Carlos Hakansson - Curso de Derecho Constitucional

e) Un pacto se complementa con otras fuentes del Derecho

Un pacto constitucional puede complementarse con el tiempo ya sea con otros pactos o con distintos tipos de normas (de preferencia leyes ordinarias y orgánicas), jurisprudencia, costumbres y tradiciones. Distintas fuentes del derecho sin importar la jerarquía entre ellas dado que refuerzan una idea medular: la limitación al poder.

Por todo lo anterior, vistas en paralelo, la ley y el pacto, y atendiendo a la finalidad de toda Carta Magna, nuestra posición es que la Constitución debe ser fruto de un gran acuerdo, aunque su “envoltura” sea en apariencia una ley124. Si la teoría constitucional nos dice que las primeras constituciones fueron pactadas, el monarca con sus súbditos, los actores nos deben preocupar menos que los contenidos. Un documento que está llamado a perdurar en el tiempo debe ser fruto de un pacto, el cual puede ajustarse a los tiempos modernos a través de enmiendas, pero sin alterar su esencia fundacional; entonces, si la Constitución está más cerca de ser un pacto que una ley, los últimos años no han sido fructíferos para conseguirlo. Si hacemos memoria histórica, la Constitución de 1979 no fue firmada por los constituyentes de ideología socialista y el contenido de la Carta de 1993 fue redactado e impuesto por la mayoría parlamentaria del Gobierno, de manera similar a la elaboración de una ley ordinaria cuando el ejecutivo tiene mayoría en el Congreso; además, si bien la Constitución de 1993 fue aprobada por referéndum, en la práctica, como sabemos, se trató más bien de un plebiscito al ejecutivo.

En la actualidad no es difícil que una Constitución contenga formalmente todos los elementos y características de una moderna Carta Magna, pero es evidente que su tradición democrática nos dirá si nos dice o no la verdad. La experiencia democrática tomará el pulso a cualquier Constitución. En el Perú pensamos que lo principal es elaborar es una nueva Constitución para alcanzar la democracia, olvidando que existen países que carecen de ella como es el caso del Reino Unido. Si bien hoy en día es inconcebible un Estado sin Constitución, también es cierto que es imposible que una Carta Magna pueda convertir en democrático a un Estado. La Constitución solo se encargará de señalar el camino.

IV. ¿CÓMO LOGRAR UN PACTO CONSTITUCIONAL?

¿Cómo lograr que la Constitución peruana sea un pacto para alcanzar la democracia, la participación, así como la protección de los derechos y libertades? Existen dos maneras de conseguirlo. La primera es por medio de los acuerdos fundamentales, pero ellos solo son posibles en aquellas sociedades que cumplen con determinados presupuestos históricos, sociales, jurídicos, culturales y éticos; como son por ejemplo los casos del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica; curiosamente, ambos países son anglosajones y, a su vez, los lugares donde se difundió el constitucionalismo.

La segunda forma es por medio de una transición política como son los casos de España y Chile, un proceso que nunca se ha dado en nuestro Estado. En efecto, en el Perú pensamos que para lograr una transición hacia la democracia solo basta convocar una asamblea constituyente, un gobierno transitorio, y en el mejor de los casos también una consulta popular. En realidad, elaborar una Constitución, que no es poco, solo es el primer paso. Paralelamente al trabajo de una asamblea y en aras de consolidar un proceso de transición democrática, se debe lograr un pacto entre todos los factores reales del poder (es decir los políticos, los medios de comunicación masiva, el sector empresarial y las fuerzas armadas) para garantizar, como mínimo, lo siguiente:

A) No discutir el contenido de la Constitución una vez elaborada y aprobada por referéndum

Es decir, los ciudadanos debemos que hacer un “acto de fe” con la Constitución, convencernos de que quizá sea el medio “menos malo” para consolidar la estabilidad política. Para lograrlo es importante el concurso de los medios de comunicación, así como evitar, o no prolongar, los períodos de crispación política porque afectan sensiblemente la estabilidad. De igual manera debemos convencernos que las constituciones no fueron elaboradas para que seamos mejores ciudadanos, menos para realizar los llamados derechos sociales si dichas disposiciones no vienen acompañadas, principalmente, de efectivas políticas de desarrollo en los campos de la salud, la educación, y la vivienda.

Lo que se requiere es una Constitución duradera, de gran consenso, y aprobada bajo un procedimiento transparente para que sea inobjetable por las fuerzas políticas y sociales. Las constituciones de origen polémico, es decir, aquéllas aprobadas por la sola fuerza de una mayoría y sin un previo acuerdo nacional, no son eficaces para iniciar una transición democrática. La Constitución deberá reconocer el voto facultativo, para ello será necesaria una disposición final y transitoria que establezca su fecha de aplicación, pero durante ese tiempo el Estado y la sociedad civil tendrán que cumplir, progresivamente, unas metas fundamentales; señalamos algunas de ellas:

1) La consolidación de partidos políticos, debidamente formalizados, con líneas ideológicas definidas, planes de gobierno concretos, y no más de cuatro representaciones en el Congreso para garantizar la gobernabilidad. La necesidad del voto facultativo hará que los partidos no descuiden su presencia en todo el territorio nacional, por lo tanto, buscaran más militantes, se organizarán y se preocuparán en formar a sus políticos para representar mejor a sus ciudadanos. De lo contrario ellos no los votarán en las próximas elecciones.

2) El voto facultativo obliga a los gobernantes a tomar medidas que le den prioridad a la lucha contra el analfabetismo, buscará aproximar el Estado hacia aquellas zonas del país que le impiden llevar, entre otras necesidades, la educación cívica que los involucre en las grandes decisiones, como es la de elegir a nuestros gobernantes. De lo contrario la Constitución solo será reconocida y vivida por la Costa.

3) Con relación al derecho de sufragio pensamos que lo más prudente es que su ejercicio se otorgue a los ciudadanos con veinticinco años de edad, dado que también debemos considerar el perfil del elector. Un ciudadano de veinticinco años puede reunir o sentirse identificado por lo menos con alguna de estas características: empleado, desempleado, empresario, trabajador, propietario, deudor, jubilado, o pertenecer a un grupo de atención legislativa: condición de la mujer o niños en situación de abandono, por ejemplo, unas circunstancias que forman parte de los planes de gobierno de los candidatos y que son de especial interés para los electores.

4) Un calendario de metas donde cada cinco años se expongan a los ciudadanos los logros alcanzados y las tareas por cumplir para consolidar la democracia. No olvidemos que durante nuestra historia republicana no hemos tenido más de tres gobiernos democráticos consecutivos. En resumen, no se trata solo de exponer los logros económicos, sino también los del modelo político.

5) Pese a que pueda parecer anecdótico, el efecto político de instaurar en el calendario nacional un día de la Constitución sería una clara señal de que ésta será la última, una fecha que se convertirá en la obligada referencia para analizar los progresivos avances en la consolidación de las instituciones democráticas. De lo que se trata en el fondo es que, con el tiempo, a la Constitución se le considere como un símbolo patrio más, como la bandera, el escudo, el himno o la escarapela.

B) El respeto y ejecución de los fallos judiciales, en especial aquellos que afecten al gobierno

Quizá este requisito sea la manera más objetiva de medir el desarrollo del constitucionalismo en un país. Con relación al órgano encargado de controlar la constitucionalidad, ya sea el Tribunal Constitucional o una sala especial en la Corte Suprema, pensamos que más importante que preocuparnos en la forma o el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las normas, ya sea difuso o concentrado, lo que debemos garantizar es que los jueces sean realmente independientes e inamovibles. Sin esas dos premisas no será posible el eficaz funcionamiento de cualquier modelo de jurisdicción constitucional. En ese sentido, y pese a lo anterior, también debemos destacar en los últimos años de un notable enriquecimiento de contenidos en las resoluciones del Tribunal Constitucional peruano.