Julián Cárdenas - La crisis de las AFP - poder y malestar previsional

Los inversionistas institucionales son un buen ejemplo de «desprendimiento» nacional si se aprecia su lógica de acumulación y de colocación de fondos: no tienen identificación nacional o social. Lo nacional es tan solo un espacio donde consiguen los fondos y se les autoriza a operar con la mayor libertad posible. Este «internacionalismo» financiero con grandes libertades operativas, y su consiguiente desprendimiento de lo social/nacional, facilita sus ganancias, al mismo tiempo que contribuye a su pérdida de legitimidad. Por lo mismo, deben desarrollar e invertir más en imagen y defender su reputación cuando son criticados. Los inversionistas institucionales sostienen y difunden el mito de la eficiencia y la honestidad, que sirve como argumento para privatizar las pensiones y rechazar al Estado. Además, afirman, difunden y repiten que tienen «responsabilidad social». Gracias a sus altas ganancias, el gran capital financiero invierte en programas sociales privados y en actividades filantrópicas, aunque al mismo tiempo exigen menos impuestos (Reich 2020, pp. 25-26). De nuestra parte, añadimos que generan normas que les permiten recargos automáticos y sanciones a los usuarios, mecanismos que se usan masivamente en cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, y también, como veremos más adelante, en las cuentas de los pensionistas.

El gran capital financiero y los inversionistas institucionales terminan siendo los principales poseedores de las acciones de las bolsas de valores globales (Useem, 2015). Los money managers manejan grandes sumas de dinero en el mercado, con capitales que provienen de pensionistas o ahorristas, comprando y vendiendo acciones en la bolsa y otros valores, como bonos corporativos y certificados de depósito. Son también importantes compradores de bonos estatales, acentuando la dependencia del Estado sobre el capital. Los money managers son contratados por los inversionistas institucionales para competir en la búsqueda incesante del lucro, contando con una gran liquidez de modo de obtener «plusvalías bursátiles modificando sus apuestas, comprando o vendiendo tal o cual paquete de acciones en cualquier momento» (Chesnai, citado por Ruiz, 2019, pp. 59-60)2.

En suma, y para cerrar este punto, la teoría del business power y la captura del Estado aplicada al gran capital financiero y las AFP nos lleva a analizar:

1 Cómo se formó ese stock de capital de las AFP, cómo aumenta y se invierte y qué consecuencias económicas y políticas genera este creciente poder estructural.

2 Cómo se traduce su creciente poder económico en acceso e influencia política sobre los Estados, generando una «gobernanza» que defienda sus intereses y les permita seguir operando en los mercados financieros con la mayor libertad posible y evitando hasta donde puedan que ese fondo se reduzca con «devoluciones» a los pensionistas o que se desarrollen regulaciones fuertes. Deben aprender (agencia) a enfrentar los retos, no solo por ser grandes poderes privados privilegiados sino por manejar el dinero de otros.

3 Cómo se genera un discurso para influir positivamente sobre pensionistas, políticos, tecnócratas, votantes, periodistas y líderes de opinión.

Metodología: actores y procesos

Se requiere analizar dinámicamente el enfoque de poder empresarial de las AFP y la situación de captura del Estado. Así, el proceso debe ser «trazado», tarea que logramos apoyándonos en la metodología de process tracing analysis (Gerring, 2007; Collier, 2011). Gracias a ella podemos estimar, dentro de un contexto determinado (Perú, 2020-2021), cómo y con qué efectividad actúan las poderosas AFP en un contexto incierto acentuado por la pandemia. La COVID-19 ha generado necesidades económicas que, al ser recogidas por los políticos, rompieron su estrategia de «dique», de contención de las demandas de cambio.

En esta dinámica, los principales actores políticos que se ubican en este tiempo y espacio son el Ejecutivo y el Legislativo con sus partidos —cada uno por su lado—, con tendencia no solo a diferenciarse sino a chocar en la medida en que existe gobierno dividido y la imposibilidad de conciliar o armar alianzas entre los dos poderes.

Del lado de la clase empresarial están las AFP y sus aliados, donde destacan los grandes medios de comunicación de masas. En esta coyuntura, las AFP intentan una defensa de sus intereses, tratando —ya que no pueden frenar las reformas al SPP— de demorar y disminuir el efecto negativo de estas propuestas a su manejo de los fondos y a sus fuentes de lucro excesivo.

Los pensionistas del sistema privado son un actor poco organizado, pero expectante, debido a que esperan que «les devuelvan su dinero». Actúan más como «opinión pública» que como actores organizados, y los políticos «traducen» sus intereses y presentan proyectos legislativos.

La situación política en la cual se mueven estos actores es peculiar por dos razones. Primero, esta dinámica ocurre al final de un periodo de gobierno, en un momento en que se ha nombrado un nuevo Congreso que, apenas conformado, toma iniciativas de varios partidos para la devolución de pensiones, e incluso propone la reforma de todo el sistema previsional. Segundo, porque la aparición de la pandemia tiene efectos negativos sociales inmediatos en la caída de los ingresos.

Por tanto, intentamos trazar el juego de poder en torno a las pensiones, que la pandemia coloca como una cuestión prioritaria en la agenda nacional, a partir del seguimiento de los actores para determinar cómo interactúan frente a circunstancias exigentes. Para ello, identificamos los principales eventos que han ocurrido durante la pandemia en una línea de tiempo que permite ver cuándo se toman decisiones y quiénes inciden en ella. De esa manera, al observar los resultados del juego de poder para las AFP, podremos estimar en concreto los factores y circunstancias que determinan sus niveles de influencia y los límites de esta. Al comparar este periodo con los anteriores, vemos si han sido más o menos efectivos, como actores elitistas que son, intentando explicar por qué.

En cuanto a las redes —importante elemento de interconexión y cohesión sociocultural y económica de las AFP—, nos apoyamos en el Social Network Analysis (SNA) para determinar y graficar las relaciones entre inversionistas, analizando los nodos que surgen de las inversiones cruzadas entre las AFP (Cárdenas, 2020), y de las AFP con los principales grupos de poder latinoamericanos y el capital financiero internacional. Asimismo, observamos la trayectoria educativa y laboral del grupo directivo de las AFP para determinar su pertenencia a las élites peruanas.

1En ese sentido, llama la atención que la mayor parte de los estudios se concentre en la evaluación técnica y propuestas de reforma sin considerar un enfoque político de poder.

2Con este enfoque podemos identificar tres élites empresariales: los inversionistas dueños de las acciones, los gerentes de las AFP y los directores.

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