Sebastián Hincapié Rojas - De acusados a acusadores

El rol jugado por la revista Alternativa fue fundamental y desde su nacimiento se convirtió en uno de los medios de comunicación que denunció, con más ahínco, el funcionamiento de los cgv. La participación de abogados como Eduardo Umaña Luna, quien fuera decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional sede Bogotá, no solo dieron un prestigio particular en términos jurídicos a la publicación, sino que la dotaron de una profundidad e independencia poco vista en otras publicaciones de la izquierda colombiana. Este hecho, junto con la aparición de artículos que no se reducían a los ámbitos académicos, sino que conjugaban análisis y denuncia, hacen de Alternativa una revista singular, muy diferente a revistas como Documentos Políticos y Estudios Marxistas que estaban vinculadas directamente con partidos políticos y cuya principal finalidad era la producción teórica. La profundidad investigativa de Alternativa y las fotos de algunos de los cgv permiten hacerse una idea más clara del funcionamiento, el posicionamiento e incluso la ubicación física de militares y civiles en los cgv; de otra parte, la versión de Alternativa sobre los hechos es una buena ilustración de la representatividad que tenía para los sectores de izquierda, las facultades de los militares en materia de justicia. Por su parte, el semanario Voz proletaria fue uno de los medios de comunicación que registró con mayor sistematicidad la realización de cgv en el país. La manera en que estos medios registraron los cgv resultó clave para esclarecer buena parte de la historia que a continuación se presenta.

El presente libro se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primero, retomo la discusión sobre el delito político y los prisioneros políticos en Colombia y otros países de América Latina, principalmente Argentina; allí argumento que los análisis colombianos se han visto notablemente limitados al campo jurídico, mientras que los análisis sociológicos e históricos han estado parcialmente ausentes; posteriormente planteo una forma diferente de abordar el problema, ya que tradicionalmente ha estado anclado en la esfera jurídica. En el segundo capítulo, me concentro en el uso histórico del estado de excepción y el establecimiento de la prisión política como una de las principales herramientas represivas desde los años sesenta. En el tercer capítulo, profundizo en las herramientas jurídicas que reglamentaron el delito político durante la década del setenta y analizo el funcionamiento de los cgv, tanto en su dimensión legal como en la ilegal. El cuarto capítulo lo dedico al análisis de los procesos de acusación desarrollados por los militares, sus prácticas y su interpretación del delito político. Finalmente, en el quinto capítulo me enfoco en el rol que la ideología jugó en las prácticas defensivas que utilizaron los prisioneros políticos.

1. José Mario Aguilera Peña, “Canje o fusilamiento: Los presos políticos en las guerras del siglo xix”, Análisis Político 19, no. 58 (2006): 35-68. José Mario Aguilera Peña, “Amnistías e indultos, siglos xix y xx”, Credencial, no. 137 (2001): https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/46262/47866; José Mario Aguilera Peña, “Refundemos la nación: perdonemos a delincuentes políticos y comunes”, Análisis Político 25, no. 76 (2012): 5-40.

2. Gonzalo Sánchez Gómez, “Guerra y política en la sociedad colombiana”, Análisis Político, no. 11 (1990): 7-27.

3. Libardo José Ariza Higuera, Felipe Cammaert Hurtado y Manuel Iturralde, Estados de excepción y razón de estado en Colombia (Bogotá: Estudios ocasionales cijus, Universidad de los Andes, 1997).

4. GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (Bogotá: Imprenta Nacional, 2013), 208.

5. “Allanamientos, torturas, asesinatos: Represión a discreción”, Alternativa (Bogotá), 6 al 13 de noviembre de 1978: 4.

1. Delito político y prisioneros políticos: elementos para su interpretación desde las ciencias sociales

Evidentemente la cuestión de «¿Cómo deviene delincuente alguien y por qué lo hace?», suscita respuestas muy distintas de las que pueden surgir cuando a ese delincuente se le adjetiva: «¿Cómo deviene en delincuente político, por qué lo hace?».

William Freddy Pérez, La difícil aproximación al delito político

Parte del argumento sobre el que se encuentra erigido este libro, radica en que es necesario comprender lo que estaba en juego con el delito político para poder explicar la manera en que se desarrollaron los cgv durante los años setenta. Por ello, expongo a continuación algunas de las discusiones suscitadas en torno a su interpretación en América Latina, prestando una atención especial a las propuestas metodológicas, las fuentes utilizadas y los énfasis analíticos. Los estudios retomados, en su gran mayoría, se centran en el caso colombiano, pero la riqueza del debate y de algunos estudios en América Latina –principalmente en Argentina– me han llevado a dialogar de una manera más amplia con trabajos que privilegian perspectivas cercanas a la sociología y la historia, las cuales suelen ir más allá de algunos de los elementos propuestos principalmente por el derecho y la criminología para acercarse a la experiencia y las ideas de los prisioneros políticos.

Finalmente, se define la propuesta analítica sobre la que se basó esta investigación, la cual se estructuró alrededor de dos conceptos centrales: estado de excepción e ideología. Ambos conceptos, como se verá en el desarrollo del libro, permitieron explicar; en primer lugar, fenómenos políticos y represivos de larga duración que terminaron por determinar la forma en que los cgv se desarrollaron; en segundo lugar, la manera en que jueces militares y acusados entendieron el delito político y cómo esta comprensión incidió, de diversas formas, en las acciones llevadas a cabo en los cgv ejecutados en Colombia entre 1969 y 1982.

1.1. El derecho frente al delito político: entre el derecho de guerra y el estado de sitio

En el caso colombiano ha existido un predominio claro de las propuestas jurídicas y socio-jurídicas para el análisis del delito político.1 En buena medida, la preocupación por el derecho internacional de las guerras o ius in bello, el cual reflexiona sobre un derecho que permita imponer una normativa a las guerras y que ha traído consigo toda una legislación consignada principalmente en el derecho de la Haya y en los convenios de Ginebra, ha sido traducido en una gran cantidad de trabajos sobre la guerra en Colombia que han estado motivados por las posibilidades de una solución negociada al conflicto armado.

Así, por ejemplo, Iván Orozco Abad ha desarrollado un trabajo guiado por la aplicación de la normativa y el trasfondo de las ideas filosóficas y jurídicas que encarnan la visión internacional del delito político a la luz de la historia colombiana, preguntándose qué podemos entender por guerra y Estado. Estas preguntas adquieren mayor relevancia en cuanto el delito político se ha encontrado en una disyuntiva histórica y teórica constante: su criminalización o su tratamiento político-militar. Dicha disyuntiva ha movido el delito político en dos direcciones opuestas en diferentes épocas históricas; así, cuando ha primado el tratamiento político-militar se ha reconocido el carácter político de la guerra y se ha puesto en entredicho el monopolio de la violencia por parte del Estado, posibilitando la relativización del enemigo y poniéndolo en una posición de simetría moral en la que se le reconoce su estatus de combatiente-rebelde y se abre el camino para un castigo más benévolo o para una negociación política; mientras que, cuando ha primado su criminalización, el rebelde se ha visto excluido de un tratamiento jurídico privilegiado y se le ha negado el reconocimiento como interlocutor político.2