Sebastián Hincapié Rojas - De acusados a acusadores

Por otra parte, estudios como los de Mauricio Chama para Argentina9 y Alejandro Aponte para Colombia10 se han encargado de mostrar el importante papel que desempeñaron las asociaciones gremiales y los abogados en la defensa de prisioneros políticos. Los trabajos de ambos autores han mostrado una notable preocupación por la labor del abogado radicalizado y la forma en que éste entendió su ejercicio, la política y el derecho. Los años setenta, que Chama analiza, y los años ochenta, analizados por Aponte, son los testigos de una transformación en el uso del derecho por parte de los abogados, los cuales acudirán a nuevas técnicas como la defensa de ruptura para defender a los prisioneros políticos.

La experiencia carcelaria y el significado que adquiere ser preso político es tratada en profundidad por César Seveso en su trabajo sobre Argentina durante los años sesenta. Apoyándose en la legislación represiva de la época, cartas de Perón, reportajes y escritos de prisioneros políticos. El autor capta con agudeza la manera en que los presos políticos vivieron los cambios que estaban teniendo lugar en el Estado argentino en un contexto de creciente radicalización política. Para examinar la experiencia de los prisioneros, Seveso reconstruye procesos de larga duración que van desde la defensa hasta la estancia en prisión de los detenidos, lo que le permite develar tanto la práctica de solidaridad y camaradería de los prisioneros como la idea de un “oasis socialista” que comenzaba a producirse en las prisiones. Seveso logra abordar, de manera muy sugerente para futuras investigaciones, los aspectos políticos, subjetivos y culturales de los prisioneros políticos en un periodo de gran convulsión social.11

En un escrito que parece dar continuidad a algunas de las preocupaciones de Seveso se encuentra María Dolores Ferrero quien analiza las medidas de represión implementadas por el régimen de Somoza en Nicaragua y la experiencia de los prisioneros políticos. La autora se remite a las cartas colectivas e individuales escritas por los presos sandinistas en las que se refleja parte de los lineamientos, aspiraciones y labores políticas que desarrollaban los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) en las cárceles. Dichas cartas sirvieron también como tribunas para denunciar las atrocidades del régimen somocista, las torturas a las que eran expuestos y las difíciles condiciones carcelarias a las que fueron sometidos los presos políticos; de esta manera, la autora logra hilar la represión con la experiencia, exponiendo la continuidad de las luchas políticas desde la prisión y en medio de un contexto represivo que se tornaba cada vez más violento.12

Finalmente, una mirada novedosa en los estudios sobre el delito político y los prisioneros políticos es la que nos sugiere Esteban Pontoriero para reflexionar sobre la mentalidad y las ideas que los militares argentinos tenían sobre sus detenidos. El autor, que vuelve sobre problemas conceptuales como los planteados por Iván Orozco Abad en el primer apartado de este capítulo, va a definir la guerra y el tipo de guerra no por referencia al Derecho Internacional Humanitario (dih), sino por referencia a la interpretación que hicieron los militares del momento que estaba viviendo el país y la manera en que esta incidió en sus acciones. Es por ello que Pontoriero se inclina a hablar de guerra subversiva, concepción que cambió la forma en que los militares interpretaron y actuaron con respecto al “enemigo interno”, puesto que no consideraron necesaria la aplicación del dih, ni siquiera en lo relativo al manejo de prisioneros de guerra, pues para las fuerzas armadas no era una guerra convencional. Gracias a la consulta de manuales de contrainsurgencia y de manejo de prisioneros de guerra, en los reglamentos del ejército y en otras producciones escritas de los militares, Pontoriero muestra que la definición misma de guerra y prisionero político estuvo permeada por imaginarios bélicos que determinaron cómo operar sobre la realidad.13

Los trabajos que he mencionado en este último apartado captan mucho mejor las transformaciones institucionales y la acción de los sujetos, remitiéndonos a un debate clásico para la sociología: la relación acción-estructura. Asimismo, los planteamientos de estos autores logran, en primer lugar, romper con las ideas que ponía a los represaliados como meras víctimas y, en segundo lugar, superar el énfasis en las estructuras jurídicas pero sin despreciar sus relevantes elementos para el análisis. Esta investigación se basa en algunos de los caminos que ellos han recorrido para mostrar que la sociología, la historia social y la historia cultural tienen mucho por decir sobre el delito político y los prisioneros políticos.

Por ello, a partir de los conceptos estado de excepción e ideología se propone un nuevo acercamiento a los problemas que nos impone el delito político, los prisioneros políticos y las transformaciones de la estructura represiva colombiana. Aplicando ambos conceptos a los procesos que enmarcaron la justificación de las acciones que tanto prisioneros políticos (juzgados) como militares (juzgadores) llevaron a cabo en los Consejos de Guerra Verbales durante los años setenta del siglo xx. Algunas de las preguntas que orientaron este trabajo son las siguientes: ¿Cuáles eran las posiciones de los militares y los presos frente a los delitos políticos? ¿Qué ideas legitimaban sus acciones? ¿Qué ideas influyeron en las acciones adoptadas durante la acusación y la defensa? ¿Ayudaron estos procesos defensa y acusación acaecidos en los cgv a transformar el delito político?

1.4. Ideología y estado de excepción: una propuesta analítica para el estudio del delito político en los Consejos de Guerra Verbales

El objeto de estudio de la presente investigación no escapa a la ya conocida intersección entre guerra y derecho, encuentra allí un objeto de reflexión común sobre el que han insistido algunos estudios jurídicos. Sin embargo, algunas de estas interpretaciones se han centrado, como mostré en los apartados anteriores, en el análisis de los decretos de excepción dictados en los casi 36 años de estado de sitio que rigieron el país durante la segunda mitad del siglo xx.14 Como consecuencia de esta insistencia analítica, los cgv han sido abordados como un epifenómeno de los estados de excepción o, en las más perspicaces propuestas recientes, ha sido estudiado a partir de los cambios institucionales en la administración de justicia, tal como aparece en el ya citado trabajo de Martha Perdomo. Si bien los cgv fueron posibles por las medidas de excepción, el análisis de una realidad tan compleja invita a no limitarlos a éstos; estudiar un fenómeno como el delito político a través de los consejos de guerra implica comprender que los decretos de excepción son solo una parte de la historia. A propósito de los procesos de defensa en casos relacionados con el delito político, Alejandro Aponte señala la importancia del escenario judicial:

Si en nuestro país, la norma jurídica ha sido utilizada como instrumento privilegiado del Estado para combatir los diversos actores que lo enfrentan, especialmente el rebelde revolucionario y con él, otras formas del delito político y la simple oposición civil, estudiar cómo se trabaja con el derecho, cómo se lo concibe y se lo utiliza en los estrados judiciales, constituye un capítulo esencial de la relación entre Guerra y Derecho en Colombia. El escenario judicial es un teatro vivo de esa relación. La defensa de presos políticos expresa en la cotidianidad, en los casos y en las sentencias judiciales, los cambios que experimenta la lucha del Estado con sus opositores armados y, más allá, con los no armados, que son también convertidos en víctimas por la norma penal utilizada indiscriminadamente.15