Pippa Norris - Integridad electoral

El libro está estructurado en cuatro grandes partes, cada una con un número distinto de capítulos, más esta introducción y las conclusiones. La lógica general en la organización de las partes ha sido ir de las definiciones generales y el mundo a la comparación de elecciones subnacionales en tres países para concluir con México y el estudio de sus elecciones federales y locales.

La primera parte entonces brinda definiciones básicas y un panorama general de los retos de las elecciones democráticas en el mundo y en América Latina a través de los problemas del registro de electores. El enfoque de integridad lo expone uno de los investigadores que más involucrado ha estado con el mismo, coautor de esta introducción y editor de la obra, él explica por qué es importante el concepto de integridad, cuáles son las ventajas del PEI y cuáles son algunos de los factores que más afectan la integridad electoral.

En el segundo capítulo, Thomas Wynter, Pippa Norris y Sarah Cameron se ocupan de los problemas del registro de votantes: esta etapa del ciclo electoral es crítica para garantizar la integridad de una elección. A partir del estudio de los distintos procesos de registro de votantes en el continente americano, los autores muestran la complejidad de esta fase: en una elección íntegra se debe garantizar la inclusión de todos aquellos que tienen derecho al voto, pero a la vez se deben impedir las duplicidades o abusos. Los autores centran su atención en los casos de Brasil, Chile, Honduras y Estados Unidos, preguntándose por qué el paso de un sistema de voto obligatorio a uno voluntario puede resultar tan complejo, y mostrando los riesgos que surgen cuando las reglas electorales se politizan. Este esfuerzo comparativo permite identificar buenas prácticas, como la presencia de organizaciones internacionales o el uso de nuevas tecnologías, y constituye un sólido ejemplo del potencial del enfoque de integridad lo mismo para realizar estudios comparados que permitan entender mejor las características de cada país, que para centrarse en determinadas fases del ciclo electoral.

En la segunda parte se comparan y analizan distintos modelos institucionales para elevar la calidad de las elecciones locales, así como las buenas y malas prácticas electorales en tres países federales: India, Rusia y México. Reiteramos que la inclusión de estos y no otros países obedece a que en ellos se ha aplicado la encuesta PEI para elecciones subnacionales. El capítulo tercero, de Margarita A. Zavadskaya, explica las malas prácticas electorales en el financiamiento de campañas en un régimen federal no democrático como el ruso. La autora prueba los efectos de la movilización política, de la “maldición de los recursos” y del federalismo étnico, y encuentra que no son suficientes para explicar las variaciones en la integridad del financiamiento de campañas y, aunque observa que también influyen otros indicadores como el número de empresas estatales y la confianza de los expertos en el gobierno, Zavadskaya concluye que aún falta identificar las causas más poderosas relacionadas con la integridad en el financiamiento de campañas. En el capítulo cuarto, Zaad Mahmood utiliza la base de datos del PEI subnacional de la India. El autor identifica problemas en materias de registro de votantes, acceso a medios y financiamiento de campañas, debidos estos últimos a las asimetrías en financiamiento y al uso de dinero ilícito. Mahmood señala las paradojas que generaría reformar las reglas de financiamiento: limitar gasto puede derivar en ocultar recursos; regular el nexo negocios-política puede favorecer el clientelismo y la procuración de rentas. Esta parte del libro finaliza con el capítulo quinto de Nicolás Loza, donde el autor describe la integridad de las elecciones locales en México en el periodo 2015-2017 considerando variaciones en el tipo de elección, el partido gobernante, si la contienda produjo alternancia, los márgenes de victoria, el desarrollo humano, y la calidad de la democracia. En su texto, Loza distingue las fases del ciclo electoral en las que el administrador preponderante es la autoridad federal de aquellas donde lo es la autoridad electoral local, y encuentra que las etapas mejor evaluadas son las administradas por esta última. Sin embargo, el autor advierte que esta diferencia no debe de interpretarse causalmente, pues el control administrativo sobre las etapas peor evaluadas fue asignado a las autoridades federales precisamente por su condición controversial. Loza finalmente analiza las etapas más expuestas a ser influidas por el crimen organizado.

La tercera parte profundiza en la integridad electoral, de modo relevante en las fases de financiamiento de campañas y resultados electorales en México. En el capítulo inicial, a cargo de Irma Méndez, se argumenta que, pese a las sucesivas reformas electorales a nivel federal y local, y los cambios en el sistema de partidos, los déficits de integridad persisten en el financiamiento de partidos y campañas, y en resultados electorales, a pesar de los avances en el acceso a recursos públicos y en la resolución de conflictos por vías legales. Los principales datos utilizados provienen del PEI subnacional en México, 2015-2017.

El siguiente capítulo, escrito por Reyes Rodríguez Mondragón, indaga la relación entre integridad electoral, financiamiento y fiscalización. El texto pretende ser una hoja de ruta para articular la política pública en materia de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos. A partir de las discusiones en estas materias originadas en el TEPJF, el autor identifica cómo las decisiones de la Sala Superior del Tribunal modulan los alcances de la función fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral (INE). Rodríguez concluye que se necesita identificar qué conductas deben ser sancionadas, así como los mecanismos y los sujetos responsables de hacerlo, pues conviene reforzar las capacidades institucionales para monitorear el uso de recursos haciendo del riesgo de sanción una amenaza creíble, pues solo así se inhibirán las malas prácticas.

Arturo Sánchez Gutiérrez traza en el capítulo octavo las distintas etapas del financiamiento de los partidos políticos en México. El autor presta especial atención a la reforma de 1996, pues representó un parteaguas en materia de financiamiento ya que, por un lado, elevó la cantidad de recursos destinada a los partidos y, por el otro, estableció reglas orientadas a garantizar su reparto equitativo. Este proceso de cambios ha estado ligado al desarrollo de la pluralidad política en el país. Sánchez Gutiérrez aborda el debate del financiamiento público de los partidos y se expresa a favor de mantenerlo, pues lo considera como una condición de la competencia democrática aunque él insiste en la importancia de transparentar el uso de los recursos, ejerciéndolos en esquemas de racionalidad y austeridad. Sánchez Gutiérrez concluye proponiendo dos objetivos complementarios: que los partidos replanteen su papel como intermediarios entre la sociedad y el Estado; y que el financiamiento descanse, al menos en parte, en las contribuciones de los afiliados a cada partido.

La contribución de Gustavo López Montiel gira en torno a la integridad de los resultados electorales. De acuerdo al autor, como en estos influyen procesos donde los actores interesados utilizan diferentes estrategias es necesario ponderar el peso de cada proceso. Así, López Montiel señala que es importante tener en cuenta los desafíos que rebasan las fronteras electorales, por ejemplo, cuando un actor desconoce los resultados electorales, lo que podría ser producto de incentivos que trascienden la dimensión electoral y que obligan a que el diseño institucional considere lo procedimental y estos otros incentivos.

La cuarta parte se distancia del enfoque estricto de integridad, mas no de los problemas de calidad de las elecciones, entendidas estas como procesos de múltiples etapas y niveles, lo que al final permite al lector conectar entre la experiencia de observación electoral por parte de organismos internacionales, la atención focalizada de la relación crimen-elecciones y la integridad electoral. El capítulo diez de Brenda Santamaría analiza el tema de las misiones de observación electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su papel en el fortalecimiento de la integridad electoral. Atendiendo la evolución de las MOE, la autora muestra cómo se han sofisticado y se han visto obligadas a adaptarse a los rasgos propios de cada país. Esta parte del libro cierra con el capítulo de Catalina Uribe Burcher, quien se ocupa de la infiltración criminal en el sistema político. La autora se interesa en especial por el nivel local, pues dada la fragilidad de las instituciones estatales en este ámbito, es ahí donde el crimen organizado logra en mayor medida sus objetivos. Uribe destaca que la manipulación de las normas sobre el financiamiento de la política es una de las estrategias que el crimen utiliza para infiltrar el sistema político y las elecciones, y recomienda distintas medidas que podrían aplicarse para acotar la influencia de los grupos criminales.