Disrupción tecnológica, transformación y sociedad

1. EL CASO BOGDANOVICH & DAKOTA SPEAS VS. APPLE INC

En el asunto Stefan Bogdanovich & Dakota Speas vs . Apple Inc. (2017) los demandantes manifestaron que la planificación de la vida útil del producto, generada mediante la inclusión de un componente informático en la actualización iOS 10.2.1, configuraba un incumplimiento de las condiciones contractuales implícitas en el acuerdo entre los consumidores y la compañía. Concretamente los demandantes sostuvieron en primer lugar que en el acuerdo de compraventa –a pesar de no encontrarse una alusión taxativa al respecto– se hallaba implícita una obligación a cargo de Apple, en atención a la cual la compañía debía abstenerse de menoscabar, mermar o reducir a través de sus conductas el valor o la capacidad del dispositivo para ejecutar funcionalidades. Obligación que –de acuerdo con su valoración– la compañía había incumplido, al ralentizar y disminuir de forma intencionada la velocidad y capacidades de los modelos de iPhone anteriores a la versión 8 [ 49 ].

Subsecuentemente los demandantes expusieron en su escrito que la merma en el desempeño de los dispositivos, provocada por la compañía, suponía un daño a un bien mueble, proveniente de una conducta ilícita concretada en la interferencia de la multinacional en el derecho de posesión de sus clientes, que afectaba las facultades de uso y disfrute, toda vez que la alteración de los dispositivos, generada por el componente informático adherido a la actualización, impedía a los usuarios utilizarlos del mismo modo que con antelación a su instalación, y les compelía a adquirir nuevas baterías sin la garantía de recuperar por completo la funcionalidad perdida, por lo que muchos consumidores optaban por adquirir nuevos terminales 50.

2. EL CASO KEATON HEARVEY VS. APPLE INC.

Con motivo de la referida comunicación en la que Apple admitía introducir actualizaciones que interferían con el normal funcionamiento de sus productos, se presentó también la acción conocida como Keaton Hearvey vs. Apple Inc. (2017). Si bien los fundamentos fácticos de la presente acción y la anterior class action resultan coincidentes, no ocurre así con la calificación de los hechos que realizan los operadores jurídicos de ambos procesos, destacando en la presente demanda la identificación de las prácticas de Apple con el fraude.

Así, de conformidad con la relación de los hechos presentada por la actora, la multinacional habría inducido deliberadamente a los consumidores a incurrir en error en cuanto al funcionamiento de las baterías incorporadas en sus dispositivos, ocultándoles información respecto de su durabilidad y de la actualización a instalar, pues no les había avisado de las consecuencias que aquella tendría en el desempeño final de sus dispositivos. Sirviéndose de esta omisión –de acuerdo con la parte demandante– Apple había generado en los consumidores la obligación de adquirir en las tiendas de la compañía una nueva batería como única solución para suplir la merma en el rendimiento de sus dispositivos, e incitado a la compra de nuevos modelos de iPhone, coincidiendo los hechos descritos con la puesta en el mercado de nuevos modelos de dispositivos.

En concreto, los demandantes argumentaron que es posible defender que el mencionado fraude supuso: i) una violación de los preceptos relativos a la defensa del consumidor, incluidos en el Código Civil californiano (Consumers Legal Remedies Act, California Civil Code, secciones 1750-1784), al resultar subsumible en su definición de actos desleales y engañosos, y ii) una violación de la normativa de competencia desleal (Unfair Competition Law, California Business & Professional Code, secciones 17200 a 17209), por coincidir con la definición en ella contenida de prácticas comerciales ilícitas, fraudulentas y desleales.

Sin hacer expresa alusión al término “obsolescencia programada”, la presente acción colectiva encaja en la definición de la conducta que interesa al desarrollo del presente artículo. En ese sentido, tanto Hearvey como sus colitigantes han afirmado que la emisión de la actualización 10.2.1 del iOS, y la consiguiente afectación de la batería y la velocidad del terminal, eran parte de la estrategia de ventas de Apple. Y también, de acuerdo con la concepción defendida por los actores, esta empresa es ahora más que nunca consciente del mayor conocimiento tecnológico que adquieren sus clientes con el pasar de los años, y por ello encuentra cada vez más complicado persuadirlos con nuevas funcionalidades en sus productos, viéndose abocada, en atención a esos criterios, a llevar a cabo prácticas como la referida, para conseguir las cuotas de ventas deseadas en los últimos modelos de sus productos.

3. EL CASO ELIEZER RABINOVITS & VICTOR MAZZEO VS. APPLE INC.

Un día después de las anteriores acciones, el 22 de diciembre de 2017 fue interpuesta la acción Eliezer Rabinovits & Victor Mazzeo vs . Apple Inc. Nuevamente el controvertido comunicado de la multinacional motivó la presentación de una demanda, en cuyos fundamentos de derecho se sostiene que Apple incurrió en la comisión de conductas desleales conforme a la normativa norteamericana, concretamente, prácticas comerciales engañosas y publicidad engañosa.

Conforme a las alegaciones realizadas por la demandante, Apple estaría actuando al margen de la legalidad al no informar adecuadamente a sus clientes acerca de la imposibilidad de revertir la instalación de las actualizaciones, cuestión fundamental para los derechos de los consumidores, toda vez que las citadas “mejoras” del software interferían en el funcionamiento de las aplicaciones del dispositivo ralentizándolas. Los clientes afectados llegan incluso a afirmar en la acción en cuestión, que la actualización del software del dispositivo fue impuesta por Apple en virtud de los numerosos recordatorios del gigante informático acerca de su disponibilidad, emitidos con tal frecuencia que el uso normal del dispositivo se veía obstaculizado.

4. EL CASO MICHAEL HAKIMI VS. APPLE INC.

El hecho de que Apple reconociese abiertamente que ralentizaba las baterías de sus dispositivos brindó el soporte fáctico que una multitud de consumidores, previamente en desacuerdo con las prácticas empleadas por la multinacional, requerían para iniciar procesos litigiosos buscando ver resarcidos los perjuicios sufridos a costa de la empresa tecnológica. En ese sentido, Michael Hakimi (Michael Hakimi vs. Apple Inc., 2017), como otros tantos consumidores, no quiso perder la oportunidad de entablar una acción colectiva contra Apple, en la cual atribuyó a la compañía los siguientes comportamientos antijurídicos: i) fabricación defectuosa de sus productos; ii) negligencia en las soluciones para suplir los defectos en sus terminales; iii) abuso de la posición vertical que ostentaba con respecto a sus consumidores para ocultarles información y cometer fraude; iv) violación de las normas de competencia desleal californianas; v) incumplimiento de la garantía conforme a la Magnuson-Moss Warranty Act; vi) violación de las leyes californianas sobre publicidad engañosa; vii) fraude, y viii) enriquecimiento injusto.

En relación con los fundamentos jurídicos y económicos en torno a los cuales gira la obsolescencia programada, la presente acción destaca el supuesto fáctico en virtud del cual, Apple vendía a los consumidores productos defectuosos, propensos a ralentizarse con el paso del tiempo y a sufrir drenados de batería (Michael Hakimi vs. Apple Inc, 2017, aparts. 29 y ss.), circunstancias que debieron ser comunicadas oportunamente a los consumidores, y que, sin embargo, la compañía decidió omitir. Todo ello, de acuerdo con la concepción de los accionantes, agravada por el hecho de que la multinacional no pusiese a disposición de los consumidores medios de control adecuados para supervisar los defectos de sus dispositivos, y herramientas a favor del consumidor para solucionar tales problemas ( Soto Pineda, 2017).