Pierre Brunet - Para un análisis del discurso jurídico

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El tema que se me ha propuesto tratar –el argumento sociológico y las teorías de la interpretación– presenta varias dificultades preliminares que no sé si logre superar.

La primera es que las teorías de la interpretación jurídica no necesariamente se interesan en los argumentos, sean los que sean, que utilizan los juristas al interpretar los textos o el derecho en general. Las teorías de la interpretación jurídica se interesan, por lo general, en la “naturaleza” de la interpretación del derecho. Y el debate presenta tres posiciones distintas: quienes ven la interpretación como una operación del conocimiento (interpretar es conocer o descubrir el significado de un texto jurídico o el sentido exacto de una norma); quienes la ven como una operación de la voluntad (interpretar es atribuirle significado a un texto o también extraer una norma de un texto) y los que la consideran una combinación de ambas. Evidentemente, esta tripartición es discutible y la discusión es objeto de ciertas aproximaciones metateóricas 1. También existen teorías que se interesan a los argumentos y técnicas que utilizan los intérpretes jurídicos para tomar sus decisiones o –según el punto de vista que se adopte sobre la naturaleza de la operación interpretativa– para justificarla.

Esas teorías presuponen o se fundan en una teoría de la interpretación jurídica, pero son teorías de la argumentación jurídica. Esas teorías pueden ser descriptivas de los argumentos utilizados, o normativas –y prescriben tal o cual argumento o tipo de argumentos– o las dos a la vez 2. Así, según la opción inicial que se haya tomado, nos interesaremos por los argumentos de los intérpretes (para mostrar la variedad o la uniformidad), o buscaremos identificar los argumentos que deban utilizar (porque pensamos que son legítimos, razonables, etc.) o también combinaremos ambas modalidades de análisis. Cuando nos preguntamos sobre el lugar que ocupa el argumento sociológico entre las teorías de la interpretación, nos situamos del lado de la teoría de la argumentación.

Entonces surge una nueva dificultad: entre todas las teorías de la argumentación desarrolladas en los últimos años, ninguna le da el mínimo lugar al argumento “sociológico” 3. A la inversa, si las teorías atadas a la naturaleza de la operación de interpretación no le dan un lugar específico al argumento identificado como “sociológico”, todas se dedican a mostrar (según diversas proporciones que dependen de lo que presuponen) el lugar que toman las consideraciones “no jurídicas” o “extrajurídicas” en la interpretación.

La tercera dificultad radica en la ambigüedad –¿oscuridad?– de la expresión “argumento sociológico”. No es que la expresión “argumento jurídico” sea de las más claras. Porque muy seguido los llamamos así solo por razones formales. Pero precisamente: esto deja entrever un prejuicio formalista bastante expandido y ampliamente compartido, según el cual es “jurídico” el argumento extraído de un texto de ley, de un contrato o de un tratado, o mejor, de una decisión de justicia o de una disposición de la Constitución. ¿Y el argumento sociológico, qué sería? La expresión puede ser entendida en varios sentidos, según si se designa un argumento que haya sido formulado por una teoría o análisis sociológico y que fuera utilizado por un argumento jurídico, o si designa un argumento formulado por el derecho mismo pero cuyo objeto fuera la sociedad o las relaciones sociales. ¿Luego no decimos que un argumento es “económico” cuando proviene de una teoría económica, justamente? E inversamente, ¿no se le exige al derecho y a quienes lo aplican tomar en consideración las realidades sociales?