Virginia Martínez - Política y memoria

Las transformaciones en la legalidad e institucionalidad estatal promovidas por la dictadura uruguaya estuvieron relacionadas con la ampliación coordinada de la represión al ámbito regional. Esta extensión justificó una concepción de “soberanía” ampliada a los países limítrofes, principalmente la República Argentina, y la persecución de personas y grupos que el régimen consideraba que atentaban contra la seguridad interna.

Si bien los antecedentes de la concepción ampliada de soberanía se remontan a la dictadura brasileña (1964) a través de las fronteras ideológicas o móviles, con los golpes de Estado y dictaduras de nuevo tipo instauradas casi simultáneamente en Uruguay, Chile y Argentina, entre 1973 y 1976, la coordinación represiva regional adquirió un carácter permanente, y luego con el Plan Cóndor, asumió dimensiones operativas coordinadas a cargo de los gobiernos, servicios de seguridad y cancillerías de la región con el apoyo y la intervención de los Estados Unidos.

El acta fundacional del Plan Cóndor está fechada en noviembre de 1975, y fue resultado de una primera reunión interamericana de organismos de inteligencia convocada por la Dirección de Inteligencia Nacional (dina) en Santiago de Chile. Allí, el coronel José A. Fons, quien participó en nombre del Servicio de Información de Defensa (sid) de Uruguay, fue quien propuso el nombre de “Cóndor” para dicha transnacional de la represión. Ello modificó una parte del organigrama clandestino del Estado-dictadura fuera de fronteras, el personal burocrático asignado, los recursos técnicos y financieros para las operaciones encubiertas (transporte, comunicaciones, armas, infraestructura de vigilancia en puertos y aeropuertos, coordinaciones). En este marco, la obtención de dinero de las organizaciones y militantes perseguidos como botín de guerra, particularmente en la Argentina, constituyó un objetivo central de las acciones de las fuerzas de seguridad, junto a los fines propiamente militares y políticos del régimen, incluso para reinvertir parte de esos fondos en la infraestructura represiva ilegal.

Esta coordinación represiva dio lugar a una serie de operaciones particularmente cruentas. El 24 de julio de 1976, se produjo el primer vuelo o traslado ilegal de prisioneros desde Argentina (recluidos en el Centro de Detención Clandestino “ Automotores Orletti”) a Uruguay (alojados en el “300 Carlos R” y luego en la sede del sid). Fueron trasladados un total de 22 militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (pvp) y un matrimonio del mln quienes sobrevivirán a la acción represiva luego de cumplir la mayoría de ellos años de cárcel en cumplimiento de condenas de la Justicia Militar. En el operativo fue secuestrado un bebé de 21 días, Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti. En agosto de 1976 fue detenida en Buenos Aires y trasladada luego a Montevideo en avanzado estado de gravidez, María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, alojada en el mismo centro clandestino (sede del sid) que los integrantes del “primer vuelo”, junto a dos menores de edad, Anatole y Victoria Julién Grisonas, hijos de detenidos-desaparecidos en Argentina.[15]

El 5 de octubre de 1976, en el segundo vuelo clandestino de Argentina a Uruguay, fueron trasladados alrededor de 26 militantes del pvp, finalmente desaparecidos. La existencia de dicho vuelo fue reconocida por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea uruguaya en informe solicitado por el presidente de la república, Tabaré Vázquez, el 8 de agosto de 2005.

También en el año 1976, el 20 de mayo, aparecerán en Buenos Aires los cadáveres del senador frenteamplista Zelmar Michelini y del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a los cuerpos del matrimonio Barredo-Whitelaw, militantes del mln-Nuevo Tiempo asesinados en un operativo conjunto. Un día antes, el 19 de mayo, fue detenido y desaparecido Manuel Liberoff, dirigente del Partido Comunista, exiliado en Argentina.

El 4 de octubre de 1976, en el balneario de Punta del Este, son secuestrados los hermanos de nacionalidad argentina, Claudio y Lila Epelbaum, quienes fueron transportados ilegalmente a la Argentina y recluidos en el centro clandestino El Banco, donde desaparecieron.

En marzo de 1977, fueron detenidos en Asunción del Paraguay, los militantes del pvp, Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. Hay documentación probatoria de la participación de un militar uruguayo, el Mayor Carlos Calcagno, en los interrogatorios. Los detenidos, entre los que se encontraban también otros tres ciudadanos argentinos, fueron transportados en un vuelo ilegal a la República Argentina el 16 de mayo, donde desaparecen definitivamente.

El 16 de noviembre de 1977, fue detenido en la ciudad de Colonia cuando pretendía ingresar con documentación falsa a Uruguay, el dirigente Montonero, Óscar DeGregorio. Fue alojado y torturado en el Cuerpo de Fusileros Navales. Integrantes de la Escuela de Mecánica de la Armada (esma) viajaron clandestinamente a Uruguay para interrogarlo y luego trasladarlo ilegalmente a la Argentina en helicóptero, el 17 de diciembre de 1977. Fue recluido en la esma y desaparecido.[16]

Como resultado de estas últimas acciones represivas en ambas márgenes del Río de la Plata, los servicios de inteligencia detectaron la existencia en la Argentina de un Regional de los Grupos de Acción Unificadora (gau). Entre el 21 de diciembre de 1977 y el 27 de diciembre de 1977 fueron secuestrados en Buenos Aires, catorce personas vinculadas a los gau y una a las Agrupaciones de Militantes Socialistas, todos continúan desaparecidos hasta el presente. Por las mismas fechas, entre el 22 de diciembre y el 3 de enero de 1978, fueron secuestrados en Buenos Aires otros once uruguayos finalmente desaparecidos, integrantes de otras organizaciones con las que los gau mantenían contactos en el marco de la Unión Artiguista de Liberación (ual) o fuera de la misma (Partido Comunista Revolucionario, mln-Tendencia Proletaria). Entre el 20 y 24 de abril de 1978, caen otros cuatro ciudadanos uruguayos militantes del pst en Argentina, quienes fueron probablemente trasladados con final desconocido y se encuentran desaparecidos. El 16 de mayo de 1978, con base en testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos, se realizó un tercer vuelo de la muerte o traslado grupal de los uruguayos detenidos en el mes de diciembre del año anterior; también se encuentran desaparecidos hasta el presente.

La celebración del Mundial de fútbol en Argentina, en julio de 1978, fue el pretexto para aumentar la vigilancia en las fronteras, el intercambio de información, los seguimientos y operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de ambos países para asegurar la normalidad del espectáculo deportivo ante la opinión pública internacional. En ese marco, se produjo otra ofensiva importante contra exiliados uruguayos en Argentina y sus organizaciones de pertenencia así como contra ciudadanos argentinos exiliados en Uruguay.

El 18 de mayo de 1978, son secuestrados en Montevideo y trasladados y desaparecidos en Argentina, el matrimonio Logares-Grispón, quienes fueron vistos hacia finales de junio de 1978 en el “pozo de Banfield”. Su pequeña hija de 2 años, Paula Eva Logares, fue también secuestrada y trasladada, apropiada por un represor, cambiada su identidad, recuperada y restituida a su familia materna (abuela) el 13 de diciembre de 1984.[17]

La necesidad del Estado uruguayo de conformar una paraestatalidad, originada y sostenida desde el interior de la propia estatalidad legal pero que actuara como exterior a ella, en la ilegalidad y extraterritorialidad, atravesó un conjunto de decisiones institucionales y discrecionales y el involucramiento de personal burocrático —civil y militar—, aun antes de producirse el golpe de Estado. Así, sobre todo a partir del año 1971, cuando se toma conocimiento público del accionar de los primeros grupos paramilitares y parapoliciales y los primeros asesinatos y desapariciones forzadas de ciudadanos uruguayos a cargo de los “ Escuadrones de la muerte”, las lógicas operativas y la concepción de guerra interna fueron gradualmente justificando el accionar represivo de las Fuerzas Armadas como operaciones de policía, y consiguientemente, su partinización, asumiendo cada vez más la lógica irregular y clandestina del enemigo interno bajo el postulado de que “donde hay partisanos se actúa como partisanos”,[18] en detrimento de la lógica legal y garantista del mismo Estado de derecho, aún vigente hasta el golpe.