierno, y el sector productivo.

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De ningún modo es un problema de falta de capacidad de las instituciones o de las personas. De hecho, las empresas mexicanas son grandes consumidoras de tecnología, de la que depende su capacidad para competir con éxito en el mercado mexicano. El problema es, principalmente, la falta de mecanismos dinámicos y eficaces que permitan a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas, encontrar en la investigación nacional soluciones adecuadas a sus problemas de innovación.

Ciertamente, en torno de las pequeñas y medianas empresas, se deben desarrollar estrategias que permitan adquirir y asimilar tecnología con mayor eficacia. Pero también es necesaria una estrategia de fomento que impulse la articulación de las pequeñas y medianas empresas, con la innovación que resulta de la investigación científica, para promover una planta productiva de alta densidad tecnológica, más competitiva. Esto es particularmente importante en relación con los clusters (conglomerados) de la industria de exportación, en especial la automotriz.

Es indispensable y urgente realizar mejoras radicales al sistema de innovación, de modo que sea posible, cuando menos, aprovechar plenamente los avances en nuestra capacidad de investigación científica para la innovación en nuestra industria. Eso ya sería un impulso importantísimo a la competitividad.

Ahora bien, la labor no es pequeña, pues el problema incluye una miríada de temas que aquí sólo puedo esbozar. Muchas de las deficiencias del sistema de innovación se deben a la heterogeneidad de la industria nacional. La estructura industrial se concentra excesivamente en empresas de mediana y baja intensidad tecnológica, poco dispuestas a invertir en innovación. Por su parte, las grandes empresas, cuya competitividad se basa en la innovación tecnológica constante, en general se hallan desvinculadas de los centros de investigación nacionales. En algunos casos, han preferido realizar sus inversiones en investigación fuera del país y establecer vínculos con universidades del extranjero. Esto explica, en buena medida, lo incipiente de la inversión privada interna en investigación y desarrollo tecnológico.

Como se observa, reformar el sistema de innovación requiere de acciones tan amplias como el diseño de políticas dirigidas a modificar la estructura industrial. Hace falta incrementar sustancialmente la proporción de empresas en sectores intensivos en tecnología. Pero será igualmente necesario acrecentar la capacidad del país de ofrecer a estas empresas la investigación científica e innovación tecnológica que satisfaga sus necesidades.

Es evidente que atender problemas como estos requiere de políticas de mayor alcance y profundidad que las que por lo común se concentran en el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico. Sin que esto signifique que no sea necesario incrementar el volumen de recursos (públicos y privados) destinados a la investigación científica y la educación superior. Hacen mucha, mucha falta.

Por ejemplo, una sociedad del conocimiento requiere que las políticas de financiamiento se dirijan sobre todo al crecimiento de la infraestructura para la investigación y fortalecimiento del sistema de educación superior. Igualmente conviene aumentar los niveles de inversión pública para fortalecer a los cuerpos académicos y las instituciones de educación e investigación ya existentes, además de crear otros nuevos. Entre mayores y de mejor calidad sean la infraestructura, las instituciones y los cuadros altamente calificados, mayor será el flujo de inversión privada hacia la investigación e innovación, porque sus rendimientos serán mayores. Todos estos factores son fundamentales para atraer a territorio nacional los centros de desarrollo de productos de las empresas transnacionales.

No obstante, los recursos siempre serán insuficientes si no se aplican de manera simultánea los mecanismos necesarios para incrementar sustancialmente su impacto positivo. Insisto, para lograrlo, el paso fundamental es la instauración de un sistema de innovación funcional. Por ejemplo, no basta con crear más infraestructura, centros de investigación y formar más recursos humanos si se mantienen excesivamente concentrados como hasta ahora. Convendrían más a las regiones instituciones capaces de realizar investigación científica del más alto nivel. Habría que poner al alcance del nivel local y sus problemas, recursos y capacidades similares a los de los grandes centros de investigación del país. Se trata de superar la insularidad en la que hasta ahora han trabajado las universidades y centros de investigación, para que los resultados del desarrollo científico sean más accesibles para las empresas. Esto no sólo incentiva la inversión privada en labores de investigación, también permite que la innovación tecnológica satisfaga las necesidades de competitividad de las empresas.

Ahora bien, para que todo esto sea posible, se inscribirá en un marco institucional cuyo diseño habrá que pensar detenidamente. Sería indispensable el establecimiento de mecanismos de cooperación que permitieran coordinar las labores de investigación científica con las necesidades productivas. También sería fundamental la puesta en marcha de estrategias de comunicación que difundieran los adelantos tecnológicos, por un lado, y, por el otro, que transmitieran a los centros de investigación las necesidades de innovación del mercado. La parte institucional es fundamental, pues en el fondo eso es un sistema de innovación: un modo de organizar los esfuerzos de los sectores relacionados con la producción y el desarrollo científico en torno de una meta común: la competitividad y el crecimiento económico.

Cito el caso de una política concreta, en la que se reúnen los rasgos de un sistema de innovación funcional que aquí he esbozado. Con el establecimiento de parques de ciencia y tecnología, enfocados en uno o dos temas prioritarios, pueden constituirse espacios de enlace entre la educación superior, el desarrollo científico-tecnológico y la generación de bienes y servicios. Estos parques se planearían como lugares de promoción de las empresas comprometidas con las actividades de investigación científica y tecnológica. Allí se les brindarían todos los recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de productos. Esos servicios incluirían desde acceso a recursos humanos e infraestructura de investigación, hasta estudios de mercado, asesoría financiera, diseño de negocios, propiedad intelectual, evaluación de proyectos, etc. Estos parques serían, en suma, instrumentos al servicio de las empresas locales, con los recursos necesarios disponibles para la innovación tecnológica. Allí se enlazarían y retroalimentarían las necesidades del sector productivo con el conocimiento científico y tecnológico, lo que constituiría el principio rector de un sistema de innovación.

La instauración de un sistema de innovación eficaz implica, necesariamente, orientar el conocimiento científico hacia el mercado. He insistido en que la innovación tecnológica casi no incide en el crecimiento económico, a menos que se traduzca en bienes y procesos competitivos. Esto significa que los empresarios deben asumir un papel protagónico en la promoción de la investigación para la innovación tecnológica. Ellos son los indicados y capaces de orientar la investigación hacia las áreas que ofrecen ventajas competitivas a nivel internacional. Los empresarios han de asumir el riesgo de la inversión y dirigir el sentido de la innovación hacia los productos con mayores posibilidades de competir con éxito en el mercado. Ésa es la pieza clave del sistema de innovación, la cual debe ordenarse desde el punto de vista de las necesidades de las empresas.

Ahora bien, esto no tiene que obnubilar ni obstaculizar el papel activo del Estado, el cual consiste en propiciar las condiciones favorables para que los empresarios asuman decididamente esa labor. Ante la creciente complejidad de los mercados, la política estatal ha de ejecutar mecanismos que controlen, en la medida de lo posible, todos los riesgos. Para ello es necesario, entre otras cosas, el establecimiento de sistemas de información que permitan supervisar las innovaciones y definir las áreas donde los nuevos productos tengan mayor impacto. El Estado debe asumir la responsabilidad de responder con rapidez a los cambios súbitos en el mercado que se suscitan con la aparición de nuevos productos y el cambio en las necesidades o hábitos de los consumidores. Ha de evaluar los riesgos y la viabilidad de las innovaciones y, en su caso, impulsar las que tengan mayores probabilidades de éxito. Todo ello es esencial para organizar las distintas etapas del proceso de innovación con arreglo a criterios racionales, orientados o enfocados en que el conocimiento científico sea el motor del crecimiento económico.

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