David Fernando Ramírez Figueroa - Comparación de las fórmulaciones de la política pública de seguridad ciudadana en Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012 desde el enfoque cognitivo

Los referenciales sectoriales que se construyen en este trabajo están compuestos por cuatro variables que se pueden reconocer en cada formulación de política pública: valor, norma, imagen y algoritmo. En primer lugar, el valor representa un conjunto de ideas que son priorizadas por encima y en detrimento de otros conjuntos al momento de tomar una decisión o llevar a cabo una acción. En segundo lugar, la norma representa un conjunto de ideas que determinan hacia dónde y cómo se debe orientar la acción. En tercer lugar, la imagen es la justificación de una política pública y se construye como una representación del razonamiento que lleva de la acción a tomar al efecto deseado. Por último, el algoritmo representa un razonamiento lógico que explica la acción como una respuesta necesaria ante una situación problemática5.

Si en cada formulación de política pública por gobierno se pueden reconocer las variables mencionadas, podría afirmarse que dentro de cada formulación existe igualmente un referencial sectorial, los cuales funcionan como base para la construcción de tendencias generales que permiten realizar una caracterización más imparcial (unbiased), completa y general de las formulaciones de política pública de seguridad ciudadana de Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2011. Con base en estas categorías y tendencias, se replantea el concepto de política pública de seguridad ciudadana, se hace un análisis del estado actual de la investigación cualitativa –particularmente el análisis comparado– y se realizan algunas recomendaciones de política para el sector a partir del enfoque cognitivo empleado.

En este sentido, fue necesario preguntarse: ¿cuál ha sido el contenido de la formulación de las políticas públicas de seguridad ciudadana dentro de los documentos programáticos referentes al sector de la seguridad ciudadana de los Gobiernos municipales de Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012? Para dar respuesta a este interrogante se manejó la siguiente hipótesis: la formulación de políticas de seguridad ciudadana en las tres ciudades durante tal periodo se ha sustentado en referenciales sectoriales que han permanecido en el tiempo; particularmente, el autoritarismo como valor, la acción administrativa como norma, una imagen que describe a la población objetivo como intolerante y un algoritmo que pone el énfasis sobre la reforma administrativa.

El objetivo principal de esta investigación fue comparar los referenciales sectoriales identificados en las formulaciones de política pública de seguridad ciudadana de Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012 a partir del enfoque cognitivo. Específicamente se buscó describir las perspectivas desde las cuales se ha construido la política pública de seguridad ciudadana para cada gobierno en el periodo mencionado. Asimismo, se intentó construir los referenciales sectoriales en las tres ciudades que describen las formulaciones de política pública de cada gobierno entre 1995 y 2012, de acuerdo con las variables valor, imagen, norma y algoritmo, y, finalmente, caracterizar los referenciales sectoriales identificados para cada política pública de seguridad ciudadana por periodo de gobierno en cada ciudad estudiada.

La presente investigación está compuesta por cuatro capítulos que atienden los objetivos específicos trazados. El capítulo 1 Capítulo 1. Formulación del problema El estudio de la seguridad ciudadana desde el análisis de la política pública es relativamente reciente, mucho más considerando aquellos que trabajan desde una perspectiva comparada en el tiempo o en el espacio. En este primer capítulo se busca, por un lado, hacer una caracterización de la política pública de seguridad ciudadana a partir de la revisión de estudios relevantes al respecto de su contenido, su forma o sus enfoques, y, por otro lado, identificar algunos conceptos unificadores que permiten pensar en la existencia de la seguridad ciudadana como sector. describe el estado del arte en la temática del análisis de la política pública de seguridad ciudadana. En el capítulo 2 se exponen los lineamientos teóricos sobre los cuales se define la seguridad ciudadana, la política pública, la formulación como etapa dentro del policy cycle, el autoritarismo y el método de comparación en política pública. El capítulo 3 hace un análisis detallado de cada uno de los planes de desarrollo de las administraciones de Bogotá, Cali y Medellín, identificando, clasificando y analizando las formulaciones producidas por los gobiernos locales, con base en las variables valor, norma, imagen y algoritmo. En el capítulo 4 se hace el análisis comparado a partir de las variables escogidas y se presentan los resultados de la comparación. Finalmente, se desarrollan las conclusiones generales del estudio.

El estudio de la seguridad ciudadana desde el análisis de la política pública es relativamente reciente, mucho más considerando aquellos que trabajan desde una perspectiva comparada en el tiempo o en el espacio. En este primer capítulo se busca, por un lado, hacer una caracterización de la política pública de seguridad ciudadana a partir de la revisión de estudios relevantes al respecto de su contenido, su forma o sus enfoques, y, por otro lado, identificar algunos conceptos unificadores que permiten pensar en la existencia de la seguridad ciudadana como sector.

En un estudio de la seguridad en Soacha (Cundinamarca) y Bucaramanga (Santander), Camacho, Wills y Acevedo (2002) afirman que los principales problemas y oportunidades de las políticas públicas en seguridad ciudadana radican en: 1) la falta de decisión, claridad y voluntad política de los gobiernos; 2) la escasa estabilidad de los agentes que ejecutan de facto la política; 3) la dispar cantidad de energía y recursos que se han destinado a hacer frente a la seguridad, mientras se ignora o se deja en un segundo plano la dimensión de la convivencia; y 4) el apoyo mayoritario a los entes territoriales. Este último punto implica una oportunidad para el fortalecimiento de las atribuciones del gobierno local como esfera administrativa que mayor potencial tiene para mejorar la situación de seguridad en las ciudades.

Por otra parte, Angarita (2011, p. 276) afirma que en Medellín las políticas públicas de seguridad ciudadana se han enfocado en la superación de lo que se ha denominado factores estructurales de la inseguridad, mientras que se han dejado de lado los elementos culturales y de prevención socioeconómica, provocando un aumento antes que una disminución de la inseguridad. Por ejemplo, el incremento de la inseguridad en el periodo 2007-2008 responde, entre otras razones, al rearme de organizaciones armadas ilegales y a la reconfiguración de las jerarquías internas de las bandas delincuenciales existentes (Angarita, 2011, p. 277). A ello se suma la falta de comunicación entre los niveles nacional y local de gobierno, la corrupción y la ineficiencia de la inteligencia policial para prevenir y resolver situaciones violentas. Precisamente, la principal advertencia que hace el autor es que la política pública se ha enfocado en controlar las consecuencias de los delitos y no sus causas, lo que explica su bajo impacto positivo sobre la situación de inseguridad en la capital antioqueña.

No obstante lo anterior, Jorge Giraldo (s. f.) señala que desde el 2000 existe un cambio importante con la inclusión de nuevos conceptos dentro de la política pública de seguridad ciudadana: 1) la aceptación de responsabilidad por parte del gobierno local frente a las situaciones de inseguridad, en coherencia con la responsabilidad del Gobierno nacional, y 2) la necesidad de construir un nuevo ciudadano y ciudadana en una revolución cultural, con el objetivo de empoderar a la ciudadanía en el problema de la seguridad. Anteriormente, el gobierno local tenía un enfoque pragmático que respondía a las coyunturas más urgentes, tendencia que se ve reforzada desde la alcaldía de Fajardo (2004-2007) y Salazar (2008-2011), en las cuales el Gobierno local asume responsabilidad directa en el proceso de desmovilización y reinserción de las organizaciones armadas ilegales.