Juan Carlos Muñoz-Mora - Esta es mi tierra

Tabla 13.Resultados de las estimaciones por zonas veredales y estructuras de propiedad

Siglas

Introducción

Nau drúade bemáta Jamáunta yodimemberá

(Esta tierra es de todos)

Leyenda en el escudo de Apartadó, Antioquia

La estructura de la propiedad rural en Colombia es el resultado de múltiples factores, tales como: condiciones iniciales de distribución de la tierra durante la Colonia, procesos de colonización, débiles derechos de propiedad, mercados de tierras ineficientes, conflicto armado, narcotráfico, entre otros (Ibáñez y Muñoz-Mora, 2010). Estas dinámicas han creado un círculo donde el control por la tierra se convierte en la motivación y el principal factor de persistencia de múltiples conflictos violentos en el país, los cuales se acentúan en zonas con abundancia de recursos naturales y localizaciones geopolíticas privilegiadas para el desarrollo de actividades productivas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011).

Este es el caso de la región de Urabá, localizada al noroccidente del departamento de Antioquia. Su ubicación privilegiada sobre el mar Caribe en la frontera con Panamá, sumada a condiciones agroecológicas únicas, la convierten en un territorio con alta proyección agroindustrial y como un puerto clave para el comercio con Centro y Norteamérica (Parsons, 1996). 1 Históricamente, estas condiciones también lo han convertido en un territorio en disputa por su alto valor para los actores legales e ilegales, lo cual ha dado lugar a una crisis humanitaria persistente durante las últimas décadas, con acciones violentas como desplazamiento forzado, masacres, asesinatos selectivos y presencia de múltiples actores armados, entre otros (Suárez, 2007; García y Aramburo, 2011). Cuando se alude a “conflicto” a lo largo de este trabajo, se refiere a los fenómenos que se acaban de mencionar: disputa territorial, crisis humanitaria y presencia violenta de múltiples actores armados.

Justo antes de la firma del Acuerdo de Paz con la principal guerrilla del país –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC)– en 2016, en Urabá se encontraban el 10% del total de casos registrados de expulsiones (desplazamientos individuales) y el 20% de los desplazamientos masivos a nivel nacional (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 142-143). Muchos de estos casos estuvieron relacionados con procesos sistemáticos de apropiación ilegal de tierra. En efecto, según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a mayo de 2020, solamente en el municipio de Turbo se presentaban 2.745 solicitudes de restitución de tierras (3% del total nacional), convirtiéndose en el municipio con mayor número de solicitudes del país; en conjunto, los municipios de Urabá cuentan con 6.500 solicitudes (5% del total nacional). Estos datos son parte de la radiografía de un territorio en constante disputa, lo cual se ha traducido en una alta tasa de población victimizada y una región con altos niveles de pobreza y desigualdad.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC abrieron una luz de esperanza para finalizar la lucha territorial en Urabá. No obstante, la falta de eficacia para consolidar la presencia del Estado en la región, sumada a la consolidación de grupos emergentes, ha creado un ambiente de tensión y violencia que ha perdurado y que podría ser la antesala de una reactivación del conflicto (Defensoría del Pueblo, 2018). Una de las principales características de este nuevo periodo de violencia es la victimización selectiva de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, en especial, aquellos relacionados con procesos de restitución de tierras. Aunque no existe un consenso sobre las cifras, según la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, para 2018, “en el Urabá se presentaron 24 casos de amenazas individuales, 13 amenazas colectivas, 11 casos de hostigamientos colectivos, 3 casos de censura y 2 homicidios” (2018, p. 38) en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto presenta una nueva etapa del conflicto en la región que muestra una preocupante realidad en la que la consolidación de la paz está lejos de ser realidad (Defensoría del Pueblo, 2018).

Entre las muchas razones del fracaso de esta consolidación de la paz se encuentra una limitada comprensión de la magnitud del conflicto armado en Urabá y de los mecanismos a través de los cuales este modificó la sociedad local. Aunque múltiples trabajos académicos e investigaciones han analizado extensamente la descripción y caracterización del conflicto en Urabá, 2son escasos los que han intentado reconstruir las relaciones de los diferentes antecedentes de violencia y la estructura de la sociedad, en particular, la estructura de propiedad de la tierra. 3Esto no es exclusivo del Urabá antioqueño: en Colombia, la carencia de datos históricos sobre la distribución de la propiedad y la complejidad de las diferentes manifestaciones del conflicto armado en las distintas regiones han impedido la construcción de aproximaciones consistentes sobre ambos asuntos (Ibáñez y Muñoz-Mora, 2010; PNUD, 2011).

La identificación de los mecanismos por medio de los cuales el conflicto armado modificó las estructuras de propiedad es una herramienta indispensable para la aplicación y sostenibilidad de políticas de postconflicto, de restitución y de reparación de víctimas (PNUD, 2011).

En este sentido, este libro busca proveer una nueva lectura del conflicto armado en Urabá, enfatizando en cómo los diferentes periodos de disputa territorial afectaron las estructuras de propiedad de la tierra rural desde mediados del siglo XX. Para esto, se identificaron y caracterizaron los distintos mecanismos de transferencia de la tierra que operaron en la región en diferentes momentos del conflicto y cómo modificaron las estructuras de propiedad de la misma. Dada la naturaleza de largo plazo que tienen los procesos de consolidación de las estructuras de propiedad, el libro hace especial énfasis en el periodo inmediatamente anterior a la negociación y firma del Acuerdo de Paz (2006-2011), el cual sentó las bases de la realidad que se vive actualmente en la región.