Domingo Felipe Cavallo - Historia económica de la Argentina

A partir de 1997, el gasto público como porcentaje del PBI aumentó debido a la recesión y al aumento de intereses de la deuda pública, particularmente de la deuda de las provincias con el sistema bancario local. Por la misma razón, los ingresos comenzaron a declinar y el déficit fiscal a aumentar.

En el último trimestre del año 2000, disminuyó la entrada de capital extranjero, y en 2001 se produjo otra interrupción repentina en el flujo de capitales como la de 1995. Esto generó una gran iliquidez en el sistema bancario, motivo por el cual las provincias tuvieron problemas para servir sus deudas y varios bancos se tornaron insolventes. Ni el Banco Central ni el gobierno tenían recursos para ayudarlos.

El FMI, que hasta septiembre de 2001 había provisto algunos fondos, en noviembre de ese mismo año decidió retirar su apoyo, justo cuando el gobierno anunció una reestructuración ordenada de la deuda. Una corrida contra los bancos obligó al gobierno a restringir el retiro de dinero en efectivo, lo que provocó la caída del gobierno de De la Rúa.

En medio del caos político, un nuevo gobierno provisional liderado por el presidente interino Eduardo Duhalde decidió abandonar la convertibilidad, transformando todas las obligaciones financieras bajo ley argentina, incluidos los depósitos bancarios, de dólares a pesos inconvertibles. El precio del dólar saltó de 1 a 3,8 pesos entre enero y septiembre de 2002. En ese año, el índice de precios al consumidor aumentó 41%, lo que incrementó dramáticamente el desempleo y la pobreza.

El gobierno congeló salarios, jubilaciones y tarifas de los servicios públicos. Además, introdujo impuestos a las exportaciones agropecuarias y controles de precios a la carne y a otros bienes de consumo masivos. En 2002, cuando los términos del intercambio externo mejoraron y el dólar se depreció frente a la mayoría de las monedas, la economía argentina –que entre 1998 y 2002 había sufrido una caída del 25% del PBI– comenzó a recuperarse rápidamente. El precio del dólar bajó desde 3,8 pesos a menos de 3 pesos y la inflación declinó al 3% anual en 2003.

El nuevo gobierno liderado por Néstor Kirchner dejó que los salarios se incrementaran en forma gradual en 2003 y más rápidamente a partir de 2005, pero el gasto público también comenzó a aumentar, tanto que en 2006 volvió al mismo porcentaje del PBI de 2001, a pesar de que la reestructuración compulsiva de la deuda de 2005 permitió una fuerte reducción del costo en intereses.

La política monetaria se fijó como meta el crecimiento de la demanda en lugar de apuntar a la inflación, y el Banco Central intervino para parar la apreciación del peso. Comenzando en 2005, como los salarios se recuperaban, el gasto público aumentó a un ritmo rápido. Como la política monetaria perserguía evitar la apreciación del peso, la inflación se aceleró al 6% anual en 2004 hasta llegar a 24% anual en 2008. El gobierno, en lugar de utilizar la política monetaria como una herramienta antiinflacionaria, decidió tergiversar la medición oficial de la tasa de inflación, que a partir de 2007 fue virtualmente fijada (por manipulación de los datos) en alrededor del 9% anual. La deuda interna estaba indexada a la medida oficial de la inflación, por lo que los tenedores de deuda sufrieron una nueva devaluación de sus activos. Esta política hizo imposible financiar los déficits con deuda interna voluntaria, de ahí que la economía argentina se viera desacreditada aún más en el exterior.

La intervención gubernamental en los mercados, las restricciones al comercio exterior, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, la reestatización de muchas compañías de servicios públicos, el fuerte aumento en el gasto público y la presión tributaria configuraron una contrarreforma de la reforma económica de la década de 1990. Hacia 2012, el talón de Aquiles de la economía argentina no solo era la persistente inflación, sino también las muchas distorsiones de precios relativos que desalentaban la inversión eficiente y, en su lugar, alentaban la fuga de capitales, la especulación con tierras y la inversión en edificios y propiedades de lujo. Luego, la estanflación se transformó en la nueva realidad.

En la actualidad, la economía argentina está una vez más en medio de una tormenta, producto de las políticas populistas y aislacionistas. En efecto, las políticas de la última década dejaron al país con un 40% de inflación anual, desempleo creciente, una recesión que ya lleva tres años, comercio exterior declinante y prácticamente nula inversión directa extranjera. No es casual que alrededor de 80 mil millones de dólares se fugaran del país durante los últimos ocho años.

El 10 de diciembre de 2015, un nuevo gobierno asumió el poder. Para encontrar soluciones sostenibles, el presidente Mauricio Macri intenta aplicar reformas políticamente muy difíciles, tal como lo demuestran fallidos intentos similares en épocas pasadas. Dos veces en el pasado reciente, el país sufrió crisis semejantes. En ambas instancias, la crisis se produjo después de varios años de elevado gasto público, fuertes y persistentes déficits fiscales financiados con emisión monetaria, restricciones a las exportaciones e importaciones, controles de cambio y intervenciones distorsivas generalizadas en los mercados. Estas políticas se aplicaron durante años en los que los términos del intercambio exterior resultaron favorables, pero se tornaron insostenibles cuando la tendencia se revirtió.

Las crisis que siguieron a períodos de activa participación de Argentina en la economía global ocurrieron en momentos de fuerte declinación de la demanda externa de los productos de exportación que generaron presiones deflacionarias. Las crisis que siguieron a períodos de populismo y aislamiento internacional se produjeron cuando el fenómeno de fuerte mejoramiento en los términos del intercambio que las había hecho posible comenzó a revertirse. Las condiciones macroeconómicas de la economía en estos dos tipos de crisis fueron muy diferentes. El problema macroeconómico que caracterizó a las crisis de 1914, 1930 y 2001 fue la deflación. El problema de las de 1949 y 1975 fue la inflación, el mismo que la economía argentina enfrenta hoy.

Finalmente, a lo largo de la historia argentina existieron muchas otras crisis monetarias y de deuda que se originaron en perturbaciones monetarias y fiscales de cuño interno más que por shocks externos. Este fue el caso de las crisis de 1876 y 1890 y también de 1958, 1962, 1981 y 1985. Las políticas aplicadas para superar las crisis de 1876 y 1890 permitieron reestablecer la estabilidad luego de algunos años. Pero, para las que siguieron a períodos de políticas populistas y aislacionistas, la estabilidad de los precios fue muy esquiva. Para peor, en cada uno de los casos, pocos años después de cada intento de superar la crisis, la inflación se aceleró y terminó en un escalón más alto que antes. El único proceso de estabilización exitoso fue el de 1991 después que el país sufriera hiperinflación.

Ahora que la Argentina confronta una vez más las consecuencias de políticas populistas y aislacionistas insostenibles, cabe preguntarse sobre el curso futuro de los acontecimientos. ¿Debemos esperar que Macri encuentre las mismas dificultades que los gobiernos enfrentaron en 1949 y 1975 para revertir políticas populistas similares a las del gobierno de los Kirchner? ¿Tendrán los ciudadanos que soportar una nueva hiperinflación antes de encontrar el camino a la estabilidad y el crecimiento sostenibles? ¿Podrá la experiencia de los traumáticos veinte años que siguieron a 1949, y los aún más traumáticos posteriores a 1975, ser utilizada para diseñar una estrategia capaz de recrear el clima estable e integrador en la economía global que comenzó en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina alrededor de 1990?