La sanción pierde su carácter sacrosanto, inevitable e irrefutable, pues la descripción de la realidad que la encumbró ha demostrado su fundamento: el dominio de una clase privilegiada. La novela de crímenes pone en duda el discurso impuesto por grupos de poder al resto de la sociedad y denuncia la violencia del Estado e instituciones inhumanas como la cárcel o la policía que aseguran el statu quo. Si el único objetivo vital es el lucro, el sistema ha acabado por aceptar los medios legales o ilegales para alcanzarlo. En tal contexto: “A la novela policial no le interesa, de hecho, reproducir de forma naturalista lo que esa Zivilisation considera la realidad, sino antes bien, destacar desde el principio el carácter intelectualista de esta realidad” (Kracauer, 1999, p. 25). Esta afirmación de Siegfried Kracauer, que bien puede entenderse como base del género, se ha ampliado en los últimos años dando lugar a distintas vías de expresión: hoy más que nunca la novela pone en entredicho la ratio que describía la moral burguesa y liberal, “el pensamiento que oscila libremente en el vacío, que solo se refiere a su vacío profano” (Ibídem, p. 81). Frente a esta ratio, buena parte de las manifestaciones narrativas del siglo XXI testimonian que el modelo económico globalizado, llámese capitalista o neoliberal, ha devenido él mismo en criminal y provoca una evidente confusión entre los ciudadanos. En su lugar, las novelas de crímenes de los últimos años sugieren el advenimiento de otra sociedad más allá del factor del capital como base del orden e incluso de la forma política dominante, la democracia liberal. Paradójicamente, la ruptura de la relación de causa-efecto que existía entre el crimen y la sanción implica el reconocimiento creciente de libertades individuales. Para los escritores de los últimos años es necesario el respeto por la naturaleza, la cooperación y la solidaridad entre ciudadanos, la aparición de distintos tipos de economía, incluidos modelos decrecientes o monedas alternativas, y el surgimiento de convenciones innovadoras de información y comunicación.
En este orden de ideas, resulta relevante el análisis de novelas de crímenes no solo desde el punto de vista literario (de su estructura, por ejemplo), sino sobre todo desde su significado social y político. La resolución por fuera de la ratio económica y el reconocimiento de la anomia social constituyen una fisura epistemológica para visualizar otras formas de organización social. Este propósito responde a la propia evolución de la cultura y, sobre todo, a aquella del campo de la criminología. De antiguo, la relación entre las conductas individuales y la función del Estado ha tenido dos enfoques que influyen en las consideraciones contemporáneas sobre la anomia: el primero, en la línea del sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917), gravitaba en torno a la facultad represiva de ese Estado; y, el segundo, expuesto por el filósofo y poeta también francés Jean-Marie Guyau (1854-1888), se vinculaba con la capacidad humana de anticipar un orden más justo. La primera teoría es calificada de pesimista, pues cuenta con la reacción consecuente del Estado, mientras que a la segunda se le critica su optimismo porque supone el reconocimiento de un amplio margen de libertad individual. En el campo de la literatura, el escritor francés Jean Duvignaud (1921-2007) expone así este último efecto (1990):
[…] Los hechos anómicos constituyen un paso de una fase a otra, de una estructura sistemática de un lenguaje a una no-estructura que suprime por un instante toda congruencia establecida, al tiempo que abre una brecha, una iluminación, en medio de los discursos instituidos. Y ello independientemente del desorden que provocan inevitablemente también [produce] el encuentro, la confusión, el cortocircuito entre lenguajes o series diferentes. (p. 93)
Esta situación coyuntural de la sociedad se verifica en la historia y la literatura del siglo XXI. A partir del año 2008, el mundo resintió la crisis económica del capitalismo global y el hecho provocó una situación de anomia respecto al orden establecido. Dos recesiones (2008-2010 y 2011-2013) demostraron la ausencia de normas que buscaran el bien común y buena parte de la solución propuesta por los gobiernos se centró en producir rescates para el sistema financiero por encima del auxilio a la población. La banca central concedió créditos a los bancos privados con el propósito de salvarlos de la crisis y mantener su liquidez de capital en perjuicio de la población que terminó haciéndose cargo de la deuda pública. La ausencia de sanción o conato de sanción para los responsables de la crisis, presupuesto de la anomia social a la que alude este trabajo, trajo consigo la deslegitimación del aparato estatal, la desconfianza generalizada frente al sistema, el surgimiento de movimientos sociales y la actualización de antiguas organizaciones creadas en contra del modelo económico y productivo.
En el momento en que este libro se escribe, tal crisis puede entenderse como antesala de la pandemia del covid-19 o de las manifestaciones contra la supremacía blanca en Estados Unidos. Ambos hechos evidencian el desmonoramiento completo del sistema económico 1: la muerte de más de setecientos cincuenta mil personas en el mundo revela, entre otros, las limitaciones del sistema sanitario en el marco del capitalismo global y, en particular, los efectos de los recortes en salud derivados de las crisis anteriores. Los miles de manifestantes que, a pesar de la pandemia, protestaron en Estados Unidos contra el racismo policial bajo el lema Black Lives Matter son el culmen de la lucha contemporánea de los grupos subalternos. Para Wim Dierckxsens y Walter Formento (2020, párr. 10):
El coronavirus, en otras palabras, no es el causante del colapso bursátil sino la cobertura perfecta para los verdaderos responsables de esta gran crisis económica de raíz financiera: la Banca Central, la gran Banca privada transnacional y las grandes corporaciones transnacionales.
Ciertamente, poco a poco, la ratio burguesa (aquella del crimen y la sanción automática con base en la ley) ha cedido su lugar a un discurso multipolar donde confluyen variados intereses. El llamado “secuestro de la democracia” que señalaba la organización humanitaria Oxfam en 2014 como efecto de la plutocracia explica tal lucha, pues “[…] cerca de la mitad de la riqueza mundial se encuentra en poder del 1 por ciento de la población, calculándose que posee en conjunto unos $110 billones de dólares” (Voz de América, 2014). El aumento de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento correlativo de la población mundial actualiza la dialéctica marxista entre una poderosa burguesía y el proletariado 2.
En tal sentido, Michael Hardt y Antonio Negri (2004) advierten la vigencia del concepto de lucha de clases en las nuevas circunstancias. La noción de multitud que describe a un grupo humano opuesto a quienes detentan los medios de producción supone una vía contemporánea para la comprensión de los conflictos sociales en el mundo entero. En esta misma línea, se puede tener en cuenta, incluso, que también para los anarquistas insurrecionalistas los ciudadanos de las sociedades postindustriales se dividen entre los que tienen derechos y los que no los tienen (Farré y Pallarés, 2016, p. 149).
Por tal razón, grupos anarquistas y anarcosindicalistas, colectivos libertarios, anticapitalistas, antiglobalistas o autogestionarios y agrupaciones feministas, entre muchos otros que no sienten ni ven reconocidos sus derechos, han remozado sus fuerzas o consolidado sus banderas. Estos grupos se han restablecido o emergido como respuesta al problema de la distribución contemporánea de los recursos y la necesidad de instaurar un sistema más justo.
La novela de crímenes de los últimos años en España, objeto de estudio de este libro, da cuenta de esa singular lucha de clases con carácter global, pues se vincula con la crisis del capitalismo desencadenada en el mundo entero, con múltiples actores en conflictos de contenido local. La oposición entre una “aristocracia del poder” en España, el “régimen de los siete” del sector financiero y una clase media desprotegida, tal como lo denuncia Benjamín Prado en su novela Ajuste de cuentas que se analiza en el apartado correspondiente, es solo una muestra del problema.
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