Juan Carlos Muñoz-Mora - Esta es mi tierra

Adicionalmente, existen enfoques que toman en cuenta ambas perspectivas. 7Pocos conflictos armados son causados exclusivamente por codicia o agravios. Típicamente, las características de cada conflicto, junto con las realidades, desigualdades y agravios históricos, económicos y políticos, interactúan de manera íntima para crear las condiciones para la violencia (Ballentine, 2003; Zartman, 2005). Algunos estudios sugieren que la codicia y los agravios se refuerzan mutuamente debido a que la economía de guerra y la economía civil están entrelazadas (Keen, 2000; Collinson, 2003; Goodhand, 2003; Korf, 2004). De igual manera, la transferencia puede nacer de agravios o codicia y luego reproducirse por una razón distinta; por ejemplo, una vez comienza el conflicto, se produce una lógica automática (económica y política) de “clientelismo de tierras”, esto es, la modificación de los derechos de propiedad de tal forma que haya una redistribución de tierras que asegure la lealtad político-militar para mantener el orden (Velásquez, 2008), pero también como parte de una “economía criminal” organizada (la droga y en menor medida el oro y la madera) que financia el conflicto o que busca generar beneficios privados (Giraldo, 2011). 8

En cualquiera de las dos opciones, el contexto de un Estado débil –en oposición a un Estado fuerte– abre una “ventana de oportunidad” para el conflicto armado. La fortaleza estatal se expresa en un mayor número de funciones realizadas con mayor efectividad (Fukuyama, 2004; 2005). Entre estas funciones destacan: proteger a la población de conflictos violentos y controlar el territorio; satisfacer las necesidades básicas humanas de la población; promover las libertades civiles y políticas; establecer y mantener instituciones políticas que sean legítimas, transparentes y con rendición de cuentas; y crear un ambiente que propicie el crecimiento económico sostenible y equitativo (Rotberg, 2003; Rice y Patrick, 2008). En contraste, la fragilidad, debilidad o falla estatal se refiere a la ausencia de la capacidad o voluntad para llevar a cabo dichas funciones básicas del Estado. En términos más operativos, el monopolio sobre la fuerza y el territorio (presencia militar o policial), la administración de justicia, la recolección de impuestos y la redistribución de rentas, entre otros, son elementos que pueden ser utilizados como indicadores que permitan aproximarse a la presencia y la capacidad estatal.

Desde una perspectiva centrada en las incompatibilidades que definen los conflictos armados internos, estos pueden definirse como orientados a la construcción de Estado o al cambio de régimen político (Wallensteen, 2007, pp. 153-161). Para el caso colombiano, Pizarro –en su relatoría de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas–, sostiene que “no existen mayores discrepancias en relación con la baja capacidad del Estado para obtener recursos y llevar a cabo sus múltiples responsabilidades” (2015, p. 71). Esta afirmación subraya la precariedad institucional como una de las condiciones que facilitó la emergencia del conflicto armado y contribuyó a su prolongación. 9Entonces, se puede decir que la apropiación de la tierra ha sido, históricamente, un problema social de primer orden, 10lo cual se combina con una tendencia a una “presencia diferenciada” del Estado; esto es, tiene una mayor o menor centralidad institucional en los procesos sociales y políticos según el lugar (González, 2003).

La debilidad institucional en la definición y defensa de los derechos de propiedad, las desigualdades y el acceso abierto a rentas crean ventanas de oportunidad para grupos insurgentes e intensifican conflictos ya existentes (Velásquez, 2008, p. 124). Empero, la ausencia del Estado en un espacio no conduce necesariamente a una situación de anomia y conflicto, ya que en ocasiones el Estado es sustituido por grupos armados no estatales o paraestatales, que mantienen un cierto nivel de control. En cambio, esto no sucede en donde la presencia del Estado es completa o mínima mientras la de otra organización es total (Kalyvas, 2008, pp. 401-402). Así, el espacio que deja el Estado puede ser copado por otra organización para formar y mantener un orden alterno que funciona como un sistema de gobierno ilegal con poder sobre la sociedad.

La construcción y el mantenimiento de este tipo de orden se logran por medio de diversos mecanismos que resultan similares a los que emplea el Estado, entre los que se destacan el uso de la fuerza física o coerción, la recolección de tributos o extorsiones, y finalmente, la apropiación y redistribución de tierras (Brands, 2009). Con frecuencia, los más afectados por esto (usualmente en la forma de desplazamiento forzado) tienden a ser aquellos que son identificados como partidarios de algún actor enemigo, sea el Estado, la sociedad civil u otro grupo armado (Steele, 2011).

No obstante, una mayor presencia del Estado (cuando este es débil en otras formas), no significa necesariamente la ausencia de conflicto, violencia o actividades ilegales; por ejemplo, cuando el Estado sufre de corrupción sistémica, 11todo el sistema funciona de manera “enferma” (Rose-Ackerman, 2008). Así las cosas, el problema de la protección de los derechos de propiedad y la transferencia de tierras se relaciona de forma estrecha con la fortaleza de la presencia estatal y su permeabilidad frente a la cuestión de la corrupción. En este contexto, la comprensión del papel de la transferencia de la tierra y la participación del Estado en la definición y protección de los derechos de propiedad requiere hacer una caracterización del conflicto armado, los actores insertos y sus relaciones con la tierra como elementos fundamentales en las motivaciones iniciales y la persistencia del conflicto armado.

Como se ha visto, los conflictos armados internos (guerras civiles) se caracterizan por una pluralidad de motivaciones, entre las que destacan los agravios, la codicia, y la oportunidad que ofrece la debilidad estatal. A más de esto, las guerras civiles posmodernas se caracterizan por la multiplicidad de actores armados involucrados, el desdibujamiento de las fronteras entre guerra y paz, la erosión de la distinción entre combatientes y civiles y la pérdida de la noción clásica de combate (Giraldo, 2009).

La complejidad de las “nuevas guerras” o “guerras posmodernas” hace que sea útil analizar el conflicto armado por díadas, o pares de actores opuestos, para comprender mejor las dinámicas del conflicto y las diferencias en la comprensión del papel de la tierra (Harbom, Melander y Wallensteen, 2008). Este tipo de definiciones hace especial énfasis en el tema de los actores armados no estatales presentes en el conflicto.

Es posible identificar por lo menos cuatro tipos de grupos armados no estatales: 121) grupos insurgentes; 2) grupos militantes; 3) bandas urbanas y caudillos; y 4) milicias privadas, fuerzas policiales y compañías de seguridad (Krause y Milliken, 2009). En primer lugar, la insurgencia busca establecer un dominio sobre la población en territorios donde el Estado es débil y hay recursos económicos importantes para lograr cambios gubernamentales, políticos o territoriales; de esta manera, hace uso de acciones violentas (asesinatos selectivos, masacres, enfrentamientos) y estratégicas (infiltración, espionaje, corrupción), de forma significativa y organizada. En segundo lugar, aunque los grupos militantes se asemejan a los insurgentes, difieren de estos en que no tienen un control efectivo o constante de una región y el nivel de intensidad de la violencia que producen es menor. En tercer lugar, las bandas urbanas y los caudillos tienen como propósito ganar beneficios a través del control de los recursos naturales (incluyendo la tierra), el narcotráfico, la trata de personas, los secuestros, el contrabando, entre otros. Tradicionalmente, estos grupos no aparecen en la literatura sobre los estudios de paz y conflicto armado, pero recientemente han adquirido mayor peso relativo en términos de intensidad de la violencia y se han entremezclado con otros tipos de actores no estatales, por eso se incluyen en el análisis. Por último, están las milicias privadas, las fuerzas policiales y las compañías de seguridad, quienes tienen generalmente tres orígenes: los Estados, para complementar o reemplazar las fuerzas públicas; el sector privado, para proveer seguridad a la propiedad privada y a las compañías; o las comunidades, por razones de autodefensa.