Varios autores - Joyitas

Otros tres magistrados estuvieron por no levantarle cargos a Elgueta y sobreseerlo: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Juan Araya.

–¿A qué atribuye que se le aplicara una baja sanción?

–Lo atribuyo a sus vinculaciones con algunos ministros de la Corte Suprema y de otras personas por la masonería –dijo la exministra Pérez en la entrevista con El Mercurio el 6 de abril de 2019.

Un dato de contexto: Dolmestch y Araya –quienes dejaron la Corte Suprema en 2019 y 2014, respectivamente– son miembros de la masonería. El primero, de hecho, ostenta el grado 33, el más alto de la Gran Logia, equivalente al título de Soberano Gran Inspector General de la Orden.

Un matiz, también de contexto: la postura de Dolmestch, Araya y Künsemüller estaba en línea con la decisión adoptada previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago de sobreseerlo y en la que siete integrantes de ese tribunal, en acuerdo con el fallo, solo le recomendaron “mayor prudencia” al ministro sumariado.

Fue en la Corte Suprema –con la exministra Pérez solicitando la sanción disciplinaria más dura– donde la decisión de primera instancia que dejaba a Elgueta sin tacha en su hoja de vida cambió.

En 2010, y por primera vez, Emilio Elgueta obtuvo un promedio de calificaciones en el Poder Judicial solo “satisfactorio” (nota 5,9). Sus líos dejaron una estela que también le pasó la cuenta al año siguiente: obtuvo una ponderación de notas “regular”, con un 5,2. Su hoja de vida del Poder Judicial muestra que fue un bajón de solo dos años. Antes y después solo registra evaluaciones que lo ubican en la escala “muy buena” o “sobresaliente”.

Gabriela Pérez dejó la magistratura en enero de 2013. Su foto apareció en el cajón del despacho del removido ministro seis años después de su retiro del Poder Judicial.

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La historia que originó el primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta en julio de 2010 es compleja y, sobre todo, delicada.

A comienzos de junio de 2010, Elgueta presentó una denuncia en Fiscalía por violencia intrafamiliar, tras una fuerte discusión con su esposa, Alejandra Rebolledo. Según el expediente judicial de esa causa, la Fiscalía decidió no perseverar en el asunto. Rebolledo terminó internada en una clínica de Ñuñoa con un cuadro depresivo. Ambos dieron versiones contradictorias del origen de la pelea.

El asunto no quedó allí y comenzó una batalla por la custodia de sus hijos. Elgueta, tras un veredicto de tribunales, consigue que queden a su cuidado. Rebolledo contraataca con otra acción judicial por violencia intrafamiliar en contra de su marido, y el 5 de junio denuncia en la Corte de Apelaciones de Santiago que Elgueta utiliza influencias para privarla de sus hijos. Allí introduce la metáfora del gásfiter, dando a entender que su esposo se aprovecha de su cargo ministerial.

“Me amenaza con que no los volveré a ver, amenaza a mis familiares de que perderán el trabajo y presiona a funcionarios policiales, médicos y a toda persona que me presta ayuda”, declaró en esa oportunidad. Define a Elgueta como un celópata y a su matrimonio, como un martirio.

Tras un encuentro fortuito en la calle, Elgueta asegura haber sido golpeado por su esposa. Se dirige al hospital El Salvador a constatar lesiones y presenta una nueva denuncia por violencia intrafamiliar. El relato posterior del exministro indica que, a esas alturas, una de sus mayores preocupaciones era que la prensa pudiera hacer un festín de su situación, tomando en cuenta su calidad de ministro.

El tema traspasó la esfera de lo privado los días 26 y 27 de julio de ese 2010. En ese lapso, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó 10 llamados desde el teléfono celular del Poder Judicial que tenía asignado. Los destinatarios: el juez titular del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés Mellado, donde quedó radicada la causa por violencia intrafamiliar presentada por Elgueta, y el entonces jefe de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Violencia Intrafamiliar de la zona oriente, Matías Moya Lehuedé, a cargo de las diligencias.

A ambos los puso al tanto de la situación en la que se encontraba. Al fiscal, a quien contactó ocho veces, le informó en un primer llamado que estaba en una comisaría de Providencia denunciando a Rebolledo por violencia intrafamiliar. Le preguntó qué podía hacer. Moya Lehuedé, según la declaración que prestó después, le comunicó las diligencias que vendrían luego de su denuncia y le pidió que colaborara con la investigación, que lo llamarían de Carabineros para evaluar el “grado de riesgo” en el que podría encontrarse, siguiendo el protocolo institucional.

El fiscal agregó que, como el procedimiento arrojó un rango de riesgo “alto/vital”, envió a un policía de punto fijo al domicilio del exministro.

En llamados posteriores, Elgueta le preguntó, muy alterado, si se había notificado la orden que prohibía a su mujer acercarse a sus hijos. Le respondió que no, pero que se comunicarían con la comisaría y con el juez Avilés para pedir una constancia judicial.

Luis Avilés dijo que no sabía cómo Emilio Elgueta consiguió su número telefónico y que era primera vez que hablaba con él. Cuando contestó, agregó, su interlocutor se identificó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y agregó que luego lo puso al tanto de la situación y le avisó que el fiscal Moya Lehuedé lo iba a contactar para pedirle una orden en contra de su señora. Horas después, el juez Avilés recibió el llamado de la ­Fiscalía.

¿Puede un gásfiter hacer lo mismo?

El último llamado de Elgueta al fiscal Moya Lehuedé está registrado el 3 de agosto. Justo el día anterior, los plenos de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel se reunieron para decidir la terna entre los nueve candidatos que se postulaban para el cargo de fiscal regional metropolitano Centro Norte. Entre ellos figuraba el fiscal Moya Lehuedé. Andrés Montes –quien finalmente ocuparía el puesto– obtuvo 22 votos. Moya Lehuedé solo tres. Uno de ellos, de Elgueta.

En este primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta, Moya Lehuedé declaró que el entonces ministro solo recibió trato de víctima, que nunca se sintió presionado por él y que jamás le hizo referencia al concurso para fiscal regional. Moya Lehuedé, de buena trayectoria en el Ministerio Público, dejó esa institución a comienzos de 2015.

El 2 de septiembre de 2010, el juez instructor a cargo del proceso disciplinario propuso que Elgueta fuese sancionado con una amonestación privada por el siguiente cargo:

Vulnerar el principio de ética judicial, vinculado a la probidad, que exige abstenerse de intervenir de cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate, lo que se traduce en la especie en una presión indebida con el objeto de conseguir un beneficio directo.

Como sabemos, fue sobreseído –con cuatro votos en contra– por sus pares de la Corte de Apelaciones. En la Suprema, con el voto de la exministra Gabriela Pérez, las cosas cambiaron.

En medio de este proceso, una de las cosas que más desestabilizó al ministro Elgueta fue ver su nombre en la ­prensa. No por un logro, claro, sino asociado a una causa de violencia intrafamiliar y a la mala utilización de su cargo. También que su intimidad quedara expuesta –y sin mucho filtro– ante colegas y funcionarios de la corte de Santiago.

A principios de agosto de 2010, pocas semanas antes de que le formularan los cargos, Emilio Elgueta solicitó ser trasladado de la corte de Santiago a la de San Miguel, pero le denegaron la petición. Fue una permanencia incómoda que se extendió por nueve meses más, hasta que encontró la fórmula.