Andrés Armando Ramírez Gómez - ¿Ciudades competitivas o saludables?

Como afirma García (2005), “cada época de la historia y cada comunidad en sus arraigos culturales ha construido sus ideales, sistemas y formas de vivir la salud” (p. 14). En ese sentido, la salud como producto cultural en Medellín está sujeta a diferentes estimaciones: desde una lógica competitiva, como la que se impone en el contexto internacional, se consolida como negocio lucrativo y elemento para la productividad y la competitividad regionales; pero desde lo político también es valorada como derecho humano, necesidad básica y servicio público esencial. En consecuencia, es pertinente la reflexión ética para develar cómo se manifiestan en la estrategia estas estimaciones y qué repercusiones pueden tener sobre las condiciones de vida de los ciudadanos, toda vez que la lógica económico-competitiva ha convertido el dinero en la fuente dominante legal de todas las discriminaciones y desigualdades sociales: es principalmente en función de su fortuna que el individuo tiene o no acceso a un número infinito de bienes y servicios privados y públicos (Hottois, 2007). Esto incluye también los derechos humanos, en concreto la salud. Y en una sociedad en la que todo está en venta, la vida resulta difícil para las personas con recursos modestos, pues cuantas más cosas puede comprar el dinero, más importancia adquieren la abundancia o su ausencia (Sandel, 2013, p. 16). En la estrategia clúster, esto se puede observar en la venta a los extranjeros de servicios de alta complejidad en salud, a los cuales difícilmente acceden los locales que no tienen la misma capacidad de pago, a pesar de que para la conformación del clúster se utilizaron recursos públicos.

Lo anterior es importante en la medida en que comienza a evidenciarse cómo el mercado incorpora prácticas y valores que se van infiltrando en diferentes aspectos de la vida (p. 13). Para el caso, en lo político y lo público: la salud es tratada como fuente de beneficios privados y no como instrumento del bien público (p. 42).

Las ciudades se apropian de valores como la competitividad, la eficiencia, la productividad y la innovación, lo que hace necesario pensar si ellos no desplazan otros valores importantes en el ámbito político, como la justicia social. Esto permite preguntarse qué se pretende con el crecimiento económico privado en la estrategia Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín, y a quién beneficia. Cuestión fundamental si se asume que en un Estado social de derecho, el mercado debe subordinarse a lo público, y los intereses particulares a los colectivos y a las necesidades básicas de la población, no al contrario. Como lo establece Stiglitz (2012):

Para que los mercados funcionen como se supone que tienen que hacerlo, tiene que haber una adecuada normativa gubernamental. Pero para que eso ocurra, hemos de tener una democracia que refleje el interés general, no intereses especiales ni simplemente a los de arriba. (p. 35)

La motivación de este trabajo es una inquietud constante por la salud y por su valoración política en cuanto derecho humano y condición esencial para una vida de calidad, en atención a la cual no es posible mercantilizarla o capitalizarla como otros objetos y servicios que se consiguen en el mercado: la salud no puede convertirse en un objeto sin un sujeto del cual se predique y en el cual influya. En estos términos, se reconoce que desde una perspectiva económica la estrategia Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín no tiene objeciones: está acorde con la lógica neoliberal, que bajo principios como la competitividad y el desarrollo tecnológico le garantiza cierta legitimación en una ciudad destacada en la industria y en los servicios médicos de alta complejidad. Pero desde una perspectiva de justicia social, se busca comprender cómo la estrategia afecta lo colectivo a partir de los criterios distributivos que se tuvieron en cuenta y la convicción de que el crecimiento económico debe tener un fin específico, no meramente especulativo, y de que por lo menos en salud debe ir dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas. Para hacer frente a la obsesión por la productividad y la rentabilidad urbanas es necesario volver a la fuente, pensar que la planificación y la administración de la ciudad son asunto de todos y exigir un mínimo de adhesión al contrato común de derechos y deberes, por medio del cual los diversos actores urbanos aceptan constituir un espacio público de mediación y transacción; y también al contrato de ciudadanía, sin el cual el ciudadano no tendrá todo su poder de control democrático, y que constituye un elemento de continuidad entre la política local y la política nacional (Osmont, 2003).

Desde la bioética, el proyecto aborda un tema crucial: la pertinencia de la reflexión en lo político. En esta perspectiva, apuesta por una bioética global más allá de las relaciones médico-paciente, que a través de las reflexiones axiológicas busca analizar y determinar las políticas públicas a la luz de principios concretos como la justicia social, con la finalidad de buscar el mejoramiento de lo humano y no solo de lo económico-administrativo. En estos términos, se considera la salud como bien público, derecho humano, servicio esencial y necesidad básica, y se indaga si la estrategia Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín tiene en cuenta este marco como criterio de justicia social.

Bajo este punto de vista, la bioética en contextos como los latinoamericanos fortalece y legitima políticamente las resistencias a la globalización mercantilista neoliberal y propone otras formas de vida, un buen vivir que permita un mundo más equitativo y justo, democrático y ambientalmente sostenible. Puede encontrarse un fundamento bioético en el debate por la defensa de los derechos humanos, la resistencia a todo tipo de discriminación, la posibilidad de acceder a una muerte digna y la búsqueda de sistemas de salud accesibles para todos, ante una realidad social mediada tecnocientíficamente y globalizada (Novoa, 2014). En este escenario, la bioética aporta una dimensión crítica, como señala Foucault (citado en Lemke, 2010, p. 266), lo cual implica desubjetivar el sujeto y hacer visibles los límites para transgredirlos. Su objetivo es cuestionar el gobierno de la individualización afirmando el derecho a ser diferente y rechazando todas las estrategias diseñadas para aislar a los individuos de la vida en comunidad. En relación con la salud, la bioética sostiene que “más allá del pragmatismo de los tecnócratas y de la deformada óptica mercantil de la medicina lucrativa, la lucha de los pueblos por la salud y la vida cobra las más diversas formas” (Granda, citado en Acurio, 2011, p. 131).

Debates como estos sitúan la bioética en lo político y lo público, entendiendo que la política tiene como su telos un fin práctico: la conducción de una vida buena y justa en la polis (Arendt, 2005, p. 14). De ahí la necesidad de una reflexión sobre la justicia en estrategias concretas soportadas en las políticas públicas, que presente argumentos para pensar las nuevas relaciones entre lo público y lo privado en contextos como la globalización neoliberal. Frente a la consolidación de estrategias para la exportación de servicios de salud como el Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín, se apela por un enfoque ético y no meramente económico, pues el poder –entendido como una circulación de efectos complejos y dinámicos, aunque contradictorios– no puede quedar fuera del debate sobre la ética y los valores (Braidotti, 2009, p. 51). Un enfoque integral, que contemple este debate y apunte a las condiciones de vida de las personas, permitirá minimizar el impacto negativo de una salud vinculada al dinero y defender los principios de una salud con equidad, accesible a todos, sin discriminación de edad, género o capacidad económica (Llambías, 2003).