Sebastián Hincapié Rojas - De acusados a acusadores

Pese a esta constatación, son pocos los estudios que se han preocupado por desarrollar otras miradas sobre el delito político y, de hecho, en Colombia sigue siendo poco el interés que ha demostrado la sociología y la historia por el delito político y la justicia penal militar, dejando estos problemas al derecho y ocasionalmente a la ciencia política. El predominio de algunos conceptos como el de estado de excepción ha generado que la mayoría de las investigaciones se vean limitadas a la órbita estatal, observando principalmente los cambios institucionales o la producción legislativa, para finalizar caracterizando un Estado autoritario en contraposición a un Estado de derecho o focalizándose en la instrumentalización del derecho para los fines impuestos por la guerra. Asimismo, muchas de las investigaciones colombianas han destacado el papel que jugaron los estados de sitio en la represión de la protesta social afirmando que éstos fueron “la continuación de la guerra a través del derecho”.16

Si bien no pretendo desconocer los grandes aportes de estas investigaciones, considero importante resaltar que una de sus falencias ha sido la comprensión de la relación entre guerra y derecho más allá de las leyes y los decretos de carácter represivo. Aunque el uso de tribunales castrenses contra civiles fue posible gracias a las gabelas dadas por los civiles a los militares a través de las atribuciones especiales y, en otros casos latinoamericanos, gracias a las medidas tomadas por las dictaduras militares que azotaron el continente, su análisis no se puede limitar a una recopilación sistemática de los decretos represivos.

No pretendo distanciarme de un camino que, a mí parecer de manera acertada pero limitada, ha sido abonado por múltiples investigadores que han señalado el concepto de estado de excepción como eje articulador entre la guerra y el derecho. Este concepto resulta más preciso que los términos estado de sitio militar o estado de sitio político, en tanto que el estado de excepción contiene en sí mismo la extensión de determinados poderes a la autoridad militar, así como la suspensión de la constitución o de las normas constitucionales que impidan restablecer el orden o la norma violada.17 De ahí que en la presente investigación no se conciba el estado de excepción como una mera negación del estado de derecho, sino, como “un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo”.18 Aún hoy, dicha figura es permitida por los Estados de derecho cuando aparece una situación límite; en este sentido el estado de excepción no es la mera negación del Estado de derecho, sino, la reacción de éste a un problema jurídico esencial, a saber, la oposición entre derecho y realización del derecho.19

El concepto de estado de excepción conlleva entonces a una reflexión sobre la legislación autoritaria que, junto con decisiones políticas, permitieron delegar a los militares algunas funciones de otras ramas del poder público, como fue el caso de la justicia penal militar y sus atribuciones para el juzgamiento del delito político y otras tipificaciones penales. Es la necesidad de la pacificación y el retorno al orden lo que motiva la declaración de un estado de excepción, orden que ha sido alterado por un enemigo del Estado, el cual, como bien han señalado variados estudios, fue encontrado principalmente en las movilizaciones sociales que expresaron el descontento popular con algunas medidas gubernamentales, más que en las acciones de los movimientos guerrilleros, las cuales solo tomaron grandes dimensiones a finales de los años setenta.20 En este sentido el concepto de estado de excepción para el caso colombiano estará ligado a los decretos y disposiciones jurídicas que fueron emitidos principalmente al amparo del artículo 121 de la constitución de 1886, pero no se reduce a estos, puesto que el problema de la excepcionalidad es un problema más político que jurídico, problema que además suele aparecer en periodos de crisis política como lo fueron las décadas de 1960 y 1970 y que cubre acciones que no necesariamente se encuentran reglamentadas por el derecho.

Así, por ejemplo, el uso de torturas y la utilización de mecanismos que no estaban contemplados en los decretos emitidos bajo estado de sitio, también deben ser comprendidos dentro de las medidas excepcionales que fueron toleradas, y en algunos casos justificadas, por los representantes del Estado en aras de reestablecer el orden. Adicionalmente, en el caso colombiano muchos decretos de excepción fueron incluidos en los años posteriores al ordenamiento jurídico ordinario y en otras ocasiones algunas disposiciones excepcionales continuaron ejecutándose luego del levantamiento del estado de sitio aun sin ser incluidas en la legislación corriente, por lo que restringir tal concepto solo a las medidas dictadas en medio del estado de sitio imposibilitaría una visión más amplia de la relación entre derecho y política.

Otra característica importante del estado de excepción es la abolición temporal de las fronteras que dividen el poder político, judicial y legislativo.21 Esta característica, que ha sido subrayada de manera continua por los investigadores colombianos, se encuentra demostrada principalmente en el uso de la Justicia Penal Militar (jpm) en contra de civiles, la cual contribuyó a difuminar las fronteras entre el poder ejecutivo y el poder judicial, con el agravante de que la jpm llegó a juzgar alrededor del 30 % de los delitos consignados en el código penal.22 En últimas, el concepto de estado de excepción permite explicar la paradoja de una ley constitucional que ayuda a suspender la constitución misma en caso de ser necesario, y que posibilita una fuerza creadora de derecho (decretos de excepción) puesto que la norma existente no es capaz de responder a la situación existente.23

Pero si el estado de excepción ha sido un concepto de reflexión constante en los estudios jurídicos colombianos del siglo xx, el de delito político hunde sus raíces hasta el siglo xix. Conceptualmente el delito político cuenta con una larga tradición en la jurisprudencia colombiana, de forma que las reiteradas guerras civiles del siglo xix contribuyeron al desarrollo temprano de la figura del delincuente político. Las valoraciones jurídicas sobre los medios y los fines de la acción que debía juzgar se fueron relacionando tempranamente con las sofisticadas discusiones de la dogmática penal que llevó la discusión hacia las teorías objetivistas (centradas en el bien jurídico lesionado) y subjetivistas (centradas en las motivaciones del delincuente político); además, el reconocimiento de la conexidad del delito político rigió los diferentes códigos penales hasta 1980 y la ejecución de amnistías e indultos permitió la solución de buena parte de las guerras civiles del xix y los conflictos armados durante el siglo xx.

En esta investigación el concepto de delito político pretende ser definido de una manera mucho más histórica, entendiendo así aquellos delitos que fueron delimitados en el código penal de 1936 y en el código de Justicia Penal Militar de 1958, como delitos contra el orden constitucional, delitos contra la seguridad del Estado y sus diferentes conexos. Sin embargo, una hipótesis de esta investigación es que entre 1969 y 1982 la jpm evitó al máximo, bien fuera por ignorancia o por premeditación, la imputación exclusiva de delitos políticos, sino que buscó la desnaturalización de éstos a través de la imputación de delitos comunes.

Un ejemplo de lo anterior es la continua imputación del delito de asociación para delinquir, pero este no ha sido un fenómeno único del caso colombiano, sino que en términos más abstractos es la situación que plantea Orozco sobre la oscilación del delito político entre la criminalización y el tratamiento benévolo a través de su reconocimiento como combatiente-rebelde.24 De hecho, justo al final del periodo que abarca esta investigación se abre toda una discusión sobre la amnistía y el indulto que, como es bien sabido, termina con las leyes de amnistía del presidente Belisario Betancur y la apertura de un escenario de diálogo entre algunas organizaciones guerrilleras y el Estado colombiano.