Bernadette Atuahene - ¡ Queremos lo nuestro!

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En el libro ¡Queremos lo nuestro!, la profesora Bernadette Atuahene desarrolló por primera vez, de manera sistemática, los que se han convertido en sus aportes conceptuales más relevantes en la literatura relacionada con el tema de las expropiaciones y lo referente al movimiento de derecho y sociedad en Estados Unidos. Se trata de los conceptos «expropiación de la dignidad» y «restauración de la dignidad». La autora usa un amplio y detallado trabajo de campo en ciudades de Sudáfrica y logra mostrar que la expropiación de la que fueron víctimas miles de personas durante el apartheid, además de despojarlas de su propiedad, las privó de su dignidad. Aunque múltiples regímenes constitucionales amparan las expropiaciones que llevan a cabo los Estados con el objetivo de alcanzar fines importantes y legítimos, cuando estas deshumanizan o infantilizan a quienes las padecen, debe otorgarse un remedio que permita restaurar la dignidad «expropiada». Dicho remedio, de acuerdo con la profesora Atuahene, debe ir más allá de la compensación económica y permitirle a la persona despojada convertirse en parte de la comunidad política con voz y agencia.

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Albert argumenta que los kurdos iraquíes han sido sometidos a múltiples rondas de expropiación de la dignidad tanto bajo el régimen de Saddam Hussein Baath como el de ISIS, quienes intentaron negar el autogobierno kurdo a través de la privación masiva de propiedades acompañada de infantilización y deshumanización en forma de violencia dirigida por el Estado 45. Albert, politólogo, enumera las circunstancias bajo las cuales la negación del autogobierno constituye una infantilización. Argumenta que, cuando existen tres condiciones, la no concesión de autodeterminación establece la infantilización: «1) la voluntad de autogobernarse; 2) la capacidad de autogobernarse; y 3) cuando al otorgar soberanía genera un conflicto mayor. Si alguna de estas tres condiciones no está presente, no se ha producido la infantilización» 46. Esta es una contribución valiosa al marco conceptual de expropiación de la dignidad/restauración de la dignidad.

La guerra civil que aún se presenta en Colombia ha desterrado a millones de sus ciudadanos 47. Guzmán, una académica jurídica colombiana, argumenta que si bien algunas veces la privación asociada a la tierra, la vivienda y otras propiedades implica la deshumanización o la infantilización, no siempre es así 48. Incluso cuando no hubo expropiación de la dignidad, Guzmán afirma que la restauración de la misma es aún necesaria porque no solo es una solución adecuada para casos en los que se ha presentado la expropiación de la dignidad, sino también una medida adecuada para otros tipos de abusos masivos contra los derechos humanos. Además, Guzmán compara la concepción de las reparaciones transformadoras, incrustadas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia, con la idea de la restauración de la dignidad. Basándose en una muestra de opiniones judiciales del tribunal de restitución de tierras de Colombia para comprender la restitución transformadora, Guzmán afirma que la principal diferencia es que «mientras la restitución transformadora tiene como objetivo transformar las injusticias sociales, la restauración de la dignidad se centra en reafirmar la humanidad de las víctimas y restablecer su agencia» 49.

C. Sanciones penales

Acevedo y Yuille aclaran qué formas de sanciones penales califican como una expropiación de la dignidad, mientras que Baer usa la Ordenanza de Reparaciones de Tortura de la Policía de Chicago para examinar cómo los movimientos sociales configuran la restauración de la dignidad 50.

Acevedo es un historiador jurídico que describe el punto en el que el castigo penal deja el ámbito del castigo legítimo y, en cambio, entra en el dominio de la expropiación de la dignidad. Dado que delimitar la autonomía de un individuo es el objetivo de todo castigo que implique varias formas de restricción, la infantilización es inherente a este proceso. Así, para que el castigo alcance el nivel de una privación ilegítima de la dignidad, este tiene que implicar algo más que una restricción severa de la autonomía. Además, Acevedo argumenta que el cuerpo es propiedad y, por lo tanto, su destrucción o aniquilación satisface el elemento de propiedad requerido para una expropiación de la dignidad 51.

Acevedo descubrió que en Inglaterra del siglo XVII «las expropiaciones de dignidad ocurrieron cuando el Estado expropió las propiedades de los delincuentes después de ser ejecutados públicamente de manera deshumanizante, o cuando el Estado ejecutó por delitos menores o de una manera diseñada para infligir deshumanización» 52. Aunque los colonos estadounidenses eliminaron muchos castigos deshumanizantes de su código legal, como el acuartelamiento de los traidores, el Código Sangriento y la corrupción de la sangre no eliminaron todos los castigos deshumanizantes 53. Por ejemplo, en la colonia de la Bahía de Massachusetts, ciertos castigos evocaron una expropiación de la dignidad: la mutilación constituía una deshumanización, mientras que los azotes públicos no debían hacer más que avergonzar e infantilizar al convicto. Por el contrario, la imposición de una letra escarlata u otros castigos destinados exclusivamente a avergonzar a los convictos, no alcanzaron el nivel de una expropiación de la dignidad (aunque profundamente humillantes) porque no hubo deshumanización o infantilización.

Adicionalmente, Acevedo utiliza los casos de mala conducta policial en los Estados Unidos para explorar la expropiación de la dignidad y la restauración de la dignidad 54. Argumenta que cuando la policía usa violencia ilegal contra poblaciones vulnerables que históricamente han sido deshumanizadas e infantilizadas, esto es una expropiación de la dignidad. La propiedad involucrada es el cuerpo; y Acevedo señala que el abuso físico y el asesinato pueden destruirlo o eliminarlo 55. Acevedo sostiene que la idea de la restauración de la dignidad puede generar soluciones sólidas que van más allá de las dos respuestas más comunes a la violencia policial extralegal: indemnizaciones monetarias a las víctimas o a sus familias e investigaciones formales por parte de una entidad estatal.

Yuille examina si los requerimientos judiciales en contra de las pandillas califican como expropiaciones de dignidad 56. Se trata de una académica jurídica que investiga una orden judicial en contra de las pandillas en Monrovia California, la cual prohíbe a los presuntos miembros de pandillas participar en una amplia gama de actividades que de otro modo serían legales 57. No pueden, por ejemplo, usar «ropa de pandillas» en público o llevar «elementos para marcar superficies» como latas de pintura, bolígrafos y otros utensilios de escritura que se pueden usar para hacer grafitis 58. Yuille argumenta que aunque el Estado impide que los presuntos miembros de pandillas usen ciertas propiedades en público, esto es solo una pequeña parte de la expropiación. El daño más insidioso aunque invisible es la privación de la propiedad de la identidad, que ella define como la propiedad que determina cómo las personas se entienden a sí mismas 59. Además, Yuille argumenta que el Estado trata a los jóvenes pandilleros como súper depredadores y no como los niños que, de hecho, son 60. En consecuencia, la ciudad de Monrovia ha sometido a presuntos miembros de pandillas a una expropiación de la dignidad porque la deshumanización ocurre junto con la privación de la propiedad.

Baer es un historiador que sostiene que el escándalo de tortura policial de Chicago perpetrado entre 1972 y 1991 por Jon Burge y una camarilla de detectives blancos fue realmente una expropiación de la dignidad 61. La destrucción de los cuerpos de las víctimas a través de la tortura fue la privación de la propiedad 62. Los detectives forzaron confesiones de más de 120 sospechosos afroamericanos utilizando tácticas horribles que sin duda alcanzaron el nivel de deshumanización e infantilización. Utilizando diversas fuentes de datos cualitativos, la contribución de Baer es poner en primer plano los motivos de quienes expropian la dignidad 63. Él sostiene que, en respuesta a una amenaza percibida hacia su estatus, los detectives blancos torturaron a los sospechosos afroamericanos para fortalecer su propia posición 64. En 2015, el Movimiento de Reparaciones de Chicago aseguró con éxito la Ordenanza de Reparaciones de Tortura de la Policía de Chicago, que incluyó 100,000 reparaciones para los 57 demandantes, asesoramiento psicológico, atención médica, capacitación vocacional, una disculpa, un memorial público, un centro comunitario, un plan de estudios en las escuelas públicas para educar a los jóvenes sobre el escándalo, y matrícula gratuita en las universidades de la ciudad para los sobrevivientes y sus familias 65. Baer identifica a los restauradores de la dignidad como las organizaciones del movimiento social que ganaron estas diversas concesiones y que pueden ser usadas por las víctimas para restaurar su propia dignidad.

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