Varios autores - Joyitas

Luis Arenas hizo de médico de cabecera de Elgueta, Vásquez y Albornoz, y de varios funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Él mismo fue quien firmó en 2014 el parte médico que acreditó ante la justicia que Alejandra Rebolledo, la entonces esposa de Elgueta, resultó policontusa; con TEC cerrado; jaqueca posterior-traumática y síndrome confusional vertiginoso, tras el escándalo que se produjo en medio del matrimonio de Cristina Rosas. El documento fue clave en el sobreseimiento judicial de Rebolledo –de hecho, Arenas declaró en ese juicio– y también en la condena por lesiones que recibió el hermano de Rosas.

Luis Arenas –el cirujano bonachón, el imputado– tenía una llegada inusual en el Poder Judicial rancagüino. Caía bien, simpático, coqueteaba con funcionarias. A una la invitó a salir, pero no hubo caso.

El doctor era una bomba de tiempo. Si no fuese por él, esta historia nunca hubiese sido escrita.

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Fue un mensaje por WhatsApp, un cambio de luces. La suerte del exministro Emilio Elgueta Torres comenzó a torcerse el 9 de enero de 2016. La noche de ese día, Luis Arenas le consultó a Elgueta por el estado de un recurso de protección que había presentado junto a otros médicos días antes en la Corte de Apelaciones de Rancagua, para frenar una disposición sanitaria de la Seremi de Salud que los afectaba.

–¿Cómo salió el recurso, hermanito? –le preguntó.

La respuesta del ministro fue escueta, pero fue la que a la larga lo jodió:

–No se vio hoy.

–Ok, te llamo más tarde o nos vemos donde el Marcelito Albornoz –le respondió Arenas.

Solo dos días después, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presidida por el ministro Emilio Elgueta, acogió el recurso de protección de Luis Arenas. Al día siguiente, en fallo dividido y con el voto a favor de Elgueta, el tribunal dispuso orden de no innovar. En simple: la resolución de la Seremi de Salud quedó invalidada.

Pero, ¿de qué se trataba esa resolución?

Luego de detectar un aumento inusual de emisión de recetas para la compra de fentermina, medicamento para adelgazar sujeto al control de la Ley 20.000 de Drogas, la secretaría ministerial de Salud de O’Higgins fijó un límite a los médicos para recetarla. Su consumo a nivel nacional había pasado de ocho mil cajas, en 2012, a más de 400 mil en 2014.

Arenas tenía montado un negocio ilícito de venta de fentermina, una red compuesta por tres distribuidores que ofrecían el fármaco por Facebook –entre 15 mil y 25 mil pesos la caja–, y que luego despachaban por Chilexpress. Esa orden de no innovar –y la posterior eliminación por vía judicial de la medida sanitaria– le permitió continuar con su emprendimiento por un tiempo más, hasta que meses después lo pillaron.

Fueron esos hechos los que le valieron al doctor una condena por tráfico de sicotrópicos, el mismo mes de abril de 2017 en el que también fue sentenciado en causa paralela por delitos tributarios en el caso de las licencias médicas.

El intercambio de mensajes de texto entre Arenas y Elgueta puso al exministro bajo el radar de la Fiscalía y es una de las pruebas con las que el año pasado se decidió su expulsión de la judicatura. Pero no fue el único magistrado de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se enredó con el médico. Marcelo Vásquez y el fallecido Marcelo Albornoz también lo hicieron. Este último le pidió como favor al doctor Arenas que le facilitara $1.500.000. Aunque las versiones entregadas por testigos difieren en algunos detalles, todo indica que era dinero para costear el tratamiento médico de un miembro de la logia masónica. El problema no era el destino del dinero, una causa benéfica, más bien el momento. Cuando le solicitó ese monto, Albornoz era juez de Garantía de Rancagua y el doctor Arenas ya estaba siendo investigado por tráfico y delitos tributarios. Pero el asunto es más delicado: Arenas, para entonces, estaba prófugo de la justicia que, poco antes, había decretado prisión preventiva en su contra por la venta ilícita de fentermina. Albornoz diría después que nunca se enteró de la imposición de esa medida cautelar contra Arenas, pues en esos momentos –mismos días en que le solicitó el dinero– él estaba con permiso administrativo.

En la causa paralela que la justicia seguía contra Luis Arenas por delitos tributarios, el tribunal de Garantía de Rancagua también había dictaminado medidas cautelares para el doctor. Una serie de partes policiales evidencia que, en reiteradas oportunidades, el doctor Arenas incumplió el arresto domiciliario nocturno que pesaba en su contra, sin que ese tribunal adoptara medidas.

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En octubre de 2013, cuando ya había vuelto a convivir con Alejandra Rebolledo tras su ruptura con Cristina Rosas, Emilio Elgueta ingresó una denuncia en la Fiscalía de Rancagua por hurto simple. Acusó a su asesora del hogar de haberle robado a su esposa unos aros de oro y dos anillos. La mujer siempre insistió en su inocencia y, finalmente, se acogió a un procedimiento judicial abreviado. Nunca quedó clara su participación en los hechos que se le imputaron.

El exministro Elgueta no caía bien en la Fiscalía de Rancagua. Dos versiones indican que cuando hizo esa denuncia, llamó directamente al fiscal regional de entonces, Luis Toledo, para que un persecutor con experiencia viera esa causa. Y luego se preocupó personalmente de conocer las diligencias que se hacían al respecto a través de varios ­llamados telefónicos. Como no hubo resultados concretos, el ministro se enfureció.

Tiempo después, también se enfureció cuando presionó para meter, sin éxito, a Alejandra Rebolledo a trabajar como sicóloga a la Fiscalía Regional. Para entonces, ambos ya habían decidido divorciarse. De acuerdo con la sentencia judicial de mayo de 2015, el ministro se comprometió con una pensión mensual de dos millones de pesos y a adquirir una vivienda para ella y sus hijos que costara como mínimo 2.000 UF (unos 56 millones de pesos). Los costos asumidos por Elgueta –que debía lidiar con la manutención de cinco hijos– iban en ascenso.

Luego trató de abrirle espacio en la Fiscalía Regional a su exalumna del ramo de derecho procesal en la Universidad de O’Higgins, Gladys Bustos. A Emilio Elgueta se le atribuía una relación amorosa con ella.

El exministro Elgueta sentía que en la Fiscalía le debían un favor y quería cobrarlo. De ahí que haya intentado ubicar laboralmente en esa institución a Rebolledo, su exesposa, y a su exalumna. Pero, ¿sobre la base de qué?

El 2 de mayo de 2016 se presentaron ocho postulantes al cargo de fiscal regional de O’Higgins, luego de que el fiscal jefe, Luis Toledo, fuese trasladado a Santiago para ocuparse de la unidad de drogas del Ministerio Público. Emiliano Arias, quien finalmente ocuparía ese puesto, recibió el voto de Elgueta. Hoy, a más de cuatro años de ese episodio, Elgueta está convencido de que todo lo que hoy se le imputa responde a una operación de los fiscales Arias y Moya en su contra. Ya se ahondará en ese punto.

El 24 de marzo de 2019, cuando parte de los antecedentes que derivaron en su formalización ya se habían hecho públicos, Elgueta se refirió a Arias con absoluto desparpajo en El Mercurio:

–Desgraciadamente, lo traje a Rancagua por tráfico de influencias. Reconozco que me llamaron de arriba para decirme que lo apoyara, y lo apoyamos, y fue nombrado.

Sobre quiénes son los de “arriba” hay más bien versiones y lo único concreto es que era usual que Elgueta hiciera gala de sus contactos en las altas esferas del poder, en particular de su cercanía con los exministros José Antonio Gómez (Justicia y Defensa) y Jaime Campos (Justicia). A este último, masón como Elgueta, lo apoyó en Rancagua cuando se postuló, sin éxito, a Gran Maestro de la Logia de Chile en 2018.