Clara Valverde Gefaell - De la necropolítica neoliberal a la empatía radical

Los que se supone que administran la ciudad para todos los contribuyentes, en realidad, hacen grandes esfuerzos para que solo las personas con dinero que viven en la ciudad, o los turistas, puedan estar cómodos y utilizarla. La ciudad es de los que pueden comprar, ir a restaurantes y a hoteles.

No se entiende: gente sin casa y casi sin gente.

Pancarta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Hay numerosos edificios y pisos vacíos con los que especulan los bancos,15 y son esos mismos bancos los que desahucian a las personas que no pueden seguir pagando su hipoteca o alquiler. España está en cabeza de la lista de los países europeos con pisos vacíos. Hay más de 3,4 millones. Suficientes para alojar a las personas en exclusión residencial.

Los desahucios aumentan. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el segundo trimestre del 2014, se llevaron a cabo 18.749 desahucios, un 3,74% más que durante el mismo periodo el año anterior. Cataluña, con el 23% de los desahucios, encabeza la lista. A estos datos hay que añadir los que no se publican: el de las familias, miles de familias, que deciden

«auto-desahuciarse» porque el desahucio es inminente y quieren evitar que la familia, especialmente los niños, vivan la violencia de la policía durante los desahucios.

Elvira de Madrid y sus tres hijos pequeños lo vivieron en el 2014. La mañana de su desahucio, se presentaron delante de su casa ocho furgones de la Policía Nacional, con un total de sesenta policías vestidos de antidisturbios (cascos, escudos, etc), visión que traumatiza a cientos de niños cada día en España, trauma que se añade al de perder su hogar. Los cincuenta vecinos, amigos y miembros de la pah (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) que intentaron parar el desahucio de Elvira y sus niños, no pudieron contra la fuerza de la policía. Son ya memorables las fotos de los policías riéndose después del desahucio de la familia de Elvira.16

Los miembros de la pah y otros vecinos solidarios que intentan parar desahucios son sometidos a violencia física, multas y encarcelamientos. Ahora, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana («Ley Mordaza»), las multas por intentar parar un desahucio llegarán hasta los 30.000 euros, pero aun así, personas como Fernando de la pah de Pinto, siguen su actividad solidaria. «Meterse en esto tiene muchas consecuencias, sobre todo a nivel anímico», dice:

Uno nunca se acostumbra a que un policía te ponga contra una pared, a recibir golpes o a dar la cara en un juzgado. Mucha gente no entiende por qué seguimos. Les invito a que se acerquen a un desahucio, a que suban a la vivienda. Cuando ves a la familia no puedes hacer otra cosa que quedarte.

Y que salga el sol por donde salga.17

Disculpen las molestias: estamos creando un mundo mejor para sus hijos.

Pancarta del 15M

A veces, cuando suficientes personas se indignan y salen a las plazas a protestar, a reunirse para conversar sobre cómo mejorar todas estas injusticias, la policía, bajo las órdenes de las administraciones, les desalojan a golpes.18 El uso determinado de un espacio crea significado.19 Para que la Plaça de Catalunya no siguiera siendo la Plaça del 15M, el Ayuntamiento de Barcelona instaló, en el otoño del 2011, una pista de patinaje sobre hielo para los ricos y los turistas, iniciativa que ha sido parada en el 2015 por el Ayuntamiento de Ada Colau.

El responsable del desalojo del Movimiento 15M en Barcelona en el 2011 fue el entonces Conseller d’Interior, Felip Puig, que en el 2015, como nuevo Conseller del Departamento de Empresa y Empleo recortó un 50% el presupuesto para la reinserción laboral de los discapacitados y aumentó el presupuesto de su gabinete un 75%.20

Poner en evidencia

Cuando se expone la situación de la realidad, dicen que desmoralizamos.

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas

Sin querer y sin darse cuenta, los excluidos se convierten en cuerpos resonantes: resuenan con grandes verdades. Sin palabras y con solo su presencia, ponen en evidencia las desigualdades y las injusticias de la exclusión. Son como faros que arrojan luz sobre las mentiras de la propaganda sobre la «libertad», la «democracia» y la «recuperación».

Una madre con sus hijos que busca comida en el contenedor de la basura delante de un restaurante. Un anciano que tiene dificultades para desplazarse y, ante un semáforo, su confusión le impide cruzar la calle. Un enfermo de Sensibilidades Químicas Múltiples lleva puesta una mascarilla industrial. Una mujer empuja un carrito de la compra donde están todas sus pertenencias. Una mujer joven, en silla de ruedas, mira a la calle desde su balcón en un cuarto piso sin ascensor. Un joven está delante de un hospital con un cartel que dice: «No me quiero morir: medicaciones ya!». En un barrio privilegiado, las ancianas andan despacito con sus bastones y del brazo de mujeres jóvenes de piel morena y con facciones indígenas.

Todas estas personas, sin conocerse, sin ser parte de un movimiento social, ponen en evidencia las crecientes desigualdades socioeconómicas, el abandono de las personas mayores, la falta de ayuda a los niños que viven con inseguridad alimentaria, el racismo, la discriminación de género, el desmantelamiento de los servicios públicos y todo lo que los políticos y la prensa «reverencial» no quieren que se vea ni que provoque solidaridad ni empatía.

Lo único que quieren los políticos que sienta la gente es que esos cuerpos resonantes les impiden «disfrutar de lo propio»: de la terraza del restaurante, de la avenida o de la ciudad parque-temático.

Recientemente, Cáritas presentó un estudio que muestra que más de 11,7 millones de personas en España (el 25%) viven en situación de exclusión, de estos, un 77% sufre exclusión en el empleo, un 61,7% en la vivienda y un 46% en la salud.

Y añaden que España es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil después de Rumanía. Ante este informe, el Ministro de Hacienda, Montoro, se ha enfadado y ha pedido a Cáritas que «no provoque debates». También ha intentado descreditar el informe diciendo que el contenido es «puramente estadístico».21

Más violencia

En Francia, la organización Le Collectif des Morts de la Rue (Colectivo de los Muertos de la Calle), aparte de educar a la sociedad sobre la realidad de los sin techo y sin hogar, de trabajar para que los albergues se adapten a la realidad de los sin techo, llevan a cabo funerales dignos para los sin techo que mueren a menudo sin que se sepa su nombre, y también acompañan en el duelo a los cercanos del fallecido, en general, otras personas sin hogar.22

Según ethos (Tipología Europea del Sinhogarismo), los «sin techo» es solo uno de los grupos afectados por la falta de vivienda. Estos son los que viven en un espacio público o a veces duermen en un albergue. Según Cáritas, hay 40.000 personas sin techo en España y según el Instituto Nacional de Estadística (ine), hay 23.000. Claro que, menos en Barcelona, en las otras ciudades los ayuntamientos no cuentan a los inmigrantes sin techo. Y, además, según Sonia Olea, responsable de Personas Sin Hogar de Cáritas, «las estadísticas del ine no contemplan a las personas de la calle que ocupan bajos, puentes, pasajes…! es incalculable!». Los otros grupos en exclusión residencial, según ethos, son los «sin vivienda», que viven en albergues o refugios temporales, y los «con vivienda insegura», que viven sin contrato, con notificación de abandono de vivienda o bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o la pareja.23

En España hay un Observatorio de Delitos de Odio Contra las Personas sin Hogar (Hatento), que recoge datos sobre tales delitos, forma a profesionales y diseña herramientas para la detección y prevención de la violencia de los que viven en la calle.24