Eduardo Mackenzie - Colombia. El terror nunca fue romántico

Esos enfoques son visibles en numerosas decisiones de esa corte en pleitos radicados en Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Austria, Polonia, Hungría, Suecia. En Francia, la eutanasia es ilegal. Sin embargo, la muerte por esa vía de Vincent Lambert, en julio de 2019, creó gran conmoción. Los padres del joven se oponían a la desconexión y obtuvieron el apoyo de la ONU y del mismo tribunal de apelación de Paris. Pero la CEDH no quiso volver a revisar el caso y Lambert murió.

En 2018, el Reino Unido fue acusado de violar los derechos del Hombre por su sistema de vigilancia masiva de comunicaciones en la lucha contra el terrorismo. La prensa bautizó el caso como «Big Brother Watch». La CEDH dictaminó que Londres «no satisface la exigencia de legalidad» por «insuficiente densidad normativa». (Suecia recibió el mismo trato en otro expediente). Esos casos no han terminado del todo, pero lo interesante es que de los 16 demandantes contra el Reino Unido, 14 son ONG, y de éstas 10 son financiadas por Soros.

Las ONG de la Open Society Foundations son capaces de atacar hasta los Estados mismos, mediante la técnica del «litigio estratégico»: un gobierno aislado debe hacerle frente a una nube de ONG hostiles. El objetivo es, según Puppinck, «obtener a partir de un caso concreto, la condena de prácticas o de legislaciones nacionales contrarias a los intereses o a los valores» de la OSF. Para ello es indispensable que haya «colusión entre las ONG que entablan las demandas y los jueces que dictan la sentencia».

«Desde 2009, en 185 expedientes, una de las siete ONG financiadas por Soros actuaron como demandantes, representantes o terceros interesados», afirma Valeurs Actuelles. Lo peor es que los jueces dictaron sentencia en 88 casos aunque ellos tenían un vínculo directo con una ONG sorista, sin que por eso se hayan declarado impedidos por colusión de intereses. En cuanto a los vínculos indirectos, Puppinck subrayó: «La cantidad de negocios que dejan ver un vínculo indirecto es tan grande que no llegamos a evaluarlos totalmente».

Los estudios de Grégor Puppinck no tocan lamentablemente la acción de la OSF en América Latina, donde emergen cantidad de ejemplos de injerencia sorista con graves consecuencias sociales. ¿Hasta qué punto existe un vínculo, directo o indirecto, entre la mano de Soros y el crimen cometido en días pasados en Colombia contra la vida de Juan Sebastián, un bebé no nato perfectamente viable de siete meses, abortado por decisión de su madre, pese a la oposición del padre, con el apoyo de un organismo privado? Los investigadores locales tienen la palabra.

2 de marzo de 2020

HE LEÍDO CON SORPRESA, PERO CON mucho agrado, las noticias sobre la actitud del gobierno del presidente Iván Duque ante la metida de patas del señor Alberto Brunori, agente de «derechos humanos» de la ONU en Bogotá y vocero oficioso del jefe socialista portugués Antonio Guterres. Admiro la posición asumida por la Casa de Nariño y sobre todo las declaraciones de Martha Lucía Ramírez, Vicepresidente de Colombia, y de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, quienes rechazaron las extrañas exigencias del señor Brunori en el sentido de que el Ejército Nacional no intervenga en la contención de las alteraciones al orden público, que la Policía Nacional sea adscrita al ministerio del Interior y no al ministerio de Defensa y que el ESMAD sea «transformado» en un grupo de monaguillos.

En sintonía con la posición asumida por el jefe de Estado colombiano ante el insólito informe, los dos ministros refutaron el memorial de Brunori y explicaron que la organización interna de Colombia «no depende de ningún organismo multilateral». Fue una acertada respuesta a la acción excesiva del operador onusiano. Las declaraciones de Iván Duque, Marta Lucia Ramírez y Carlos Holmes Trujillo deben ser destacadas y saludadas.

En mis largos años de observación de la vida política colombiana no recuerdo haber visto una actitud tan clara, enérgica y patriótica, de altos responsables gubernamentales, frente a organismos internacionales injerencistas y menos ante los pronunciamientos de las 26 oficinas que la ONU ha podido incrustar en nuestro país para dictarnos una conducta particular, copiada casi siempre de cenáculos socialistas, como si Colombia necesitara tales ordenanzas.

La actitud habitual ante esas operaciones era la de la sumisión ante el extranjero, la del sometimiento y la de recibir palos en silencio. Lo que acaba de ocurrir ante la patanería de Brunori parece, eso espero, marcar el fin de esa actitud deshonrosa y humillante.

Lo de Brunori fue una grave torpeza que sólo podía desatar réplicas severas. Su informe es un monumento de unilateralidad y ceguera, que adopta la tesis de los extremistas, sobre todo de los farco-santistas, de que el gobierno «no está implementando los acuerdos». Es un texto que retoma las invectivas de «Timochenko». Brunori es conocido por ser un fanático partidario de la JEP.

A pocos les extraña que el único que sale a defender la impertinencia de Brunori sea el senador farco-madurista Iván Cepeda y los falsos senadores del pseudo partido Farc.

Ninguna de las agencias onusianas ha ayudado ni combatido al lado de Colombia en los momentos más dramáticos, como los que Colombia vivió por culpa de los grandes carteles de droga, en los años 80 y 90, ni en los periodos de grandes riesgos y sacrificios sufridos por el país por cuenta de la guerra asimétrica de las bandas centralizadas del narco-comunismo. Por el contrario, los aparatos de injerencia «diplomática» buscaron siempre crear confusión y parálisis, sobre todo en el seno de las fuerzas de defensa de Colombia. El estallido de indignación de hoy es el resultado de años de presiones indebidas.

Si Colombia existe todavía y no quedó fraccionada en dos o tres entidades territoriales como querían los enemigos del capitalismo y de la democracia representativa (tal era el propósito declarado de las Farc bajo la dirección de Alfonso Cano), es porque las fuerzas militares y de policía, el Estado y la sociedad colombiana, sin pedirle consejos a la ONU, estuvieron unidos y le hicieron frente a ese proyecto, como pudieron, sin importar los sacrificios y a pesar de sus debilidades económicas y de liderazgo, y lo derrotaron. La nación colombiana creció en medio de esas luchas y no puede seguir tolerando más, sin deshonrarse, la acción disolvente de burócratas arrogantes tipo Brunori, Michel Forst y compañía.

Las coerciones de Brunori y Forst no están desligadas de las intrigas de Michelle Bachelet —cuya actuación como presidente de Chile dejó sembrada la semilla de odio que hoy destroza a ese país—, quien está ahora tratando de imponerle al presidente Duque, de la manera más dictatorial, una de sus favoritas. Bachelet no acepta enviar la terna que le pide el presidente colombiano para escoger el sucesor de Brunori pues quiere asignarle la quechua-peruana Tarcila Rivera Zea. ¿A que vendría esa agitadora? ¿A soliviantar aún más las comunidades indígenas?

Espero que esto que vimos este 28 de febrero no sea flor de un día sino que corresponda a una toma de conciencia de los peligros que del exterior le caen a Colombia y a un deseo auténtico de recuperar la libertad del país en materia internacional y diplomática y de hacerlo saber a todos. Esta libertad supone ponerle fin a la presencia onusiana para que ese armatoste —así llamaba el General De Gaulle a la ONU—, quede libre de decir lo que quiera de Colombia pero desde Nueva York y Ginebra. Desde allá, podrá ver las cosas como son y no como dicta la nube de abejorros que llenan sus oficinas en Bogotá.