Varios autores - Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano - competencias, instrumentos de planificación y desafíos

En pocas palabras, esta crítica aboga por proponer una definición del territorio que reconozca que nuestra historia va mucho más atrás que la Paz de Westfalia o el periodo colonial en América Latina, lo que significa que pretende incluir en la definición las realidades y cosmogonías de los pueblos originarios de la región y su compleja relación con la naturaleza y el territorio. Igualmente, supone reconocer la continuidad de varias de estas cosmovisiones y la transformación de esa particular relación que tienen las comunidades indígenas con sus entornos, tal como ya se ha empezado a hacer por vía judicial en algunos casos –a los que haremos referencia un poco más de detalle cuando hablemos del caso colombiano–, esto es, de manera supletoria debido a las omisiones por parte del legislador 42.

En ese mismo contexto se aboga por reconocer la coexistencia de comunidades y cosmovisiones para valorar no solo la convivencia de diferentes identidades, sino también de dinámicas complejas relacionadas con el poder y el territorio. En América Latina es prácticamente una regla general ver que, pese al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, los ordenamientos jurídicos omiten o ignoran los saberes tradicionales de los pueblos originarios y la importancia de su experiencia e historia para el derecho 43. Solo unos pocos países, en especial Bolivia y Ecuador, han otorgado un verdadero valor a las identidades diversas y a las dinámicas territoriales históricas al aceptar y transversalizar figuras como el Buen Vivir al interior de su ordenamiento jurídico y su ordenamiento territorial 44.

Al respecto es importante señalar que en contextos difíciles como los que caracterizan a nuestra región no basta con pensar y reconocer el pluralismo étnico y cultural, sino que también es necesario pensar en otros procesos históricos relacionados con el territorio que sirvieron para la construcción y consolidación de realidades y dinámicas que los ordenamientos jurídicos desconocen, omiten o ignoran deliberadamente; es el caso de las divergencias ideológicas, los movimientos sociales, las luchas armadas y la violencia. Pese a que lo veremos con algo más de detalle más adelante, conviene señalar desde ya que este es asimismo el caso colombiano, en donde en realidad el Estado ha omitido, en gran medida, el reconocimiento de la historia del conflicto armado que ha determinado las dinámicas territoriales de una gran parte de su territorio nacional, dejándolas con ello por fuera del ordenamiento territorial 45.

En suma, se trata de una crítica que pretende recuperar la historia del territorio y de las experiencias vividas allí por los grupos sociales que los habitaron, sus conocimientos y su forma de relacionarse con el territorio. Por esa vía, en el caso latinoamericano se pretende recuperar vacíos que fueron creados y reproducidos de manera hegemónica. No obstante lo anterior y como se ha podido vislumbrar a propósito de la crítica historicista y su similitud con la geografía social, esta conduce a su vez a otra falacia de la definición actual del territorio y el ordenamiento territorial, debido al desconocimiento de las dinámicas sociales que ocurren en el territorio.

La geografía social ha señalado la importancia de entender el territorio como un producto de las acciones, las prácticas, las relaciones y las experiencias sociales, pero también como parte integrante de ellas 46. Es así como para los teóricos de esta disciplina, como Lefebvre, el espacio debe ser entendido a través de tres elementos: el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido 47.

El espacio percibido está relacionado con las prácticas espaciales de la sociedad, o mejor, con la continuidad de las relaciones de los individuos con lugares específicos. El espacio concebido corresponde a las representaciones del espacio que tienen que ver con las relaciones de producción y el orden derivado de ellas; en otras palabras, se trata del espacio mayoritario y dominante. Por último, el espacio vivido hace referencia a los espacios de representación, que por lo general corresponden a situaciones marginales al espacio dominante que suelen producir resultados simbólicos 48. En resumen, la propuesta de la geografía social es entender que el territorio debe reconocer las dinámicas sociales que se dan en el espacio que define el Estado, en las relaciones individuales e interpersonales, y en la marginalidad o periferia; es decir, reconocer los diferentes niveles y espacios para las relaciones sociales.

No obstante, la definición social de territorio requiere también del uso de herramientas de otras ciencias sociales como la antropología y la sociología, en la medida en que son estrictamente necesarias para comprender el contenido de las relaciones sociales. Así por ejemplo, gracias a la antropología se ha podido concluir que no es posible reducir la definición de territorio a la de un espacio determinado dentro del cual tienen lugar unas relaciones sociales. Por el contrario, a partir de esta disciplina se explica que el territorio también es una parte importante de las relaciones sociales puesto que condiciona algunas de ellas, ya sea mediante la idea de apropiación o de la concurrencia de relaciones sociales en varios territorios 49.

En consecuencia, la propuesta de una aproximación social al territorio reconoce fenómenos que son importantes para la definición del territorio y su ordenación. En ese sentido, desde esta perspectiva las movilizaciones sociales, los fenómenos migratorios y las reivindicaciones minoritarias son determinantes para comprender el territorio. Y también son importantes las disidencias, las oposiciones y las luchas armadas y contra hegemónicas que ocurren dentro y por el territorio. Así por ejemplo, el reconocimiento de problemáticas y realidades como la afectación de la población por el conflicto armado, o las barreras de acceso físico de la población con discapacidad en las ciudades, son cuestiones que desde la perspectiva social deberían ser tenidas en cuenta al momento de definir el territorio y ordenarlo 50.

En conclusión y como lo bien destaca Criado de Diego, desde la aproximación social al territorio, el orden jurídico y el orden social son diferentes y, por tanto, puede ocurrir uno de tres supuestos: que coincidan, que se complementen o que se contradigan 51. En otras palabras, el ordenamiento jurídico puede definir al territorio de conformidad con las prácticas sociales; puede complementar dichas prácticas, o, en su defecto, puede contrariarlas. Sumado a lo anterior, es importante señalar que, en realidad, al reconocer el carácter social del territorio no se puede obviar la literalidad del concepto, como le ocurrió a buena parte del movimiento de la geografías social 52. Así las cosas, es necesario recordar sus dimensión estrictamente espacial/geográfica y abordar también las características físicas y naturales del espacio.

Otra de las críticas que se hacen a la definición jurídica del territorio es la que argumenta que este concepto termina reduciéndose a criterios eminentemente jurídicos que se olvidan de reconocer las cuestiones técnicas, espaciales, biológicas y geográficas del territorio. En otras palabras, que la definición propuesta por el derecho se edifica a partir de elementos e interpretaciones jurídicas del espacio, pero se olvida de incluir y reconocer los fenómenos naturales que en él ocurren 53.

El primero de los componentes de esta crítica mantiene relación directa con la crítica social de la definición jurídica del territorio. Esto debido a que, a menudo, esa definición y el ordenamiento territorial desconocen muchas de las relaciones que mantienen los individuos y la sociedad con el territorio. El ejemplo más claro de esta situación es el que hemos venido mencionado sobre cómo el ordenamiento jurídico en general, y el ordenamiento territorial en concreto, desconocen la relación de las comunidades indígenas con el territorio y la ordenación interna que ellos mismos le dan 54. Igualmente ocurre con la explotación de recursos naturales como consecuencia de la dispersión de competencias institucionales que se deriva de la falta de claridad temática del ordenamiento territorial 55.