1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Así como en el ciclo post-dictatorial los objetivos centrales fueron la reinstalación política y la plena inserción económica en la globalización, el nuevo ciclo de la política exterior debe orientarse a la generación de las condiciones externas necesarias para un desarrollo más sostenible, inclusivo y justo de la sociedad chilena. La democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la dignidad de las personas deberán ser los ejes articuladores de la narrativa y accionar de nuestra diplomacia en las próximas décadas. En el plano interno, la política exterior deberá estar al servicio de la defensa, consolidación y expansión de las conquistas democráticas que sirven de base para una sociedad más justa. En el plano externo, se debe abocar a la promoción, con realismo y responsabilidad, de los valores y principios que la sustentan, así como generar las condiciones que permitan el pleno desarrollo de la sociedad chilena y la construcción de una sociedad internacional basada en reglas que den garantías de estabilidad a sus miembros más débiles.
Una política exterior progresista no puede permanecer ajena a la cuestión de la desigualdad estructural de la sociedad chilena, puesto que algunos de sus componentes tienen efectos distributivos a nivel doméstico. Por su materialidad, el caso de la política comercial es probablemente el más evidente.59 Pero los compromisos adquiridos por el Estado en ámbitos tales como los derechos humanos y el cambio climático también pueden tener este tipo de efectos, ya sea material o simbólicamente, e impactar sobre la desigualdad desde un punto de vista multidimensional. Por otra parte, en la medida que las narrativas de política exterior tienen un rol importante (aunque no exclusivo) en la constitución del “quiénes somos”60 como comunidad política, ella puede contribuir en la articulación de proyectos colectivos y a la generación de niveles mínimos de cohesión social.
La problemática externa central que enfrentará Chile en el nuevo ciclo será la generación de los mayores espacios posibles de autonomía estratégica en la definición y consecución de sus objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo. Flexibilidad, resiliencia, incrementalidad y agilidad serán atributos claves a cultivar a fin de asegurar tal autonomía en un escenario internacional multipolar, complejo y fragmentado. La conducción estratégica del Estado será determinante en este sentido. A nivel doméstico, ello implicará la difícil tarea de compatibilizar la apertura económica vigente con mecanismos que permitan tanto reducir la vulnerabilidad externa de la economía nacional como contar con un modelo de desarrollo más justo y sostenible. Asimismo, será necesario construir los acuerdos políticos necesarios para dar viabilidad y proyección a las opciones estratégicas que se tomen.
En lo tocante a la política exterior, la ampliación del margen de autonomía estratégica requerirá el despliegue de una diplomacia emprendedora, caracterizada por un enfoque integrador de políticas a nivel doméstico (whole-of-government), la capacidad de innovación e iniciativa diplomática, y la construcción de coaliciones regionales y globales ad hoc.61 De este modo, así como el ciclo post-dictatorial se caracterizó por su extensividad, el nuevo ciclo de la política exterior chilena debe distinguirse, desde el punto de vista de la aproximación estratégica general, por su intensividad. Si bien la ampliación de los vínculos diplomáticos continuará siendo una tarea importante, una estrategia intensiva debe poner el foco en la calidad y densidad de nuestra presencia en el mundo. Como se detallará más adelante, una condición necesaria para el despliegue óptimo de una diplomacia de tipo emprendedor será el desarrollo de capacidades institucionales más sofisticadas y especializadas.
El éxito de un nuevo ciclo de la política exterior en los próximos años dependerá, al igual que en el pasado, de la capacidad que tenga el sistema político de resolver apropiadamente los conflictos y dilemas que enfrenta la sociedad chilena en la actualidad. En el corto y mediano plazo, ello estará estrechamente vinculado tanto a la recuperación de la profunda crisis económica y social global derivada de la pandemia, como a la forma en que se lleve a cabo la Convención Constitucional y la nueva Carta Fundamental que emerja de esta. En el largo plazo, el desempeño internacional del país estará sujeto a su nivel de desarrollo, la capacidad de la nueva Constitución de sentar las bases de un orden social más justo, y, por cierto, el contar con una política exterior a la altura de los desafíos externos e internos que enfrentará el país.
El reconocimiento de lo anterior debe ser gravitante en la manera en que planteamos nuestra diplomacia y, por ende, sus objetivos, intereses y prioridades. Por consiguiente, y dado que estos escenarios son cambiantes, poner el debate sobre los lineamientos estratégicos de la política exterior en un tono de exclusión y encapsulamiento no parece ser la respuesta adecuada a los fenómenos contemporáneos de la política internacional. Hoy más que nunca se requiere más y mejor política exterior.
Los ejes de acción clave de un nuevo ciclo progresista para la política exterior
El presente volumen abarca múltiples dimensiones y agendas de las relaciones exteriores del país. No obstante, siete son los ejes claves que se proponen para un nuevo ciclo progresista de la política exterior chilena: renovar el compromiso chileno con América Latina y superar el statu quo vecinal; revitalizar el multilateralismo; hacer de los derechos humanos un sello distintivo de la presencia de Chile en el mundo; impulsar una política exterior feminista e inclusiva; convertir al país en una potencia turquesa; avanzar hacia una política exterior plurinacional; y construir una política exterior más democrática y participativa.
Renovar el compromiso con América Latina y superar el statu quo vecinal
En el nuevo ciclo de la política exterior, la reafirmación del compromiso regional y pertenencia latinoamericana del país debe constituir un objetivo político de primer orden. Uno de los legados del ciclo post-dictatorial es el relativo debilitamiento de nuestros vínculos políticos con América Latina. Con seguridad, como ya se ha indicado, la región nunca ha dejado de ser nuestra prioridad declarada. No obstante, la estrategia de inserción económica internacional autónoma no ha estado exenta de costos en las relaciones con nuestro vecindario. La prolongación de este esquema de relaciones de limitada densidad será insostenible en el tiempo, particularmente en temas clave como el cambio climático, las migraciones y el narcotráfico. Ante la crisis del orden internacional, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, la pérdida de relevancia latinoamericana62 y la debilidad institucional de nuestras sociedades, la integración regional vuelve a aparecer no como una opción, sino como un imperativo.63 Sin embargo, también es necesario asumir con realismo sus limitadas perspectivas en una región que, al menos en el mediano plazo, promete no atenuar su fragmentación. Es por ello que, junto con trabajar por la revitalización del regionalismo latinoamericano, la articulación de coaliciones regionales ad hoc (el abc, por ejemplo64) y nichos diplomáticos colectivos debe ser parte central del repertorio de nuestra política exterior.65 Cualquier intento de autonomía estratégica será inviable sin una mayor densidad de nuestro vínculo con la región.
En lo que respecta a nuestras relaciones vecinales, el statu quo no es la solución.66 En América Latina, la relación con nuestros vecinos tiene que ser nuestra prioridad más inmediata. Esta debe ser estratégica y hábilmente delineada, a fin de superar la inactividad y relativo vacío de contenido que hemos observado en los últimos años. Por ello, es necesario establecer mecanismos audaces para consolidar y fortalecer las relaciones ya existentes con Argentina y Perú, e iniciativas más creativas y no monotemáticas con Bolivia. No debemos olvidar que el centro de toda acción con estos países son las personas que se ven afectadas por cada una de las medidas que adoptan los gobiernos.
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