Andrés Armando Ramírez Gómez - ¿Ciudades competitivas o saludables?

A la pregunta por la justicia social, el sistema neoliberal responde que la empresa privada y la iniciativa empresarial son las llaves de la innovación y de la creación de riqueza. En consecuencia, los incrementos incesantes de la productividad se traducirán en niveles de vida más elevados para todo el mundo, bajo la premisa de que “una ola fuerte eleva a todos los barcos” o de que la riqueza desciende de las capas superiores a las inferiores de la sociedad mediante una especie de “goteo”. Entonces, el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza es fortalecer los mercados libres y el libre comercio (Harvey, 2007a, p. 74).

Con fundamento en lo anterior, parece que los neoliberales enmarcan la justicia en las teorías utilitaristas, al hacer referencia al bienestar de las personas consideradas como conjunto. Como afirma Sen (2002, p. 305), no están particularmente preocupados por la desigualdad en la utilidad: se centran en la maximización de la suma total de utilidades, al margen de su distribución.

La política del clúster parece enmarcarse en este contexto económico y su fundamentación, según la cual “la competencia –entre individuos, las empresas y entre entidades territoriales (ciudades, regiones, naciones y agrupamientos regionales)– es considerada una virtud esencial” (Harvey, 2007a, p. 74).

La justicia sanitaria se refiere a la manera como se distribuyen en una sociedad el acceso y la atención en salud con el propósito de lograr un nivel adecuado de salud (Galvis, 2006, p. 123). Como afirma Sen (2002, p. 305), la equidad en salud requiere considerar la posibilidad de conseguir acuerdos diferentes para la asignación de recursos, las instituciones o las políticas sociales.

En el marco político colombiano, se debe situar la salud en el contexto de un Estado social, donde ella es concebida como derecho fundamental y social, servicio público esencial y necesidad básica insatisfecha de la población. Este marco será desarrollado en la introducción del capítulo II.

Según Borja y Castells (1997, pp. 31-32), la nueva economía global se articula territorialmente en torno de redes de ciudades. En sus niveles y modos de vida, las ciudades dependen cada vez más de las formas de su articulación a la economía global, por lo cual la gestión urbana procura situarlas en condiciones de enfrentar la competencia global. Como lo establece Osmont (2003, p. 11), las ciudades son importantes como sectores de intervención, más aún en el contexto de la globalización, la cual ha determinado la formación de grandes áreas metropolitanas con preeminencia de las leyes del mercado, en una carrera desenfrenada hacia la ganancia obtenida de espectaculares reestructuraciones económicas y territoriales que dan un nuevo empuje a los procesos de aglomeración. Las áreas metropolitanas concentran las infraestructuras para el desarrollo y las ventajas comparativas para satisfacer los deseos de ganancia y captar inversiones.

Igualmente, Osmont concibe las ciudades como instrumento y producto del desarrollo económico y social, que busca responder a una doble exigencia: hacer que las ciudades sean el mejor soporte posible para el desarrollo (entendido esencialmente en términos económicos) y hacer que quien vive en ellas pueda integrarse en el espacio urbano. Estos dos aspectos –ciudad productiva y función social, respectivamente–son difíciles de conciliar (p. 12). En las ciudades latinoamericanas, esto se evidencia en una sociedad escindida en la que se contraponen dos mundos: la sociedad tradicional y la inmigrante (Romero, 1976, p. 331). Por eso para un desarrollo integrado es necesario, según Osmont (2003, pp. 18-19), considerar las condiciones estructurales, sociales y humanas de la ciudad, además de las económicas.

En el contexto de ciudad, desde el Coloquio de Orleans de 1985 se evidenció un consenso sobre el hecho de que los gobiernos urbanos tienen que ser más innovadores y emprendedores (Bouinot, citado en Harvey, 2007a, pp. 367-368). En ese momento las ciudades comenzaron a adoptar una actitud empresarial respecto al desarrollo económico, que Harvey (2007b) denomina empresarialismo :

El nuevo empresarialismo tiene, como elemento central, la idea de “alianza sector público - sector privado” en la que la promoción local tradicional se integra con el uso de los poderes gubernamentales locales para intentar atraer fuentes de financiación externas, nuevas inversiones directas, o nuevas fuentes de empleo. (p. 373)

La actividad de esa alianza entre los sectores público y privado es empresarial precisamente porque su ejecución y diseño son especulativos. En muchos casos, el sector público asume el riesgo y el sector privado obtiene los beneficios. Harvey concluye:

El nuevo empresarialismo urbano descansa normalmente, por tanto, en una alianza entre el sector público y [el] privado centrada en la inversión y en el desarrollo económico con la construcción especulativa de lugar como objetivo político y económico inmediato (aunque ni mucho menos exclusivo), y no en la mejora de las condiciones dentro de un territorio determinado. (p. 375)

Uno de los fundamentos para emprender este tipo de indagación es una visión más integral del desarrollo económico de la ciudad, partiendo de la idea de que “el razonamiento mercantil se queda incompleto sin el razonamiento moral” (Sandel, 2013, p. 86). Por lo tanto, si bien el contexto en el que se desarrolla la estrategia Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín hace énfasis en el desarrollo económico –productividad, competitividad, inversión, innovación y desarrollo tecnológico son tareas fundamentales para la ciudad en aras de incrementar su presupuesto, mejorar su imagen y ajustarse a la dinámica global–, la reflexión gira en torno a una aproximación ética y filosófica, que permite mirar más allá del campo económico y gerencial. Esto con el fin de aclarar, como señala Sen (citado en Galvis, 2006, p. 124), los principios y criterios que permiten establecer prioridades en materia de salud, sin perjuicio de la equidad como la mayor posibilidad del ejercicio de las libertades instrumentales.

La salud siempre será un determinante fundamental para el crecimiento económico de una ciudad. Sin embargo, la relación entre salud y crecimiento económico debe ir encaminada al desarrollo humano, que le otorga un papel instrumental al segundo frente a la primera, esto es, le otorga un fin concreto: mejorar el nivel de vida de las personas asegurando unas condiciones mínimas en salud. A su vez, una mejor salud media repercutirá en un mayor crecimiento económico.

Sin criterios éticos concretos, los enfoques de desarrollo, competitividad o crecimiento económico reproducen la desigualdad y no garantizan una mejor salud a la población, tal como ha ocurrido en Medellín: la crisis de la salud se ha agudizado a pesar de que la ciudad tiene mejores indicadores económicos y un amplio desarrollo tecnológico de los servicios de salud privados (Zapata, Echavarría y Carvajal, 2015). No puede perderse de vista que las cifras económicas finalmente se traducen y debaten en vidas, vidas humanas que se encuentran en crisis entre las inmensas posibilidades que el desarrollo le ofrece a la humanidad como progreso evidente y el temor de que este no se vea reflejado en una mejor calidad de vida (Mainetti, citado en Vidal, 2013).

La reflexión que se propone implica también una ética del desarrollo, en la que se sirve a las personas y no a la economía, porque “no se llega a una sociedad justa solo con maximizar la utilidad o garantizar la libertad de elección” (Sandel, 2011, p. 295). Si se desea que las ciudades se conviertan en lugares seguros y democráticos donde vivir, hay que alejarse de una visión economicista, del marco de la economía urbana y del rendimiento macroeconómico, y afirmar la consagración del ciudadano y la expansión de sus derechos ( Jeantet, 2007).