Varios autores - Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano - competencias, instrumentos de planificación y desafíos

La sumatoria de estos dos factores condujo a que los Estados no solo abrieran sus economías a los estándares internacionales, sino que además, en el caso de los países de América Latina, África y parte de los de Asia, aceptaran la falsa premisa del desarrollo. Para un sector de la doctrina, esto constituyó una nueva forma de imperialismo internacional en la medida en que, como había ocurrido con la consolidación del ordenamiento jurídico internacional, el nuevo orden económico mundial había sido diseñado e impuesto a los países más pobres con objetivos ocultos para la explotación de los mismos 65. De igual manera, esta apertura económica de los Estados y el deseo de alcanzar los estándares de los países desarrollados dio lugar al régimen internacional de la inversión extranjera. Con él, los Estados menos desarrollados decidieron atraer capital extranjero para fomentar el desarrollo 66, aceptando, de manera inconsciente, un sistema diseñado cuidadosamente para ejercer una violencia sistémica en su contra 67.

Dejando de lado la crítica decolonial del sistema económico contemporáneo, la aparición de nuevos actores económicos, como los organismos internacionales económicos y las empresas multinacionales y/o trasnacionales, condujo a la erosión paulatina de los conceptos tradicionales de territorio y de soberanía nacional 68. En concreto, esto empezó a ocurrir por dos razones. Por un lado, los organismos internacionales económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, comenzaron a promover políticas que, bajo la premisa del desarrollo, establecían mecanismos, prácticas y códigos de conducta para los Estados que, pese a ser soft law , se convirtieron en vinculantes para nuestros Estados. Luis Eslava lo explica con claridad:

Para los estados-nación del Sur, en especial para aquellos que tienen un pasado colonial y que hoy dependen de la ayuda internacional y de la deuda internacional, las obligaciones internacionales y la presión por internacionalizarse parecen estar por todos lados: en la forma “nacional” de su existencia postcolonial, en las condiciones impuestas a sus gobiernos y poblaciones por las instituciones internacionales y en la ansiedad permanente sentida a lo ancho de todas sus sociedades por “desarrollarse” conforme con estándares globales 69.

Lo anterior quiere decir que, en realidad, el Estado empezó a perder autonomía regulatoria al verse obligado a aceptar estándares económicos y jurídicos impuestos por organismos internacionales económicos que, en términos prácticos, incidirían de manera concreta en el territorio. De allí que Eslava reconozca la operación cotidiana del derecho internacional en los contextos locales, independientemente de que el marco jurídico de un país determinado lo refrende. A modo de ejemplo, se puede traer a colación la manera en que estándares del desarrollo en materia de infraestructura y comunicaciones han sido aceptados y desarrollados a nivel local por la vía de programas de sostenibilidad fiscal y revitalización urbana, condicionados por medio de líneas de crédito para entidades territoriales locales ofrecidas por el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y el sistema internacional financiero privado 70.

Por otro lado, la erosión de los conceptos de soberanía nacional y de territorio también empezó a mutar debido a la aparición e influencia de las empresas trasnacionales o multinacionales. Ello se debe a que, en virtud de la apertura económica, estos actores privados han desplegado su poder económico en el territorio, en los más de las casos con el objetivo de llevar a cabo la explotación de recursos naturales propios de los Estados del Sur. Con dicho despliegue, no solo han despertado nuevas dinámicas y fenómenos sociales de lucha por el poder local, como en los casos de Colombia y Ecuador 71, sino que también han dado lugar a una reacción por parte del Estado que varios autores han denominado como un enfriamiento regulatorio 72.

El enfriamiento regulatorio puede ser entendido como una conducta de los Estados que es asumida ante el miedo de desincentivar el ingreso de capital extranjero a la economía nacional. En ese sentido, los países asumen una de dos actitudes que se ven reflejadas de manera directa en el territorio: o bien realizan una omisión legislativa relacionada con alguno de los temas que podría afectar directa o indirectamente los intereses de la multinacional, o bien, en su defecto, derogan aquella normatividad que pueda resultar contraria a dichos intereses. Ejemplo de lo anterior es el caso de un Estado que modifica las reglas relacionadas con la protección de los páramos y otros recursos hídricos para permitir la explotación de recursos auríferos en dichos escenarios, o que deja vacíos en la regulación jurídica de los métodos de extracción de petróleo para permitir formas de explotación lesivas para el medio ambiente como el fracking.

En suma, la aparición de nuevas dinámicas económicas en el territorio da lugar a una pérdida de la capacidad (y el interés) regulatorio por parte de los Estados, la cual a su vez conduce a una pérdida de soberanía sobre el territorio, tanto a nivel formal como sustancial. No obstante lo anterior, los fenómenos económicos de la globalización no son los únicos que hacen de la definición y la regulación jurídicas del territorio conceptos anacrónicos.

Sumado a ellos se encuentra lo que expertos han llamado la desterritorialización del territorio. Este concepto reconoce que, con la globalización, los centros locales o territoriales del poder cobran relevancia y capacidad en el contexto global. En ese sentido, empieza a generarse una internacionalización de las relaciones de las entidades territoriales y surge la idea de ciudades globales que comienzan a cooperar y a trabajar en conjunto pese a pertenecer a Estados diferentes y sin contar con la mediación o autorización expresa del jefe de Estado 73.

Esa idea de las ciudades globales supone a su vez que las ciudades y demás entidades territoriales empiezan a entablar también relaciones de índole económica con organismos internacionales y otras entidades extranjeras y trasnacionales, a través de las cuales consiguen financiación e intercambio de tecnologías y experiencias. Sin embargo, esto también lleva a lo que se ha denominado como glocalización , un nuevo concepto en el que se llevan a un nivel local los estándares globales o, mejor, se impulsa una realidad local con perspectiva global 74. A través de esta idea se reivindica, de manera sintética, la importancia de las relaciones socioeconómicas del territorio.

En conclusión, la crítica del anacronismo del concepto de territorio señala que se trata de una noción que no responde a las dinámicas actuales que lo rodean. En esa medida, aboga por abrirla conceptualmente para que integre los diferentes tipos de relaciones que se generan por él, con él y en él, buscando reconocer la evolución del concepto de soberanía y cómo estas nuevas dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales han llevado a un nuevo nivel (inconsciente) de descentralización. Por un lado, se encuentra la descentralización del poder que cede la soberanía del territorio ante las dinámicas del mercado; por el otro, la materialización de la desterritorialización que lleva a que el territorio trascienda tanto lo puramente físico como lo jurídico.

Habiendo puesto de presente las diferentes críticas formuladas a los conceptos tradicionales de territorio y de ordenamiento territorial, las cuales tienen por objeto superar el fetichismo estatal, etnocentrista y hegemónico con el que fue construido el concepto, colmándolo de realismo 75, conviene ahora sustentarlas a partir del estudio de un caso en concreto. Para tales efectos, en esta última parte del escrito nos ocupamos de analizar el concepto de territorio y de ordenación del territorio en el ordenamiento jurídico colombiano para identificar y evidenciar cómo estas cinco críticas aplican también para la definición colombiana. Empezaremos por trazar algunas líneas generales para delimitar el concepto de territorio y caracterizar el ordenamiento territorial en Colombia, para después materializar las críticas en el caso colombiano.