Eduardo Mackenzie - Colombia. El terror nunca fue romántico

5 de marzo de 2020

RECOMIENDO LA EXCELENTE ENTREVISTA CONCEDIDA POR la abogada Ángela Vélez Escallón al exministro Fernando Londoño Hoyos, director del programa radial La Hora de la Verdad . Este 5 de marzo, la líder pro-vida de Colombia, hizo importantes declaraciones en esa conversación. Ella evocó el reciente asesinato de Juan Sebastián, bebé no nato perfectamente viable, cometido por Profamilia, una agencia pro-abortos de Popayán. También comentó lo ocurrido la semana pasada: la Corte Constitucional no se atrevió a llegar al extremo de legalizar, sin condición alguna, el aborto hasta las 16 semanas de gestación, como algunos magistrados habían hecho saber. «Pero seguimos en la misma tragedia», detalló la doctora Vélez, en vista de que esa corte dejó intactas las discutibles tres causales del aborto que están permitiendo el asesinato legal de miles de niños no natos en Colombia. «La situación sigue siendo muy delicada y hay que seguir en la lucha», subrayó la doctora Vélez.

Amplios sectores de la ciudadanía han expresado su repudio por el aborto monstruoso cometido por la mamá de Juan Sebastián y están pidiendo la abolición pura y simple de la doctrina de la Corte Constitucional (la cual es una aberración pues carece de respaldo constitucional y legal) que le está dando un barniz de legalidad a esa masiva atrocidad.

Ángela Vélez Escallón alertó a la opinión pública sobre «la embestida que prepara» en estos momentos el agresivo lobby del aborto para continuar su labor criminal, tras la ola de repudio que sacudió al país luego de la eliminación infame del bebé Juan Sebastián. Explicó que con el pretexto de velar por la salud de la madre la agenda abortista está llevando a la muerte a miles de bebés viables no natos.

Ángela Vélez Escallón denunció que el cuerpo del niño asesinado no ha sido entregado a su padre. Este intentó en vano impedir la muerte de su hijo en el vientre de la madre. La oficina abortadora que cometió ese crimen no ha querido entregarle el cuerpo del niño y no quiere dar explicación alguna sobre la atrocidad cometida. La jurista dice que no se puede excluir que Juan Sebastián haya nacido vivo, como ocurre en muchos casos de abortos tardíos. Se pregunta si Profamilia lo dejó morir en una caneca, como ocurre en los abortaderos de Estados Unidos. ¿Por eso es que no quieren entregar el cadáver de Juan Sebastián?

La abogada explicó que conoce el caso abominable de un bebé no nato que tenía aparentemente, según los médicos, «un problema en una mano». A pesar de que la anomalía no fue confirmada, alguien interpuso un recurso de tutela y con esa excusa el bebé viable, de casi nueve meses, fue ultimado. Ese crimen execrable, como, tantos otros, sigue en la impunidad total.

Fernando Londoño señaló que algunos de los patrocinadores del aborto utilizan el pretexto de «mantener la pureza de la raza», tema tomado del discurso de Adolf Hitler, lo que muestra el hecho gravísimo de que el país está regresando a estados de barbarie y de deshumanización asombrosos.

La líder pro-vida se preguntó qué tipo de sociedad estamos construyendo en Colombia cuando, sin trabas, hay campañas en las universidades que buscan suscitar en las jóvenes sentimientos contra la maternidad e incluso de odio contra el ser vivo que llevan en ellas, en el caso de las embarazadas.

Sectores de la opinión están pidiéndole a Iván Duque, quien se ha declarado «pro-vida», que sea consecuente y utilice sus poderes presidenciales para impedir que la industria del aborto siga llenándose los bolsillos con esa abyecta actividad. La líder pro-vida estimó que «no ve al gobierno planteando una opción real [frente al aborto], y que el presidente «dice que es pro-vida pero acepta y le parecen bien las tres causales el aborto. Esto me parece curioso».

Potcast de las declaraciones de Ángela Vélez Escallón:

https://www.youtube.com/watch?v=7gZJllFLD0o&feature=youtu.be

http://www.lahoradelaverdad.com.co/angela-velez-escallon-abogada-y-activista-pro-vida-habla-sobre-el-aborto-en-colombia/

6 de marzo de 2020

SE HABLA MUCHO EN ESTOS DÍAS del «derecho a la protesta social». Algunos observadores estiman que ese «derecho» lo están «vulnerando los bandidos», es decir los vándalos y encapuchados que salen cuando los miembros del nefasto «comité del paro cívico» les dan la orden de ir a destruir las ciudades.

Pero los desmanes y devastaciones que comete esa gente no son expresiones del ejercicio de un «derecho». Son delitos que todo Estado de derecho sanciona.

El «derecho a la protesta social» no existe. No está consagrado en la Constitución nacional, texto que enuncia taxativamente los derechos de los colombianos. Ese derecho no es el resultado de la evolución jurídica de la sociedad sino, más bien, una concepción que unos le quieren imponer a la sociedad.

Es tan exitosa la campaña de hacer creer que hay un «derecho a la protesta» que el mismo gobierno colombiano supone que eso existe. Gina Parody, ministra de Educación bajo la presidencia de JM Santos, el 22 de abril de 2015, ante la inminencia de un paro cívico indefinido, declaró: «El derecho a la protesta no puede violar el derecho a la educación». Así, ella enunció una ficción (el derecho a la protesta) y un derecho real (el derecho a la educación) y les dio idéntica legitimidad.

El «derecho a la protesta» es un estandarte ideológico. Es el instrumento más valioso de quienes utilizan la violencia para impulsar una agenda política. Esa formación verbal es clave para el éxito de los desmanes. Sin ella es difícil darle a los medios una justificación de tales actos. Sin esa frase es imposible hacer pasar los actos violentos como una «crítica social». Desconfiemos pues de las frases con carga ideológica, donde la palabra «social» es un elemento central.

El prestigio del vocablo «social» es inmenso. Hayek decía: «‘Social’ fue cada vez más la etiqueta de la virtud preeminente, la cualidad que distinguía al hombre de bien, y el ideal que debía guiar la acción colectiva».

Es hora de examinar el asunto del lenguaje que fabrica la subversión. El uso de fórmulas retóricas ambiguas hace parte de la política de la manipulación de los espíritus. Es una verdadera guerra psicológica. La capacidad de reflexión y respuesta de la sociedad son adormecidas por la reiteración de esa propaganda.

Como ninguna constitución lo garantiza, el «derecho a la protesta» es una mentira. Una mentira tan grande como definir como «retención» el secuestro, como llamar a los terroristas «inconformes», como decir que las Farc son un «actor político», como decir que su violencia es un «discurso». Es una falsedad tan grave como decir que Ingrid Betancourt y los rehenes militares, encadenados a árboles durante años, eran «bien atendidos» por sus verdugos y que solo eran encadenados «esporádicamente». Es tan infame como decir que los cautivos de las Farc eran los responsables del maltrato que sufrían pues habían intentado escapar.

Sin tal distorsión del lenguaje los crímenes de los violentos serían perseguidos seriamente por la justicia. Empero, ante los destrozos humanos y materiales, las autoridades y la ciudadanía quedan perplejas el primer día, pero olvidan todo unas horas después. El tal derecho «a la protesta social» sirve para eso.

FECODE ha hecho mucho para popularizar el «derecho a la protesta» y para convertirlo en un derecho «social». Siempre que puede repite: «La protesta social pacífica es un derecho de todos los ciudadanos en una democracia. No puede ser ni estigmatizado, ni violentado». Es decir, el Estado no puede reprimir los desmanes pues eso sería violentar y/o estigmatizar un «derecho social».