Elizabeth Salmón - Cambio climático y derechos humanos

En cuanto a sus efectos, las alteraciones climáticas afectan la productividad de un sector de importancia estratégica como lo es el agrícola. En cuanto a las dimensiones de urbanidad e infraestructura, las dinámicas de las ciudades —responsables del 70 % de los gases de efecto invernadero— se vuelven más complejas, puesto que concentran alrededor del 80 % de la población de la región y se identifica un creciente proceso migratorio de las zonas centrales a las periferias de las ciudades.9

Respecto a los recursos hídricos, varias zonas de Centroamérica se están tornando más secas, las ciudades andinas sufren cada vez más de estrés hídrico y América del Sur está más expuesta a inundaciones. Cabe hacer una mención especial al caso de los pueblos indígenas, los cuales son uno de los principales grupos afectados por la escasez de agua y eventuales desastres naturales vinculados al cambio climático. Ello ha provocado, por ejemplo, su migración forzada a zonas urbanas, siendo las mujeres más vulnerables a los riesgos sociales y económicos como situaciones de violencia, acceso limitado a servicios públicos o discriminación.

Estos desafíos en América Latina y el Caribe no han pasado desapercibidos para organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2015, la CIDH expresó su preocupación por los efectos del cambio climático en los derechos humanos, señalando lo siguiente:

Las consecuencias del cambio climático ocasionan muertes, lesiones, desplazamiento de personas y comunidades por desastres y eventos tales como ciclones tropicales, tornados, olas de calor y sequías. La Comisión Interamericana ha recibido cientos de casos relacionados con conflictos de tierras, agua y amenazas a la soberanía alimentaria que evidencian que el cambio climático es una realidad que está afectando el disfrute de los derechos humanos en la región.10

Se trata en definitiva de afirmar que determinados derechos y grupos merecen algún nivel de justicia climática, es decir, un acercamiento que tenga en cuenta sus particularidades. Siendo aún una materia que está en plena discusión y que continuará vigente en los próximos años, no cabe duda de la importancia de brindar un acercamiento a la relación entre los derechos humanos y el cambio climático en el marco de América Latina y el Caribe

Considerando esta compleja e inocultable realidad, el libro que presentamos busca evidenciar el vínculo entre cambio climático y derechos humanos desde las diversas visiones y especialidades de los autores. En él dialogan enfoques especialmente orientados a lo jurídico con otros que vienen desde las ciencias sociales, perspectivas estatales y de política pública con visiones que priorizan el fundamental papel de los actores no estatales, y la visión general de los derechos humanos con una aproximación más particular a determinados grupos y enfoques. En todas las reflexiones, sin embargo, se ha buscado dar un énfasis a las características propias de nuestra región latinoamericana, de manera general, y desde el contexto peruano, de manera particular.

Bajo el mismo objetivo de presentar las manifestaciones del vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, los autores y autoras fijaron un esquema que divide al libro en tres partes: la primera brinda las nociones teóricas necesarias para ingresar a la materia; la segunda desarrolla propiamente el impacto del cambio climático en determinados derechos humanos; y la tercera evidencia el impacto diferenciado en ciertos grupos. Con ello, la metodología seguida consistió en presentar en un primer momento las ideas clave que desarrollaría cada capítulo. Posteriormente, se elaboraron versiones preliminares de los textos, con especial énfasis en los capítulos de la primera parte, por ser necesarios para el desarrollo del resto de textos. Los hallazgos de cada autor y autora para su respectivo capítulo fueron presentados en reuniones periódicas en las que se realizaron comentarios en conjunto a fin de recibir aportes y evitar contradicciones por la variedad de enfoques adoptados. Esta labor comenzó en abril de 2019 y concluyó en octubre del mismo año, por lo que la información consignada en esta obra abarca hasta dicha fecha.

Siguiendo el propósito señalado, los capítulos que constituyen la primera parte del libro brindan los elementos teóricos necesarios para evidenciar este vínculo en la región. De este modo, el capítulo a mi cargo desarrolla, en primer lugar, la relación entre los derechos humanos y el cambio climático mediante la identificación de tres fases. Con el prisma teórico de los derechos humanos, plantea también dos manifestaciones (directa e indirecta) de la vinculación entre ambos ámbitos. Con ello, identifica las obligaciones jurídicas que se derivan de los tratados de derechos humanos y que deben respetarse en la adopción de las medidas de mitigación y adaptación estatales. Por último, advierte las principales ventajas y dificultades de incluir el marco teórico de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático.

Por su parte, el capítulo de Cristina Blanco aborda la compleja pero necesaria relación entre empresas, cambio climático y derechos humanos. Considerando que las empresas están involucradas desde los orígenes del problema climático y, sin embargo, la perspectiva de la lucha contra el cambio climático ha sido generalmente estatocéntrica, se exploran los principales esfuerzos, aún insuficientes, para abordar la conducta empresarial frente a los efectos nocivos del cambio climático en el ejercicio de los derechos humanos. Por ello, se centra en los principales acuerdos internacionales frente al cambio climático, las iniciativas enfocadas en el sector privado más relevantes y la aplicación del marco de empresas y derechos humanos en este contexto. Por último, se refiere al litigio climático en tanto representa un importante campo de batalla, que está incorporando también una mirada en el papel del sector privado.

Dado el rol fundamental de los Estados en la lucha contra el cambio climático, el capítulo a cargo de Iván Lanegra desarrolla las principales cuestiones conceptuales ligadas al desarrollo e implementación de las políticas públicas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, describiendo sus principales avances y problemas en el caso peruano. Del mismo modo, identifica los principales desafíos de gobernanza que deben superarse para el logro de los objetivos de la política climática.

A modo de cierre de la primera parte, el capítulo de Deborah Delgado recoge los avances en el estudio académico de los principales movimientos sociales involucrados en el debate acerca del cambio climático, a nivel global, en América Latina; y en el Perú, en particular. Observa que, frente a la urgencia de la crisis, muchos movimientos sociales en todo el mundo han ido, primeramente, nombrando y haciendo visible el fenómeno a partir de la conceptualización de procesos ambientales y sociales que se relacionan con el tema, para seguidamente intentar articular acciones y prepararse para remediar desastres ocasionados por el cambio climático. Con ello, se enfoca en cómo la relación entre cambio climático y derechos humanos generan una movilización social y se propone una tipología de movimientos para tratar particularmente la acción de los pueblos indígenas, las mujeres, el movimiento ambiental y de conservación y el activismo de los jóvenes y adolescentes.

La segunda parte del libro evidencia el impacto del cambio climático en cuatro derechos humanos que resultan particularmente afectados. El capítulo a cargo de Hugo Cahueñas analiza el derecho a una vivienda adecuada a la luz del ciclo de la gestión de riesgos de desastres. Primero, describe el impacto de los desastres sobre las viviendas, con énfasis en el sector urbano. Luego, analiza la relación entre los desastres y el derecho humano a una vivienda adecuada y pone énfasis en la reducción de riesgos de desastres. Posteriormente, se identifican las obligaciones que tienen los Estados en la protección del derecho a una vivienda adecuada en situaciones de desastre. Finalmente, detalla varias experiencias nacionales que evidencian la implementación de medidas de reducción de riesgos de desastres en la legislación nacional.