Fernando Vargas Valencia - El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz

Fernando Vargas Valencia*

Introducción

Para contribuir aproximativamente a la difícil pero necesaria tarea de buscar elementos de intersección entre el derecho de propiedad y la justicia transicional en contextos como el de Colombia, pueden ser útiles algunos avances de carácter teórico encaminados en cierta medida a sustentar la hipótesis según la cual, desde el reconocimiento del problema histórico de la tenencia de la tierra en territorios rurales como elemento imprescindible para determinar los contextos estructurales del conflicto armado interno, se pueden encontrar datos para argumentar dicha intersección desde la perspectiva del caso colombiano.

El sustento de dicha hipótesis y de tales datos surge principalmente de algunas investigaciones en las que, junto con el profesor Luis Jorge Garay (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012; Vargas Valencia, Garay Salamanca y Rico Revelo, 2016), a quien se extiende un reconocimiento personal y académico a través de este texto, hemos podido contribuir desde la ciencia social y las perspectivas sociojurídicas, especialmente en el Equipo Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Garay Salamanca et al., 2011), que reporta a la Corte Constitucional en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la histórica Sentencia T-025 de 2004, en el entendido de que dicho seguimiento constituye un antecedente legítimo para evaluar el modelo de justicia transicional actualmente vigente en Colombia, de cara a la actual implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016 entre el gobierno nacional de Colombia y el grupo rebelde conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

1. La relación entre el conflicto armado colombiano y la estructura agraria como punto de partida

Con base en lo anterior, proponemos dibujar algunas ideas programáticas. La primera, que a partir de un punto de vista esquemático es oportuno recordar que en cierta medida la academia ha conseguido algunos consensos sobre el reconocimiento de la estrecha relación entre el conflicto armado colombiano, como una manifestación del ejercicio del poder de facto de carácter territorial a través o en función de estructuras armadas jerarquizadas con control político, económico y militar en muchos territorios caracterizados por la debilidad de la presencia del Estado (o su ausencia, o su cooptación por parte de agentes particulares que sobreponen sus intereses individuales y egoístas al de carácter general), y la estructura agraria del país, como elemento estructural explicativo de las dinámicas históricas de los fenómenos a los que se busca poner fin por medio de tecnologías o mecanismos transicionales (Machado, s. f.; Fajardo Montaña, 1998, 2002; Kay, 2003).

En este caso, cuando aludimos a la estructura agraria, hacemos referencia a unos contenidos objetivos y subjetivos. Desde la perspectiva subjetiva, se observa que históricamente en Colombia han existido una tensión y un conjunto de luchas entre sujetos agrarios en lo que atañe a su papel y reconocimiento en la política pública de acceso a la tierra, la cual tiene fines predominantemente distributivos. En este orden de ideas, puede afirmarse, como lo hace Salgado (2010), que existe una falla de reconocimiento en contra de las comunidades y pueblos campesinos (nos permitimos incluir solo para efectos metodológicos en dicha categoría también a los grupos humanos étnicamente diferenciados que tienen arraigo con la tierra en zonas rurales, y a las mujeres rurales), la cual se traduce en el diseño de políticas públicas de distribución inequitativa de activos rurales por parte de élites que detentan el poder institucionalizado, basado en un sesgo anticampesino y racista que desdice de la importancia social y económica de las y los campesinos y pueblos étnicos en la vida colectiva del país.

Desde el enfoque objetivo, se tiene que las disputas por el usufructo de la tierra encuentran repertorios de funcionalidad y conexidad con el actuar de grupos armados de poder en múltiples territorios rurales de Colombia, y se traducen en el reforzamiento de estructuras de tenencia caracterizadas por una dramática y vergonzante concentración de la propiedad rural en cabeza de pocas personas (Machado, s. f.), y por la informalidad de las relaciones de usufructo y tenencia detentadas por los sujetos rurales sobre los cuales ha recaído la falla de reconocimiento anteriormente señalada (Garay Salamanca et al., 2011): las y los campesinos trabajadores del campo de escasos recursos, y los pueblos indígenas y comunidades pertenecientes al pueblo afrodescendiente.

En el marco de esta estructura, también aparece un dato de especial relevancia para la intersección propiedad-justicia transicional basada en la relación conflicto armado-tenencia de la tierra rural, cual es la existencia de al menos dos modelos de desarrollo que son de difícil coexistencia en las zonas rurales del país. Por un lado, un modelo agroindustrial y de carácter extractivo cuyo actor principal es un empresariado que busca obtener el mayor provecho económico de los territorios a través de la acumulación de capital, no solamente desde la perspectiva de la explotación del suelo, sino también de la exploración y explotación intensiva de recursos naturales yacentes en el subsuelo, particularmente de minerales como el carbón y el oro, e hidrocarburos.

Por otro lado, un modelo que en realidad es una multiplicidad o diversidad de prácticas ancestrales y culturales de relación con el entorno, pero que para efectos heurísticos podría presentarse como un paradigma alternativo al anteriormente destacado, basado en aquellos saberes tradicionales y colectivos que pueblos de arraigo, como son las comunidades campesinas y los pueblos indígenas y afrodescendientes, aplican a sus relaciones colectivas con la tierra y el territorio mediante concepciones, medios y procedimientos completa e incluso radicalmente distintos a los que constituyen la obstinación del modelo capitalista, en cuanto se fundamentan en la búsqueda de un buen vivir-vivir bien colectivo como medio para garantizar su supervivencia física y cultural como sujetos colectivos diferenciados (Salgado, 2014).

Ello puede presentarse teóricamente como el contexto económico en el cual se desarrolla el conflicto armado colombiano, esta vez entendido en sentido amplio, es decir, como lo ha propuesto la Corte Constitucional en decisiones como los autos 4 y 5 de 2009 en el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y las sentencias C-291 de 2007, C-253A de 2012 y C-781 del mismo año: no solamente como un escenario de contiendas militares o bélicas, sino como un orden masivo de violaciones a derechos humanos asociado a factores subyacentes y vinculados de carácter económico, político y cultural.

Es evidente que un contexto económico de distribución fallida como el anteriormente señalado tiene efectos en las dinámicas del mercado y, por ende, en las de los contratos privados asociados a la propiedad aquí referida. Uno de tales efectos es el constatado por el Auto 8 de 2009 de la Corte Constitucional y recogido por el legislador en la Ley 1448 de 2011: el de despojo y abandono forzado de tierras y territorios asociados al desplazamiento interno de personas y comunidades. De allí surge una segunda idea o propuesta de intersección.

2. El desplazamiento forzado como estrategia de desaparición violenta de las diversidades rurales

Nuestra segunda idea es una invitación a situarnos en lo que pueden considerarse algunos elementos llamativos del desplazamiento forzado de personas y comunidades rurales en el marco del conflicto armado en Colombia, entendido como un fenómeno de desarraigo, exilio interno y pérdida de activos rurales por la vía de la desterritorialización violenta (Garay Salamanca et al., 2011). Dicho fenómeno ha sido calificado por la propia Corte Constitucional (2004) como una tragedia humanitaria de carácter masivo y sistemático en razón de sus efectos territoriales y poblacionales, al afectar a más del 15 % del total poblacional colombiano (El País , 2015) y al llevarse a cabo en diversidad de casos como un proceso de expulsión de comunidades enteras en territorios específicos, con su correlativo despoblamiento o repoblamiento radical.