Pilar Arcidiácono - La política del mientras tanto

Cabe detenerse en la experiencia del Diálogo Argentino (DA), espacio de interrelación entre Estado-sociedad civil más relevante durante la crisis que tuvo directa relación con el surgimiento del PJJHD. Ya en diciembre de 2001 –antes de su renuncia– el ex presidente Fernando de la Rúa pidió colaboración a la Iglesia Católica y al PNUD para la constitución del Diálogo Argentino. El objetivo de tal convocatoria era la generación de un espacio común en el que pudieran congregarse distintos actores a fin de debatir y encontrar en conjunto los consensos necesarios para superar la crisis. Si bien esta convocatoria fue próxima a los sucesos del 19 y 20 de diciembre y, por ende, no pudo concretarse, el Diálogo se constituyó en una herramienta fundamental para el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, electo por la Asamblea Legislativa el 1 de enero de 2003.

Con relación a los actores del DA, cabe recordar que la convocatoria fue realizada por tres actores principales: la Presidencia de la Nación (a cargo del presidente Duhalde), la Iglesia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por su parte, la Presidencia llamó oficialmente a la concurrencia al Diálogo Argentino. La Iglesia se ofreció como ámbito espiritual y animador de la concertación pacífica hacia la reanudación de los vínculos; en este sentido su concurrencia supuestamente aportaba una cuota de moralidad y credibilidad importante para la reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad civil. El PNUD contribuyó desde la experiencia internacional y desde sus principios humanísticos (ligados a los derechos humanos, la paz internacional y el desarrollo social) aportando la experiencia profesional y la capacidad técnica para la organización, gestión, análisis y logística tanto en la conformación de los grupos de trabajo como en la producción de las alternativas y propuestas. Cabe aclarar que a pesar de que se presenta como un espacio de “innovación” y “recambio” no se trata de actores novedosos, sino que eran centrales en la escena política argentina: la propia Iglesia, la coalición gobernante justicialista y un Organismo Internacional (PNUD). Los convocados fueron representantes de diferentes sectores de la vida política, social, económica y cultural de la Argentina, incluidos los partidos políticos, empresas, sindicatos, grupos financieros, grupos del agro, OSC en general, instituciones religiosas y diversas figuras individuales.

El Diálogo Argentino pretendió convertirse en “el puente” de interconexión entre Estado-sociedad civil, aunque desde ya no estuvo exento de los problemas de representatividad que atraviesan otras instituciones. Aquellos que convocaron al DA, seleccionaron un conjunto de “interlocutores válidos” con quienes articular durante la crisis y aprovecharon principalmente las organizaciones con trayectoria pública, experiencia de interacción con el Estado y predispuestas a participar en este nuevo espacio. Desde sus comienzos, en el Diálogo fue protagónico el rol de OSC intermedias y confesionales y por instituciones religiosas por lo que la falta de inclusión de otros sectores debe ser tenida en cuenta en términos de decisión política (Diálogo Argentino, 2002a, 2002b).

En julio de 2002 la Presidencia de la Nación dejó de ser convocante, cuando ya había comprometido a la sociedad civil en la participación en los Consejos Consultivos. Desde ahí en adelante el Diálogo tuvo solo el componte no estatal en su interior, que a través de la discusión y la generación de propuestas trató de continuar influyendo en la agenda estatal, pública y mediática. A su vez, el PNUD también comenzó a restarle legitimidad al Diálogo,[9] lo que ocasionó consecuencias tanto en el reconocimiento público de este espacio como en la creciente dificultad en materia de financiamiento. En términos de impacto en la agenda pública, salvo en algunas mesas sectoriales, no se avanzó en revisar diagnósticos ya existentes, proponer opciones, acordar criterios de análisis y soluciones de diferencias, concretar alternativas y propuestas.

En síntesis, el espacio del DA adelanta alguno de los mecanismos estatales de incorporación de la sociedad civil en las políticas públicas después de la crisis que serán abordados en este trabajo. De hecho, valga recordar que al menos discursivamente el PJJHD reconoció como espacio de origen al DA. Además, a instancias del Diálogo Argentino y como estructuras que replicaron este modelo se crearon los Consejos Consultivos (CC) del PJJHD. Como se verá en el próximo capítulo, estos consejos se constituyeron como espacios centrales de interrelación y de tomas de decisiones donde participan actores estatales y de la sociedad civil.

2. La etapa de recuperación económica

Tras la etapa de crisis de 2001-2002, el crecimiento sostenido de la economía a partir de 2003 impactó fuertemente sobre el mercado laboral y sobre el comportamiento de los indicadores socioeconómicos. Como señala Lavopa (2008: 182), entre el primer semestre de 2002 y el segundo de 2006, la economía argentina creció en un 41%.

En lo que respecta al mercado laboral, tomando como período de referencia de 2003 a 2007 el desempleo descendió en más de un tercio. En el primer trimestre de 2007 la tasa de desempleo se encontraba en 9,8%; mientras que en el primer trimestre de 2003 era 20,4%. También se contrajo de manera significativa la subocupación; mientras que en de 2003 era de 17,7%, en el primer trimestre de 2007 fue de 9,3% (EPH, primer trimestre de 2007). La población con problemas de empleo (desempleados y subocupados) cayó del 38,1% de la población activa a 19,1%(EPH, primer trimestre de 2007). Es decir, casi el 60% de las personas que en 2003 tenían problemas serios de empleo mejoraron su situación. Cabe destacar que, en todos los casos que se habla de aumentos en la ocupación, no significa que los mismos refieran a la inserción a través de empleos registrados formales y que se le apliquen los consiguientes beneficios del sistema de seguridad social.

En efecto, merece destacarse como dato a lo largo de todo este período el alto nivel de informalidad laboral sostenida.[10] Si bien el empleo no registrado, que comprende a los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia a quienes no se les efectúan descuentos por aportes jubilatorios, sumando incluso a los perceptores de programas sociales (particularmente el PJJHD), cayó del 47% (EPH, primer trimestre de 2003) al 40,6% (EPH, primer trimestre de 2007), este valor sigue siendo significativo. Consecuentemente, el efecto concreto es que las regulaciones laborales y las políticas públicas que durante este período se impulsaron (como el aumento en las AAFF, las regulaciones sobre obras sociales, el esquema jubilatorio, entre otras) excluyen por lo tanto alrededor de los 40% de los asalariados.

También es importante destacar las inequidades de género evidenciadas en el mercado argentino continuaron sin variaciones importantes, al mismo tiempo que no se implementaron acciones positivas tendientes a revertir las situaciones discriminatorias. En el primer trimestre de 2007, la tasa de actividad para varones alcanzó el 55,4%, siendo la tasa de empleo del 51,1% mientras que la tasa de desocupación masculina fue, en el mismo período, del 7,8%. En materia de empleo de mujeres, durante el mismo período la tasa de actividad femenina alcanzó el 37,9%, con una tasa de empleo del 33,2% y una tasa de desempleo superior a la masculina, ubicada en el 12,5% (EPH, primer trimestre de 2007).

En un marco de crecimiento económico sostenido y de un conjunto de intervenciones relacionadas con el mundo del trabajo, los indicadores de pobreza e indigencia mejoraron sustancialmente, aunque sin embargo durante el período analizado siguieron siendo extremadamente elevados. Aún cuando la pobreza en los hogares descendió después de la crisis, el nivel que se evidencia hacia 2007 es, en el mejor de los casos, igual o apenas inferior a los registros de la década del 90, lo que implica que 8,2 millones de personas recibían un ingreso que no les permitía comprar una canasta básica alimentaria (CBA) (EPH, primer trimestre de 2007). Así, en el primer semestre de 2007, la población por debajo de la línea de la pobreza todavía alcanzaba el 23,4%, mientras que la población por debajo de la línea de la indigencia llegaba al 8,2%. La intensidad de la pobreza y de la indigencia no es uniforme en todo el país, presentándose importantes disparidades geográficas en cada uno de los aglomerados que capta la encuesta –se estima que la brecha entre la región más pobre y la menos pobre es cercana a los treinta puntos–, así como también en términos de género y edad.[11]