Simon Schwartzman - Ciencia, tecnología e innovación

El concepto de SNI se basa en una asociación entre conocimiento y crecimiento económico a través de la innovación. Anteriormente, esta rama teórica había dado pie a pensar —papel no codificado— en que los individuos pertenecientes a un ambiente organizacional determinado cooperaban de manera informal para resolver problemas en equipo. En los ensayos que aquí se presentan se plantea una visión más amplia del concepto; propuestas como la creación de un sistema social de innovación, con el cual se intenta apuntar a la posibilidad de aprovechar todos los tipos de conocimiento, en este caso aprovechando la estructura social para resolver problemas públicos.

En el terreno de las políticas públicas, se destaca como criterio orientador para la selección de áreas prioritarias, como la de materiales avanzados, software y contenidos de las TIC, biotecnología (en especial la relacionada con la genómica), procesos avanzados de manufactura y desarrollo sustentable como fuentes alternas de energía y recursos agrícolas.

Es evidente que existe una gran necesidad de impulsar la innovación, vinculando la política de ciencia y tecnología con las políticas industrial y la económica. En la medida en que la innovación en las empresas represente un costo de aprendizaje y éste no sea absorbido por el mercado, el Estado tendrá que asimilarlo mediante subsidios, proteger al sector o permitir la inversión extranjera, siempre que se acepte que la innovación tiene visos de bien público. Dicha política habrá de apoyar a los sectores basados en el conocimiento bajo el supuesto de que en la actualidad éstos marcan la pauta del crecimiento. Otros focos de intervención potencial están determinados por el impulso a la innovación en las pequeñas y medianas empresas, con políticas destinadas a la innovación y la modificación de la estructura industrial, mediante reformas a los sectores intensivos en tecnología.

El caso mexicano tiene algunas particularidades. El enfoque gubernamental respecto de la política de ciencia y tecnología se ha centrado en el diseño institucional. Se han suscitado cambios normativos desde la creación de la Ley en Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Conacyt y las normas oficiales mexicanas (NOM). Este ambiente normativo otorga certidumbre al financiamiento de ciencia, tecnología e innovación, a la vez que sienta las bases de operación de los instrumentos (Dutrénit, en este mismo libro). Al mismo tiempo, se registra una evolución de programas que fomentan no sólo la investigación científica, sino también la innovación. El primero de éstos fueron los estímulos fiscales. Más tarde, aparecieron los programas con miras a resolver problemas de ciertos sectores o entidades federativas, a través de un fideicomiso entre secretarías de Estado, gobiernos estatales y el Conacyt. Los programas de última generación están orientados, en mayor medida, a fomentar la innovación dentro de las empresas. Estos programas ya asocian un capital de riesgo a los proyectos de inversión y desarrollo (I&D).

En cuanto al comportamiento de las empresas, se ha notado un incremento de la proporción del gasto en investigación y desarrollo financiado por la iniciativa privada, pasando de 20 por ciento en 2000 a 35 por ciento en 2005 (Bazdresch y Orozco, en este mismo libro). En el plano de las dificultades, se registra un gasto insuficiente en ciencia y tecnología: sólo 0.38 por ciento del PIB en el último año del sexenio, frente a 1 por ciento del PIB que recomiendan los organismos internacionales y que gastan los países que han logrado un desarrollo económico debida a la inversión en innovación. Aún se notan fluctuaciones por año, es decir, un comportamiento inestable (Fernández, en este mismo libro).

Asimismo, el hecho de que la formación de los recursos humanos en ciencia y tecnología aún sea insuficiente implica que, a su vez, la masa crítica para el montaje de un SNI sea también insuficiente, situación que llevó a plantear que resolver esta dificultad con la formación de recursos humanos de alto nivel tendría que ser la prioridad de la agenda. El fundamento de esta perspectiva es muy simple: “No es posible progresar desde un punto de vista tecnológico, si no se ofrece a la gente la preparación adecuada para operar y en su caso para utilizar determinados sistemas técnicos” (Olivé, en este mismo libro).

En resumen, en México, uno de los planos donde se ha detectado mayor debilidad está determinado por la existencia de políticas desarticuladas y no alineadas a los objetivos de las políticas de ciencia y tecnología provenientes de otras áreas o secretarías.

En otras palabras, las políticas tecnológicas deben ser parte constitutiva de las políticas económico-industriales para generar capacidades competitivas en las organizaciones productivas y en el sistema económico en general. Las políticas educativas, de ciencia, tecnología e innovación, deben ir de la mano, no sólo en estrecha vinculación y coordinación, sino que simplemente deberían ser aspectos distintos de una misma política.

La falta de integración se refleja incluso en los mismos instrumentos de ciencia y tecnología, los cuales, adicionalmente, carecen de falta de transparencia y poca difusión en lo que compete a sus resultados. Adicionalmente, la mayoría de los instrumentos que fomentan la innovación atienden las últimas etapas de I&D y las actividades de innovación no basadas en éstas. Sólo los estímulos fiscales se orientan al desarrollo de tecnología (Dutrénit, en este mismo libro).

Por otro lado, varios programas que fomentan la innovación (fondos sectoriales, fondos mixtos, subsidios a empresas, estímulos fiscales, Avance, Red de talentos) son, relativamente, de reciente creación, por lo que aún no dan resultados para evaluar por completo su efectividad. A esto debe añadirse la diversificación de los programas de ciencia, tecnología e innovación, sin que crezca el monto asignado. Los instrumentos fomentan capacidades ya establecidas, pero no hay programas que generen nuevas capacidades. Tampoco hay instrumentos para la transferencia, asimilación y mejora de tecnologías.

Los recursos necesarios para incentivar la inversión privada aún son insuficientes. En 2005, se gastó el 0.2 por ciento del gasto federal en ciencia y tecnología en subsidios a las empresas. Dutrénit aconseja que se gaste alrededor de 4 por ciento como parte de una propuesta integral y de largo plazo (18 años), con miras al crecimiento basado en la innovación.

Conviene recordar aquí que no es posible desarrollar un sistema de innovación sin contar con capital humano de calidad y con capacidades y habilidades para el desarrollo tecnológico competitivo en el mercado global. Por ello, es imprescindible establecer una política educativa integral en todos los niveles, pero principalmente en el terciario. En este sentido, la calidad basada en las tres pertinencias: científico-técnica, profesional y social debe seguir siendo una prioridad de la educación superior.

La formación de recursos humanos de calidad no proviene solamente de la demanda del mercado laboral. Por el contrario, debe promoverse desde el sistema educativo la importancia de las competencias y habilidades requeridas para incrementar la competitividad del país. Conviene fomentar el interés en la población por la formación técnica especializada y científica, mejorando los estándares de calidad en los centros educativos, las opciones laborales y de ingreso al mundo del trabajo, así como para fomentar el desarrollo profesional. La sociedad del conocimiento no es sólo una con más profesionales con doctorado, sino con mejores recursos humanos de cualquier nivel escolar y con buenas condiciones para la generación y absorción de conocimiento. Los ensayos aquí presentados profundizan en los debates actuales para la construcción de la sociedad del conocimiento y el reforzamiento de una concepción integral que sirva de apoyo para el diseño de las políticas públicas orientadas a la innovación en el país. ■