Juan Gabriel Tokatlian - Drogas y prohibición

El uso de la marihuana y sus derivados, como tranquilizantes después de tratamientos de quimioterapia, está proscrito en este régimen. En algunos estados de Estados Unidos2 y en provincias de Canadá, se han intentado referendos para permitir este uso.

El mapa siguiente muestra la consideración legal del uso de la marihuana.

Mapa 1

Fuente: http://digg.com/health/Map_World_Cannabis_Laws_Holland_isn_t_the_only_country. Mapa Tomado de Wikipedia3

3. No todas las sustancias que producen alteraciones mentales están prohibidas ni todas las sustancias prohibidas producen alteraciones mentales.

El régimen de prohibición enfatiza la proscripción de las sustancias de origen vegetal y en esas incluye, por ejemplo, al cáñamo indio, que es una planta de la familia de las cannabis pero que no contiene sustancias psicoactivas, y no incluye a los derivados químicos que no tienen origen vegetal y que son fabricados por multinacionales farmacéuticas.

Anomalías respecto a las políticas antidrogas

4. Atacar la oferta en la fuente de producción no eleva proporcionalmente el precio final.

La cuarta anomalía es la que derrumba la teoría subyacente sobre la política antidrogas de afectar la oferta de drogas en los países fuentes de producción. La política de reducción de áreas de cultivo ha sido la piedra angular de la doctrina estadounidense contra las drogas, tanto en relación con el cultivo de coca en los países andinos, como de amapola en las zonas de América Latina donde se produce y en Turquía, Afganistán y otros países asiáticos.

La lógica de esta política es simple: si se afecta la oferta se encarece la materia prima básica del bien final, sea cocaína o heroína según el caso, y esto elevaría los precios del producto final; lo cual, a su vez, disuadiría a consumidores ocasionales a adquirir la sustancia. Hay dos supuestos subyacentes en esta lógica. Uno es que la demanda tiene cierto grado de elasticidad, lo que provocaría que un aumento en el precio reduciría la cantidad demandada. Esto no es consistente con la demanda de sustancias que crean adicción, pues ésta se muestra inelástica. El segundo supuesto es sobre el modelo de formación de precio final de las drogas, el que en la lógica convencional se supone multiplicativo, como reza la literatura sobre producción oligopolista. Estudios económicos recientes, como el de Kopp en este volumen, muestran que se trata de un modelo agregativo de precios y que, por tanto, una reducción en la cantidad ofrecida por erradicación de cultivos, que provoque un aumento de precios de la materia prima al doble (pasta de coca y pasta de amapola) sólo produciría un aumento en el producto final. Estos hallazgos, deudores de estudios cuantitativos, indican que los esfuerzos y costos encaminados a reducir la oferta para aumentar el precio final no logran su propósito por estar basados en una teoría inadecuada.

5. Una quinta anomalía es la militarización de la política antidrogas como solución a la ausencia de un control efectivo del Estado en zonas de países con conflictos internos y con estados débiles.

Recurrir a la militarización como solución es resultado de un enfoque particular de la política estadounidense frente a América Latina. Durante los años de la Guerra Fría la estrategia de Washington buscó reforzar a los ejércitos latinoamericanos para que se convirtieran en instituciones con estructuras sólidas, con recursos bélicos y financieros abundantes y con un significativo poder, del que son conocidos sus abusos. Paralelamente, la doctrina estadounidense sobre la policía en América Latina las identifica como cuerpos locales que, sumada a la anterior consideración, nunca recibieron un apoyo significativo y fueron, en general, instituciones sometidas a la tutela militar. Solamente tres países, Chile, Ecuador y Colombia tenían para los años 1980 y 1990 cuerpos de policía con relativa capacidad de operación a nivel nacional. Por estas razones la política antidrogas de Estados Unidos centraba en las instituciones militares la capacidad de generar acciones efectivas antinarcóticos, ya fuera en la persecución de capos de drogas o en acciones de erradicación de cultivos.

Al terminar la Guerra Fría la política estadounidense reiteraba la necesidad de encontrar nuevos roles para las fuerzas militares latinoamericanas; entre ellos el de labores antinarcóticos.

Adicionalmente, la interdicción aérea y marítima implicaba reforzar los cuerpos aéreos y navales que hacen parte de las instituciones militares.

La demostración final de la escasa o nula efectividad de la militarización como receta para controlar las drogas ilícitas es la experiencia de Afganistán, país totalmente militarizado, ocupado con más de setenta mil efectivos de fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Antes de esta ocupación, en 2001, durante el gobierno Talibán la heroína producida en este país fue 74 toneladas. En 2006, en el quinto año de ocupación liderada por Estados Unidos, la producción de heroína fue 6.100 toneladas. Y en 2008 produce el 87% de la heroína del mundo. En el país más militarizado del mundo, con fuerzas predominantemente estadounidenses, la explosión de producción de heroína ha sido incontrolada.

6. Una sexta anomalía se refiere a la presentación del Plan Colombia como un ejemplo de éxito.

El Plan Colombia fue una iniciativa que respondía al cambio estructural que había tenido el negocio de las drogas. Hasta mediados de la década de 1990 el negocio de la coca tenía como características básicas estos rasgos. La hoja de coca se cultivaba principalmente en Perú y Bolivia, que producían 80% o más de la hoja, y allí se procesaba en pasta, que se trasportaba en pequeños aviones por la cuenca amazónica del territorio colombiano, donde se mezclaba con insumos químicos y se convertía en cocaína. Se enviaba a Estados Unidos que consumía el 90% de la cocaína del mundo. Los carteles formados por colombianos tenían control del acceso al mercado estadounidense. A mediados de los años 1990 se dieron dos trasformaciones sustanciales.

La primera: los carteles colombianos fueron destruidos y el control de acceso al mercado de Estados Unidos pasó a carteles mexicanos. La segunda: por una combinación de eventos se redujo el área bajo cultivo en Perú (Valle del Huallaga) y en Bolivia (Valle del Chapare), y Colombia se convirtió –casi de la noche a la mañana– en el mayor productor de hoja de coca. De un año a otro, de 1994 a 1996 Colombia pasó de tener veinte o treinta mil hectáreas adecuadas para siembra de coca a tener casi doscientas mil. Además, todos estos nuevos cultivos se ubicaron en zonas donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían fuerte presencia; esto es, en el sur-occidente del país. Estas doscientas mil hectáreas de hoja de coca fueron el motor del crecimiento de las FARC en la última década.

Estas trasformaciones en el negocio de la coca motivaron una aproximación distinta al control del negocio ilícito. La racionalidad en la lucha antidroga ha sido afectar la oferta para dos propósitos. Primero, para disminuir el suministro de alcaloide a los mercados. Segundo, para elevar el precio al consumidor; lo que disuade a nuevos consumidores para entrar al mercado de la demanda. El Plan Colombia, por tanto, era un enfoque adaptado a la nueva realidad del emporio de las drogas en la cual un alto porcentaje del área cultivada estaba protegida por un grupo armado con alto poder de fuego y en zonas de difícil acceso. De ahí la necesidad de reforzar al Ejército como la única fuerza con capacidad para proveer seguridad en la erradicación en esas áreas.