Juan Gabriel Tokatlian - Drogas y prohibición

Los primeros tres años del Plan Colombia, que comprende no sólo ayuda militar sino también programas de fortalecimiento institucional y desarrollo social en las regiones donde se cultiva la coca, fueron bien manejados y se cumplió la meta de reducir a la mitad el área sembrada de coca en seis años. En 2003 se había reducido en 37,5% y se estaba muy cerca del 50% que era el objetivo del Plan.

Las incoherencias, sin embargo, empezaron a evidenciarse. A pesar de la muy significativa reducción del área sembrada, el precio en las calles y en los mercados consumidores en lugar de subir, bajaba o en el mejor de los casos se mantenía estable. Luego, en 2005 se produjo otra singularidad. A pesar del aumento en la fumigación, el área total sembrada no disminuyó sino en una pequeña fracción. Mientras que usualmente había que fumigar 3 hectáreas para erradicar una, en 2005 hubo que fumigar 22 hectáreas para erradicar una. La fumigación había llegado a su nivel de ineficacia.

Finalmente, se conoce que la producción de cocaína se ha mantenido en cifras semejantes; es decir, entre 600 y 800 toneladas métricas de alcaloide por año.

El Plan Colombia ha sido muy útil para la institucionalidad colombiana, ha permitido reforzar al Ejército, pero no ha funcionado de acuerdo con sus propios objetivos destinados a reducir la producción de cocaína. El Plan Colombia, para el propósito fundamental por el cual se creó, difícilmente podrá superar los bajos niveles de eficiencia de los años recientes.

Anomalías respecto a la política criminal internacional antidrogas

7. La séptima anomalía se refiere a la efectividad de la política internacional de perseguir a las cabezas de las organizaciones de crimen organizado involucradas en el tráfico de drogas, de elevar las penas a los traficantes y de promover su extradición. Por supuesto siendo una actividad criminal las instituciones policiales y judiciales tienen que actuar en cumplimiento de la ley y esto no es materia de debate. Lo que se debate es la efectividad de una estrategia que pone especial énfasis en este aspecto. La denominada “kingpin strategy” fue el nombre de este enfoque en los años 1980. Desde esa época las cabezas de las organizaciones criminales que controlaban el negocio de drogas ilícitas han caído en manos de las autoridades y ninguno de los más buscados en los años 1970, en los 1980 ni en los 1990 –en especial, en el caso colombiano– está libre ni ha podido disfrutar de sus riquezas. Los que son encarcelados, extraditados o caen en enfrentamientos con las autoridades son reemplazados de inmediato por otros que muy rápido se convierten en ricos y poderosos y que son, a su vez, remplazados cuando caen. Una cosa es la obligación de las autoridades de perseguir a quienes infringen la ley y otra es sustentar una estrategia de afectar la oferta con base en la persecución de narcotraficantes, el aumento de penas y el encarcelamiento de capos. Se debe perseguir y detener a los capos pero de ello no se puede derivar un resultado que se traduzca en la disrupción del negocio ilegal de las drogas.

8. Octava anomalía es la extrema penalización, vía medidas punitivas y disuasivas, de las actividades del narcotráfico.

La Convención de Viena de 1988 estableció que los delitos contemplados en este estatuto no podrían ser objeto de perdón judicial, ni de amnistía ni de indulto de ninguna clase. En 1995 se concretó el tratado de Roma sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra –estatuto del que no forma parte Estados Unidos– que proscribe este tipo de tratamientos para crímenes de guerra y contra la humanidad. Parece, al menos, inconsecuente que los delitos relacionados con las drogas tengan el mismo tratamiento que aquellos considerados delitos contra la humanidad y crímenes de guerra.

9. La novena anomalía se refiere a la extradición como el máximo castigo por tráfico de estupefacientes porque, se supone, disuade a potenciales traficantes de entrar en el negocio.

En la década de 1980 y hasta mediados de los años 1990, la extradición de personas acusadas de narcotráfico –en particular, colombianos– para ser juzgadas en Estados Unidos era percibida como el máximo castigo posible. Washington impulsó la firma de tratados de extradición con muchos países e introdujo provisiones para este efecto en la Convención de Viena de 1988. En Colombia la extradición significó una guerra de los carteles contra el Estado para evitarla, y en esa guerra murieron miles de colombianos.

Sin embargo, a mediados de los años 1990 las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos adoptaron de modo sistemático la política de negociación de penas y de delación de redes como táctica para desmantelar organizaciones criminales. Este sistema, que se denominó “programa de resocialización de narcotraficantes”, desvertebró muchas mafias de traficantes pero con un costo muy grande que desvirtuó los resultados positivos, pues las recompensas eran tan grandes y desproporcionadas que la extradición perdió su sentido disuasivo. Traficantes que eran extraditados a los pocos años, y algunos casos en meses, quedaban libres, gozando en buena medida de sus fortunas. No en pocos casos grandes traficantes preferían ser extraditados y negociar con la justicia o, simplemente, negociaban su extradición.

Tres propuestas para la construcción de un nuevo pensamiento sobre drogas

Un nuevo pensamiento sobre el tratamiento del fenómeno de las drogas debe construirse reforzando dos ideas básicas:

• El consumo de drogas psicoactivas no es deseable para el individuo que lo realiza, ni para su familia que la padece, y puede incluso destruirse cuando hay un(a) adicto(a), ni para la sociedad en su conjunto. La adicción y el consumo son indeseables, no por razones morales sino de salud pública.

• La drogas son adictivas y su disponibilidad en un ambiente social, y su consumo recreacional –así sea ocasional– por parte de jóvenes, en especial, puede llevar a adquirir la adicción.

Por tanto, la disponibilidad de estas sustancias es peligrosa y debe evitarse en lo posible. Eso no se discute. Lo que sí se debate es si el estatus legal de las drogas y las penas por poseerlas, producirlas, traficarlas, constituyen la mejor alternativa para evitar el consumo, la adicción y la disponibilidad de drogas en las sociedades.

1. La mejor política antidrogas es atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas y no simplemente lo referente a las drogas

En todos los temas tratados en este libro surge un elemento común: es imposible reducir los problemas asociados a las drogas ilícitas sin intervenir el contexto en el que operan.

Por ejemplo, es limitado e inconveniente poner en práctica una efectiva política de sustitución de cultivo promoviendo desarrollo alternativo, aislada de una política general de desarrollo rural. Subsidiar a los agricultores que cultivan amapola o coca, para con ello incentivar el abandono del cultivo, sin intervenir el ambiente más amplio del desarrollo rural, tendría sólo resultados parciales, pues nuevos cultivadores entrarían a producir en reemplazo de quienes dejan el cultivo.

Algo semejante ocurre en circunstancias en las que las drogas ilícitas hacen parte de la financiación de grupos armados en conflictos internos. Stepanova indica en su trabajo en este libro que la prioridad debería ser poner fin al conflicto armado, así sea necesario dejar intacto, por un tiempo, el componente del negocio de drogas en una primera instancia. Es decir, pretender resolver o eliminar el componente de financiación de dineros de las drogas en un conflicto es ilusorio. La prelación debe ser ponerle fin al conflicto y no ponerle fin, de inmediato, a la financiación con drogas. Si el conflicto termina, el ambiente que permite la producción y tráfico también rescinde.