Disrupción tecnológica, transformación y sociedad

En particular, resulta relevante la argumentación relativa al incumplimiento de los requisitos legales impuestos por la Magnuson-Moss Warranty Act a la multinacional 51. La citada disposición legislativa previene acerca de la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo estipulado en las garantías escritas otorgadas a los clientes, y de la necesidad imperativa de realizar las reparaciones pertinentes mientras dure la garantía para remediar los defectos o fallos de los productos 52. Al respecto, la parte actora alega que Apple no solo se negó a reparar los fallos incorporados sin coste para los consumidores, sino que, en su lugar, puso en funcionamiento actualizaciones que enmascaraban el problema de sus terminales y disminuían las prestaciones del producto, reduciendo la velocidad con la que los mismos eran capaces de ejecutar sus funciones (Michael Hakimi vs. Apple Inc., 2017).

En consonancia con las acciones previamente analizadas, en la presente vuelve a acusarse a Apple de violar la Consumers Legal Act del Código Civil Californiano 53, y los preceptos que regulan la competencia desleal en el Bussinessand ProffesionalCode 54, así como de incurrir en publicidad engañosa, ocultación de información, fraude y enriquecimiento injusto.

5. EL CASO GALLMANN VS . APPLE INC.

La class action presentada en el caso Gallmann vs. Apple (2017), profundiza, desde una perspectiva técnica, en el problema que surge en las baterías de terminales anteriores al iPhone 8, como consecuencia de la instalación de la actualización 10.2.1 del iOS. Al respecto, la parte actora defiende que el desgaste de la batería no debería, en principio, y desde una perspectiva objetiva, guardar relación con el funcionamiento del dispositivo móvil, salvo que existiese un software que vinculase ambas cuestiones.

Al igual que en acciones previas, los demandantes argumentaron que Apple había incumplido las leyes californianas, en concreto sus disposiciones relativas a la protección de los consumidores, tachando la conducta de la multinacional de fraudulenta. También en el marco de la presente acción –con base en los precedentes– inculparon a Apple de interferir directamente con el derecho de uso de sus clientes sobre sus dispositivos móviles, pues todos ellos –salvo prueba en contrario– habrían adquirido su propiedad previo pago de un precio concertado, razón por la cual, desde su perspectiva, la conducta de Apple habría configurado una disrupción en las facultades de uso y disfrute aparejadas al derecho de propiedad en cuestión. Intromisión que está prohibida por las leyes californianas y por la teoría jurídica más básica a través de la cual se defiende el derecho real de propiedad, y solo se restringe bajo el amparo de supuestos fácticos muy concretos, usualmente vinculados con el bienestar común, que claramente no se encuentran relacionados con la naturaleza subjetiva de la multinacional tecnológica, Apple, ni con la naturaleza objetiva de sus operaciones.

La acción Gallmann incorpora un último fundamento jurídico no alegado en el resto de las acciones aquí consideradas: el incumplimiento de Apple de la buena fe y las buenas prácticas que lleva implícita toda negociación contractual, en dos momentos distintos: en el de la compra del terminal móvil y en el de la instalación de la polémica actualización. De acuerdo con los litigantes, Apple informó a sus consumidores que el propósito de la actualización iOS 10.2.1 era proveer la mejor experiencia posible a los consumidores, así como mejorar el desempeño general del dispositivo y la prolongación de su vida útil 55. Sin embargo, la demandante alega que verdaderamente las acciones de Apple estaban orientadas a acortar de forma intencional la vida de sus dispositivos, faltando por lo tanto la empresa a la buena fe y las buenas prácticas imperativas en todo negocio.

E. ISRAEL

En este país se interpuso una acción de grupo en contra de Apple y se inició una investigación por supuesta violación de los derechos del consumidor.

La acción de grupo se interpuso con fundamento en que Apple ocultó información al no anunciar que la actualización 10.2.1 de iOS podría afectar el rendimiento de los dispositivos anteriores al iPhone 8 ( Haaretz Daily Newspaper, diciembre 2017).

Afirmaron los accionantes en el presente asunto que Apple tenía “un interés claro en ocultar información a los usuarios, en virtud de que prefiere que los consumidores reemplacen su antiguo iPhone por uno nuevo, lo más rápido posible” (Haaretz Daily Newspaper, diciembre 2017).

La investigación administrativa ( Reuters, 2018; Macrumors, 2018) la inició la Consumer Protection and Fair Trade Authority, entidad encargada de la protección al consumidor, con el fin de determinar si Apple ocultó información relevante a los consumidores debido a la incidencia que tuvo la actualización de iOS 10.2.1 en los modelos de iPhone previos al 8. En la investigación se interrogó al director de Apple Israel, Tony Friedman, y se anunciaron posibles multas contra la compañía.

F. CHINA

En China, el medio gubernamental de noticias Xinhua ( Xinhuanet, 2018) anunció que el Shanghai Consumer Council requirió a Apple para que informase las razones y soluciones que podían plantearse frente a la reducción en el rendimiento de los modelos de iPhone afectados por la actualización 10.2.1 del sistema operativo, ante lo cual la compañía respondió que con una posterior versión del sistema operativo los usuarios podrían elegir entre un mejor rendimiento o la protección de la batería.

G. COREA DEL SUR

En Corea del Sur se han presentado tres acciones de grupo y una denuncia criminal en contra de Apple.

Dos de las tres acciones de grupo fueron presentadas por el Citizens United for Consumer Sovereignty, un colectivo de ciudadanos que representa los intereses de los consumidores. La primera, en representación de 122 de personas, fue interpuesta en enero de 2018 con pretensiones que ascienden los 2.000 dólares por persona, fundamentadas en la reparación de los perjuicios causados por las incidencias en el rendimiento de los dispositivos experimentadas a partir de la actualización 10.2.1 de iOS. Actualización que, en opinión del colectivo, no solo tenía por objetivo mejorar el rendimiento de los dispositivos, sino también, de forma intencionada, aumentar de forma transversal las ventas de las nuevas versiones de iPhone ( Yonhap News Agency, 2018a). Tras aquella acción se interpuso una segunda demanda en marzo de 2018 en representación de 401 personas ( Korea Times, marzo 2018).

La tercera acción de grupo fue presentada por la firma de abogados Hannuri a finales de marzo de 2018, en representación de 63.767 consumidores, en contra de Apple Korea y Apple Inc., con fundamento en que Apple diseñó y programó la actualización de iOS de tal forma que deteriorara el rendimiento de los iPhone, sin haber notificado esta condición a los consumidores.

En concepto de los demandantes, la conducta de Apple se tradujo en: i) destrucción de la propiedad privada; ii) violación del artículo 48 (2) de la Information & Communications Network Act, que prohíbe la transmisión o distribución injustificada de software malicioso que pueda alterar la información almacenada, o almacenada en un sistema de información o programada; iii) violación del artículo 19 (3) de la Consumer Framework Act, que impone a las empresas el deber de suministrar información precisa a los consumidores respecto de los bienes comercializados, y iv) incumplimiento de la obligación contractual emanada del principio de la buena de fe de revelar información al consumidor ( Hannuri Law, 2018).

El colectivo Citizens United for Consumer Sovereignty presentó el 18 enero de 2018 una denuncia criminal en contra de Tim Cook por destrucción de propiedad y fraude, a causa de los problemas presentados por el Batterygate ( Reuters, enero de 2018). La oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl anunció el 19 de enero de 2018 la apertura formal de la investigación y su asignación a la unidad encargada de investigar los delitos en contra de la propiedad intelectual ( Yonhap News Agency, 2018b).