Juan David Enciso - Enseñemos paz, aprendamos paz
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… no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria […] tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. (Pío XI, 1931, p. 79)
Una de las razones para apelar al principio de subsidiariedad es que son las propias comunidades locales las que mejor conocen sus problemáticas y, por tanto, las que tienen la capacidad de generar las soluciones más apropiadas. Adicionalmente, este principio va de la mano del principio de solidaridad, que invita a las comunidades a asumir recíprocamente las necesidades de sus pares. Enfatizar la responsabilidad del Estado en la atención de los asuntos locales significa, en la práctica, marginar a las propias comunidades y minar las bases de la organización social.
Por otra parte, Jacinto Choza (1980) ha mostrado que la política solo puede atender los requerimientos de la felicidad humana de manera parcial: las dimensiones ética y metafísica del ser humano dan cuenta de variables que no pueden ser atendidas por la acción política, sobre todo si se aborda desde la perspectiva del Estado. Por eso, no es conveniente asignar la responsabilidad por el bienestar a los agentes oficiales o, mejor, reducir la felicidad a un cierto estado de bien estar, en el que se olvida el llamado al bien ser. Se ha mostrado en diversas ocasiones que tanto la mirada estatista como la que se centra en el “libre juego de las fuerzas del mercado” reducen la persona a su dimensión estrictamente material (Polo, 1989), con lo cual quedan limitadas para abordar los problemas de la paz, de naturaleza esencialmente espiritual (Juan XXIII, 1963).
La mirada estatista de los problemas públicos ha llevado a reducir la discusión sobre centralización-descentralización a sus variables fiscales y burocráticas, y ha desconocido las posibilidades de acción pública por parte de las asociaciones civiles. Pensar la descentralización desde una mirada más amplia, que realmente abarque las diferentes dimensiones de la naturaleza relacional del ser humano debería posibilitar la identificación de mecanismos para avalar y apoyar las iniciativas cívicas locales en aquellos aspectos en los que se abordan asuntos de interés público. La tendencia a la conformación de alianzas público-privadas y de organizaciones que canalizan la gestión social de la empresa privada constituye avances significativos en esa dirección.
Cómo adaptar esos aprendizajes a regiones que han sido especialmente afectadas por el conflicto, justo porque no han sido del interés de la inversión privada, o porque esta se ha dado en un escenario que desconoce los intereses de los diversos actores involucrados, es decir, el interés general, es una tarea urgente a la que estamos llamados los actores académicos, políticos y sociales, si aspiramos a buscar verdaderas soluciones a las necesidades de comunidades apartadas, pero con capacidades de generar soluciones efectivas a sus problemas.
En conclusión, podemos afirmar que las comunidades locales llegan a invisibilizarse cuando se da prelación a la función estatal en regiones en las que, de manera objetiva, es altamente improbable que llegue la presencia efectiva del Estado, traducida en cuerpos de policía, acción judicial, infraestructura, etc., por las condiciones de la topografía de la región y por las limitantes presupuestales de la economía de nuestros países. Concentrar la mirada en el Estado favorece también el asistencialismo y estimula la inconformidad de los actores respecto de un agente que no es capaz de atender realmente sus necesidades, en especial porque son ellos mismos los llamados a atenderlas; los efectos más negativos de esta circunstancia están en que distraen a las propias comunidades de la reflexión necesaria para generar las soluciones correspondientes, además de que terminan por infravalorar los esfuerzos locales que se realizan al interior de las comunidades para construir modelos de desarrollo a la medida de sus condiciones.
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