Giohanny Olave - Retórica de la victoria

Balances de la Política de Seguridad Democrática

En agosto de 2002, antes de la instauración de la Política de Seguridad Democrática, esta fue presentada como una respuesta a los problemas de orden público que «amenazaban la viabilidad de la democracia y vulneraban de manera constante derechos básicos de todos los ciudadanos» (Presidencia de la República, 2010, pág. 29). El informe fue realizado por el expresidente Uribe en 2010 y presentado ante el Congreso. Posteriormente, en 2003, esta política quedó definida de la siguiente manera:

El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común […]. La seguridad no se entiende en primera instancia como la seguridad del Estado, ni tampoco como la seguridad del ciudadano sin el concurso del Estado, sino como la protección del ciudadano y de la democracia por parte del Estado, con la cooperación solidaria y el compromiso de toda la sociedad (Presidencia de la República, 2003, págs. 12-13).

De acuerdo con el informe al Congreso, ocho años después del funcionamiento de esta política, se obtuvieron efectos positivos gracias al denominado «círculo virtuoso de la seguridad», o relación positiva entre seguridad, confianza inversionista y crecimiento económico y social. Los indicadores que muestra el informe hacen énfasis en que las acciones emprendidas en favor de la militarización de la seguridad pública (como el aumento del pie de fuerza, el control territorial, las redes de cooperantes civiles y la equiparación de la lucha antidrogas con la guerra contrainsurgente) produjeron el aumento de la inversión privada y la mejora de la percepción ciudadana sobre seguridad en el país: «Gracias a las mejores condiciones de seguridad, Colombia se encuentra hoy entre los países de mejor desempeño y perspectivas económicas dentro de la región, bajo unas condiciones macroeconómicas estables» (Presidencia de la República, 2010, pág. 29).

Los antecedentes de la Política de Seguridad Democrática favorecieron su aceptación, en principio, entre los sectores conservadores y de derecha del país, y, posteriormente, en el grueso de la población colombiana. El principal de esos antecedentes es la decepción que dejó el intento anterior de proceso de paz, que el expresidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) adelantó con las FARC-EP, en lo que se conoció como El Caguán, nombre utilizado para designar tanto la zona geográfica donde se llevaron a cabo los acercamientos entre las partes como los errores de planificación, desarrollo y abuso en que incurrieron las partes negociadoras a lo largo de tres años, hasta la terminación unilateral del proceso por parte del Gobierno, en febrero de 2002. El Caguán catapultó la candidatura presidencial del entonces candidato Álvaro Uribe, cuya campaña logró aglutinar al país en torno a la derrota militar de las FARC-EP, como prioridad del plan de gobierno del Gobierno entrante (González, 2014, pág. 447).

La seguridad fue comunicada como una estrategia necesaria para acabar con los grupos armados ilegales, y particularmente con las FARC-EP, pero también como «el bien común por excelencia de toda la sociedad», requisito de la recuperación social, política y económica del país (Presidencia de la República, 2003). De esta manera, el discurso de la seguridad cubrió casi todos los aspectos de la vida en comunidad y orientó la toma de decisiones públicas que asegurasen órdenes políticos ligados al autoritarismo, al elitismo y al modelo neoliberal (Cárdenas, 2013; Estrada, 2006; Pardo Abril, 2010).

La administración uribista logró aglutinar las fuerzas armadas del Estado y a la población civil en un combate a muerte contra las guerrillas, bajo el esquema militar, jurídico y político de guerra integral contra el narcoterrorismo. El resultado más destacado de esa guerra fue el repliegue de las FARC-EP hacia sus zonas de retaguardia, debido a la recuperación militar del territorio y al asesinato de un número significativo de sus combatientes, incluyendo a dos miembros de su Estado Mayor Central (González, 2014, pág. 450).

Todas las operaciones involucradas en esos hechos de la guerra fueron profusamente difundidas e instrumentalizadas en un régimen mediático gubernamental, que logró articular a grandes sectores de la población civil en torno a la aprobación y la defensa de la Política de Seguridad Democrática (Bonilla, Rincón y Uribe, 2014; Cárdenas, 2013; Gómez, 2005; López de la Roche, 2014; Pardo Abril, 2009). Ese fenómeno de opinión pública contra un enemigo definido favoreció la reelección del proyecto gubernamental uribista, que se extendería ocho años (2002-2010), y le serviría también a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para postularse como candidato y ser elegido en 2010, bajo la promesa de continuidad de la Política de Seguridad Democrática.

Análisis provenientes de sectores no gubernamentales han revisado la visión exitosa de la Política de Seguridad Democrática y han ofrecido versiones en las cuales se destacan los efectos perniciosos de esa política. A continuación, se enumeran estos efectos negativos:

Violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas

A partir de 2008 se empezó a denunciar públicamente que el Ejército Nacional había realizado ejecuciones extrajudiciales desde el año 1990 (León, 2009). Los militares implicados desaparecieron, torturaron y asesinaron a un sinnúmero de civiles, a quienes presentaron ante sus conocidos y ante la opinión pública como guerrilleros caídos en combate, para cobrar recompensas avaladas por incentivos económicos que les proveyeron la institución y la ley (CNMH, 2013; León, 2009; revista Semana en línea, 25 de enero de 2009). Las víctimas fueron campesinos, trabajadores informales, personas en situación de calle, menores de edad y, en general, población vulnerable; ninguno de ellos tenía relación demostrada con grupos guerrilleros. Los cuerpos eran enterrados como anónimos en fosas comunes, mientras que los asesinos –soldados y comandantes de la Fuerza Pública– eran premiados con recompensas monetarias por cada cuerpo reportado como «positivo».

De acuerdo con el informe del relator especial de la ONU (Alston, 2009, pág. 3), «las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que estas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército». La presión a las tropas para aumentar el número de bajas de guerrilleros, como resultado más tangible de la Política de Seguridad Democrática, derivó en una práctica macabra y premeditada de victimización de los sectores más vulnerables de la población civil. Algunos familiares y líderes sociales que denunciaron estos crímenes también fueron hostigados o asesinados, para evitar que la institución militar y sus miembros de altos rangos se vieran afectados (ONU, 2010, pág. 13; Amnistía Internacional, 2010, pág. 150). En este sentido, Ávila (2010, págs. 13-14) hace notar que estos crímenes se han caracterizado por su alto grado de impunidad y sus bajos niveles de juzgamiento.

Involucramiento de la población civil en la lucha contrainsurgente

En el marco de la Política de Seguridad Democrática se desarrollaron programas que involucraron a la población civil en el esquema antiterrorista propuesto. El programa conocido como Red de Cooperantes (MinDefensa, 2006) promovió ese involucramiento bajo argumentos como el de la cooperación voluntaria, la participación ciudadana, el patriotismo y el deber constitucional frente a la prevención del terrorismo. Esta política creó una relación entre solidaridad y seguridad, en términos que tensionaban las acciones voluntarias con los deberes constitucionales, según los cuales los ciudadanos tenían que proporcionar información sobre las organizaciones armadas ilegales. Por esa información no se obtenían beneficios económicos, sino «morales» y comunitarios (MinDefensa, 2006, pág. 5).