Sebastián Soto Velasco - La hora de la Re-Constitución

Será objeto de controversia también el derecho de propiedad, el cual, aunque se suele ignorar, en la Constitución actual ya está condicionado por las exigencias de su “función social”, de modo que no será el derecho de propiedad mismo el objeto de discusión, sino cómo entendemos la función social y, más precisamente, las formas de indemnizar eventuales expropiaciones exigidas por el bien colectivo.

Posiblemente habrá una pugna entre la democracia representativa y la democracia directa, o sea, se decidirá si tendremos un sistema político que por medio de la representación logre una síntesis y priorización de los legítimos intereses múltiples existentes en cualquiera sociedad plural, o bien si existirá un enfrentamiento crudo entre los grupos de interés que se dirimirá en razón del poder de presión de cada uno de ellos, sin posibilidad de una deliberación compleja, o de negociar y de generar soluciones que no signifiquen un juego de suma cero. Finalmente, en la discusión, algo bizantina para algunos, entre los cuales me cuento, entre el “Estado subsidiario” o el “Estado solidario” el debate versará sobre el rol del Estado, pero por sobre todo sobre el derecho de la sociedad civil de participar, como lo ha hecho desde los inicios de la República, en la solución de los problemas públicos, como los atingentes a la educación y la salud. En todo caso, como bien señala el autor, el principio de subsidariedad de ninguna manera elimina la acción del Estado; prueba de ello es que bajo el imperio de esta Constitución (que en ninguna parte menciona el principio de subsidariedad) tenemos que el 87% de la educación escolar es financiada por el Estado y el 80% del sistema de salud es público. Es por eso que Soto argumenta que la adhesión de los gobiernos de la Concertación a ciertos principios o procedimientos característicos del orden liberal y de la economía de mercado, como las concesiones o privatizaciones, no fueron por imposición de la Constitución sino por la creación de un consenso respecto a los beneficios que el sistema estaba produciendo. Dice el autor: “Si la Concertación creyó en el Estado mínimo, no se debía a la camisa de fuerza que imponía la Constitución, sino a la convicción que inundaba a sus políticos. Las privatizaciones de los noventa, la alianza público-privada que sirvió de base al crecimiento de Chile no era un mandato constitucional; fue una decisión política”.

Hace bien este texto en recordarnos que las constituciones no son programas de gobierno ni deben consistir en una serie de demandas o aspiraciones agregadas; “por el contrario, deberían ser documentos más bien neutros con vocación de permanencia”, pues el rol que pueden jugar es acotado y “que es la política regular la llamada a resolver estos temas”.

Finalmente, no podemos sino hacer nuestros los deseos del autor: “Confiamos en que quienes deliberarán en torno a la futura Constitución serán capaces de construir una cultura política nueva, más responsable y colectiva, menos polarizada, que inunde nuevamente de dignidad a la política y al servicio. Si eso ocurre, si la Convención construye confianzas y sana el odio y el desprecio de los que añoran la refundación, habrá valido la pena”.

Lucía Santa Cruz

INTRODUCCIÓN

Hace casi dos siglos, El Mercurio promovía el inicio del proceso de codificación recordando unas palabras atribuidas a Napoleón: “Mientras se marcha, solo se piensa en llegar; en llegando, se acomodan todas las cosas”1. Hoy la frase parece cobrar nueva fuerza. Ya no pretende motivar el nacimiento de un código, sino que la redacción de una nueva constitución; o mejor, de un momento de reconstitución institucional y política. Quienes empezaron a promover la marcha hacia una nueva constitución hace algo más de una década y quienes nos negamos a ello, por más o menos tiempo, enfrentamos hoy una nueva etapa: aquella en que ha llegado el momento de acomodar las “cosas” que permitirán reconstituir nuestro pacto fundamental.

Las páginas que siguen dan cuenta de algunos de los debates constitucionales que estarán presentes en la Convención Constitucional que comenzará a sesionar en mayo de 2021. Sin caer en profundidades académicas, cada capítulo aborda con fluidez la evolución del texto constitucional y propone algunos caminos en los futuros debates, a fin de mantener las bases de un orden constitucional moderno.

Para eso plantea al inicio una breve historia de la Constitución de 1980, que permite entender por qué llegamos a discutir nuevamente sobre nuestro pacto fundamental. Luego se enfoca en el problema al que debe buscarse una solución para que llegue a buen puerto el camino que empezamos a recorrer. Ese problema está íntimamente anclado a la exigencia por reconstituir no solo instituciones y reglas constitucionales, sino también la política e incluso nuestra propia convivencia.

Los capítulos siguientes abordan los debates que posiblemente se instalarán una vez que la Convención entre en funciones. El primero se relaciona con su funcionamiento y el reglamento de votación. Los que siguen se vinculan con el probable contenido de la nueva constitución: la discusión sobre los derechos, el derecho de propiedad y los derechos sociales, la cuestión de los principios constitucionales, el futuro de la subsidiariedad, entre otros temas. También se abordan materias vinculadas con el nuevo diseño institucional. Se examinan las discusiones sobre el presidencialismo y el semipresidencialismo, el Tribunal Constitucional, los quórums supramayoritarios, los mecanismos de democracia directa, así como otras materias. Por último, el libro revisa temas menos presentes en el debate público, aunque igualmente relevantes en cualquier texto constitucional. Entre ellos están el Poder Judicial y el Congreso Nacional, el futuro de los órganos constitucionalmente autónomos, como el Banco Central o la Contraloría General de la República, y las discusiones sobre descentralización.

Todo esto busca promover un debate más informado, que esté consciente de la historia de nuestro texto constitucional y de su evolución. También, intenta promover una reconstitución de nuestra Carta Fundamental que, proyectando hacia el futuro reglas y normas constitucionales, evite recorrer caminos que pueden alejarnos de la senda del progreso y el bien común.

No puedo dejar de agradecer a muchas personas que han contribuido a este libro. La Directora de Ediciones UC, María Angélica Zegers, lo motivó hace varios meses tras una conversación. El Decano de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile, Gabriel Bocksang, y la vicedecana, Carmen E. Domínguez, han sido siempre un apoyo incondicional en este y múltiples otros proyectos. E igualmente Lucía Santa-Cruz y Juan Luis Ossa Bulnes, quienes revisaron el texto y aportaron valiosas perspectivas. Por último, Sebastián Valenzuela me permitió usar en la portada una de sus obras que reflejan lo que intuyo debiera ser un proceso virtuoso: participación e institucionalidad.

También agradezco por sus consejos y aportes a Claudio Alvarado, Isabel Aninat, Andrés Sotomayor, Felipe Hübner, Gonzalo Blumel, Cristián Larroulet, Arturo Matte, José Miguel Aldunate, Juan Luis Goldenberg y Magdalena Ortega. Asimismo, mis ayudantes de investigación Trinidad Burrows, Camila Allende, Benjamín Viveros, Samuel Guzmán, Christian Yepsen y Anais Ayazi aportaron importante información. Y, por sobre todos los anteriores, quiero agradecer a mi señora, Rosario Willumsen, y a mis hijos e hijas por su apoyo incondicional e infinita paciencia durante los meses de encierro dedicados a la escritura.

Dedico este libro a mi madre, Sylvia Velasco Montt, en quien descansa el poder constituyente de la familia que me hizo crecer.

¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO?