David Fernando Ramírez Figueroa - Comparación de las fórmulaciones de la política pública de seguridad ciudadana en Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012 desde el enfoque cognitivo

Todavía hay deficiencias importantes en lo que se refiere a la evaluación de los programas, en la medida en que no se han hecho más allá de evaluaciones de resultados, las cuales no dan información adecuada del efecto marginal de los programas sobre las tendencias estructurales de las ciudades, ni dan cuenta del nivel de satisfacción de los ciudadanos que son sus sujetos de intervención. Esto no implica que el esfuerzo por estudiar, analizar y comprender los escenarios del delito y la violencia, y su impacto sobre la inseguridad ciudadana, sea en vano ni sea un progreso significativo, pues sin duda alguna lo es. Por lo demás, es una respuesta que ha dependido por entero de los gobiernos locales, dado que el Gobierno nacional no ha hecho esfuerzos por implementar estos escenarios de investigación, por lo menos durante el periodo estudiado. Puede afirmarse que la implementación de estos servicios corresponde a una perspectiva particular de la seguridad ciudadana, que no la percibe como estática sino como dinámica, susceptible de ser estudiada estadística y científicamente, más que como una aproximación enteramente administrativista.

Dado que las formas tradicionales de respuesta represiva son monopolizadas por el Gobierno nacional, los Gobiernos locales han podido integrar nuevas concepciones de seguridad asociadas a tratamientos integrales-inclusivos de la violencia. Es el caso de Medellín, en donde se han llevado a cabo programas constantes de rehabilitación y reintegración de población victimaria, incluyendo desmovilizados de grupos alzados en armas, prevención de reclutamiento de menores y proyectos de desarrollo económico, los cuales intentan disminuir la propensión de las personas a cometer actos delictivos, mediante la vinculación de población vulnerable en proyectos constructivos de interés social. Por su parte, desde la Alcaldía de Antanas Mockus (1994-1996), Bogotá comienza a implementar programas sustentados bajo el enfoque de la “Cultura Ciudadana”, que intenta modificar los hábitos y las costumbres de la ciudadanía para disminuir la probabilidad de cometer y ser víctima de eventos delincuenciales. Entretanto, en Cali se ha evidenciado una aproximación epidemiológica al problema de la seguridad, encabezado por el Observatorio del Delito adscrito a la Alcaldía Municipal, por medio del cual se intentan disminuir los factores de riesgo que incentivan la comisión de delitos.

Estos enfoques son importantes en la medida en que llaman la atención sobre la multiplicidad de factores que implica la violencia dentro de la inseguridad, por lo que conlleva un tratamiento abierto, liderado por autoridades civiles (en oposición a la Policía Nacional) y permite una concepción diferente a la criminal para hacer frente a este fenómeno. El problema, de todas formas, es la escasa evaluación de rigor sobre el tema (abundan las reflexiones teóricas y políticas, no obstante), por lo que no se puede decir mucho acerca de su efectividad en el tiempo. Aun así, es un elemento a tener en cuenta dentro del análisis de la política pública.

En este aspecto se encuentran dos elementos: a) la mejora técnica de la Policía y b) la mejora operacional de la Policía. En el primer elemento se recoge la necesidad de optimizar la capacidad de respuesta del cuerpo policial por medio de la adquisición de mejor equipamiento (desde radios de comunicación hasta armas) y la construcción de mejor infraestructura (Comando de Atención Inmediata (CAI) en material antiexplosivos, Comandos de Policía con más protección). Si bien son elementos importantes, hay que destacar que los Gobiernos locales han destinado grandes recursos, como se detallará más adelante, a mejorar la capacidad de respuesta de la Policía, en un intento por desincentivar la comisión de delitos (por medio del aumento en la probabilidad de captura), lo que constituye un conjunto de estrategias que están más cercanas a la concepción autoritaria de la seguridad, que se enfoca en reaccionar ante eventos delictivos reales como prioridad de la respuesta administrativa local.

El segundo elemento recoge el acercamiento comunitario de la Policía, su consecuente reforma operacional y su énfasis en el ciudadano, lo convivencial y preventivo; adicionalmente, el Gobierno local ha empezado a intervenir activamente el espacio público como factor adicional de riesgo y como facilitador de las conductas delictivas. Al respecto, debe considerarse que es una modificación de la forma de operación de la Policía, reciente en el contexto colombiano y cuyo principal objetivo es mejorar la confianza en la institución, como ya se ha mencionado. Así, se pueden ubicar los siguientes factores constitutivos de esta aproximación (Rico y Chinchilla, 2002, pp. 172-173): a) inscribir las acciones policiales en el marco general de las políticas nacionales y locales de seguridad ciudadana y desarrollo social, b) diferenciar las acciones encaminadas a la lucha contra la criminalidad organizada de las que puedan emprenderse con respecto a la mediana y pequeña delincuencia y c) orientar la acción policial a las especificidades locales y a las necesidades de las víctimas.

En particular, los programas que intervienen el sector de la seguridad ciudadana han priorizado cualidades y valores relativamente innovadores (Centro de Estudios y Análisis sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2005), que algunos autores relacionan con el modelo neoliberal de reestructuración del Estado (Beltrame, 2011). Estos elementos, de todas formas, distancian a la seguridad ciudadana de los enfoques tradicionales de seguridad y suponen un cambio en la perspectiva visible en la política pública, especialmente en áreas como:

•Integralidad: énfasis en acción preventiva-reactiva-represiva, por medio de estrategias que involucran desarrollo económico, concertación de actores, enfoques multidisciplinarios de análisis y planteamiento de respuestas a los factores objetivos de inseguridad ciudadana, sobre todo para prevenir la ocurrencia de eventos delictivos (Calderón, 2011, pp. 19-21).

•Participación de la ciudadanía: en particular, en mesas locales de participación, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones y participar en la formulación de planes de acción en conjunto con la administración municipal, local y la Policía.

•Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: bajo la consigna de que conciliar es mejor que reprimir, se disponen nuevos espacios que sirven de mediación de conflictos a fin de evitar que estos se desvíen en la utilización de la violencia; son paralelos a la administración tradicional de justicia, pero su objetivo no es reemplazarla, sino prevenir que los casos que se puedan resolver en instancias conciliatorias lleguen a la justicia ordinaria, en donde el tiempo de resolución aumente, generando problemas tanto para el Estado (represamiento) como para los ciudadanos (percepción de impunidad).

•Enfoque de género y de derechos humanos (Osses, 2010): aunque no siempre se encuentra en la formulación, la nueva concepción de seguridad ciudadana permite a los tomadores de decisiones incorporar en la política pública un enfoque de género, estableciendo acciones diferenciales para las mujeres (lo que lleva a considerar algunos eventos delictivos –por ejemplo, la violencia intrafamiliar, como violaciones a los derechos humanos de las mujeres– más que como problemas de convivencia doméstica). En igual sentido se ha propuesto el enfoque de derechos, que permite enfocar acciones hacia comunidades vulnerables o vulneradas, cambiando la priorización y estableciendo acciones protectoras sobre poblaciones que bajo otros modelos no recibían atención adecuada.