Varios autores - Joyitas

Cuando supo que Alejandra Rebolledo había sido desestimada por la Fiscalía de Rancagua, Emilio Elgueta le envió dos mensajes de texto al fiscal Arias:

–Gracias. Le agradezco toda su preocupación y dedicación al tema personal que le conté. No todos los seres humanos son iguales. Yo soy súper jugado. Y si un amigo me pide un favor, se lo hago, porque sé lo importante que es PARA MI AMIGO. Que tengas un buen día.

No se aguantó –quizá la ironía había sido demasiado sutil– y volvió a la carga con otro mensaje:

–No te la jugaste. Esperaba a un amigo. De verdad. Como los que yo tengo y contados con los dedos de las manos. ¿Sabes? Siendo presidente de la Corte de Apelaciones de Talca anulé un concurso donde no venía un amigo. Y él después fue nombrado. Esos son amigos. Que te vaya bien.

Otra exalumna de Elgueta en la Universidad de Aconcagua también recibió su ayuda. De acuerdo con el expediente que sustentó su remoción, el exministro exigió –y logró– que la integraran al Primer Juzgado Civil de Rancagua a través de presiones a la secretaria de ese tribunal, a quien, además, le habría ofrecido su voto para el cargo de jueza de San Fernando. El relato de una funcionaria de ese tribunal indica que en su nuevo lugar de trabajo, su exalumna se pavoneaba de su cercanía con el exministro Elgueta.

No son casos aislados, ya está claro. En más de 10 oportunidades Elgueta firmó la designación de la hija de su amigo, el también expulsado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, en cargos de suplencia en distintos tribunales de la Región de O’Higgins. Vásquez hizo lo mismo y también firmó en una oportunidad el nombramiento de su propia hija.

Al exministro Marcelo Vásquez se le cuestionó también por la designación en tres oportunidades de una exalumna de derecho de la Universidad de la República en cargos transitorios de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Cuando estalló el caso de los ministros de Rancagua, a fines de marzo de 2019, Marcelo Vásquez vivía en un departamento de un edificio de ocho pisos ubicado en la céntrica calle Campos de la ciudad. Es una vivienda pequeña, de un ambiente, con cocina americana y escasamente amoblada. El 13 de abril, poco después de que salieran a la luz los antecedentes en su contra, el exministro Vásquez tomó todas sus cosas y se marchó del lugar. Era un departamento en arriendo. Pero el contrato indica que el arrendatario oficial del inmueble no era Vásquez, sino su amigo y colega, Emilio Elgueta.

No hay claridad sobre el porqué del raudo abandono del exmagistrado del edificio y cuál era el destino inicial de ese departamento por el que Elgueta estuvo pagando arriendo poco más de un año. Tras la salida de Vásquez del inmueble, quedaron en el incinerador del edificio varios desechos, entre ellos una ruma de envases de suplementos alimenticios y proteínas. El ministro Vásquez –quien en sus 32 años en el Poder Judicial también figura con calificaciones “muy buenas” y “sobresalientes”– se mantiene en forma y uno de sus hobbies es la actividad física. Se le ve con frecuencia entrenando en el gimnasio Sport 9 Fitness Gym, de Machalí.

Respecto de las designaciones que se le cuestionan, Elgueta dijo a CNN Chile, en una de las pocas entrevistas que ha dado tras ser expulsado del Poder Judicial, que eso es usual que ocurra en la judicatura, que la Corte Suprema llama recurrentemente a sus subalternos para pedir favores, nombramientos. En esa entrevista, ya sin mucho que perder, tiró del mantel. Y sacó al ruedo al exministro Hugo Dolmestch (“llamaba a través de su secretaria”, dijo) y también a los ministros Silva –sin especificar si se trata del actual presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, o del supremo Mauricio Silva– y Haroldo Brito, quienes, afirmó, “tuvieron cercanía conmigo, no voy a decir en qué términos, para tener los cargos que tienen”.

Emilio Elgueta se retrató en esa entrevista como una suerte de eslabón en una larga cadena de favores enquistada al interior del Poder Judicial. “Yo soy un subalterno, si no lo hago, soy mal calificado (...) así que no me atribuyan cosas que suceden todos los días”, agregó.

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Tras la serie de desencuentros producidos por las presiones de Elgueta para ubicar a Alejandra Rebolledo y Gladys Bustos en la Fiscalía, la tensión con los persecutores de Rancagua llegó a su punto de ebullición el 2 de enero de 2018. Ese día, el tribunal de alzada rancagüino debía revisar un dictamen en primera instancia que solo semanas antes había rechazado el sobreseimiento definitivo del hijo de la expresidenta Michelle Bachelet en la arista principal del caso Caval. La Fiscalía de Rancagua le imputaba a Sebastián Dávalos negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Poco antes de esa audiencia, Marcelo Vásquez Fernández, entonces presidente de la corte, dispuso repentinamente el cambio de los miembros de la sala donde se vería el recurso. El ministro Ricardo Pairicán, quien debía concurrir originalmente a esa instancia, fue marginado y reemplazado por el abogado integrante Álvaro Barría.

Ese día 2 de enero, Sebastián Dávalos, por decisión unánime de la sala compuesta por Vásquez, Elgueta y Barría, fue sobreseído definitivamente. La Fiscalía de Rancagua presentó más tarde una queja ante la Corte Suprema, pero el recurso fue desestimado por el máximo tribunal. Dávalos quedó fuera de la investigación. Pudo haber mérito para que así fuera, pero a la luz de los hechos actuales ese movimiento no se ve bien. De hecho, uno de los cargos que levantó la Suprema contra el ministro Vásquez tiene relación con la discrecionalidad con la que el exmagistrado operó ese día.

A la salida de tribunales, el hijo de la expresidenta Bachelet se fue con todo contra la Fiscalía de O’Higgins. La trató de “corrupta”. Pero Dávalos debió volver tres meses después a Rancagua para una nueva formalización en una causa subsidiaria de Caval, originada en una querella por estafa presentada por el empresario Gonzalo Vial Concha. Cerca de la puerta del tribunal lo esperaba Bernardo Córdova, quien meses antes ya le había enrostrado un cartel que decía: Davalo (sic) el hijo del año. Este fue el diálogo:

–Hola, chanta –saludó “El Hombre del Cartel”.

–Hola, tatita, váyase pa’ la casa que hace frío –respondió Dávalos.

Córdova no se fue ni se calló:

–Ladrón, ladrón, ¿quién te va a defender ahora?

Una segunda fractura entre la Fiscalía de O’Higgins y la Corte de Apelaciones de Rancagua se produjo en octubre de ese mismo 2018, luego de que la primera sala de ese tribunal –integrada por Elgueta y Vásquez– acogiera un recurso de protección interpuesto por la Iglesia Católica. Los ministros decretaron orden de no innovar, lo que paralizó por casi dos meses la investigación que llevaban los persecutores de Rancagua por abusos sexuales y encubrimiento de sacerdotes.

Por esas fechas, Bernardo Córdova se paseaba por las calles de Rancagua con su casco de faena y vestido con una sotana blanca amarrada con un cíngulo en su cintura: Tolerancia cero. Sacerdocio abusadores. Deben ser casados, decía su cartel.

Los puentes entre dos de los poderes más importantes de Rancagua estaban dinamitados. A fines de ese mismo mes de octubre, Elgueta y Vásquez fueron a Santiago a dejarle en persona al fiscal nacional, Jorge Abbott, una denuncia administrativa contra el fiscal Arias. Lo acusaron de “odiosidad”, también de “afán de protagonismo”.

Para entonces, todo indicaba que los exmagistrados ya se habían enterado de que la Fiscalía de Rancagua había abierto una investigación en su contra por el nombramiento irregular de la hija de Marcelo Vásquez en tribunales de la zona. Pensaban, de hecho, que sus teléfonos estaban pinchados. La visita tenía como fin inhabilitar al fiscal Arias y, probablemente, enterrar esa investigación en la que ambos figuraban como protagonistas.