Eduardo Mackenzie - Colombia. El terror nunca fue romántico

Por ahora hay un hecho: ningún medio tuvo un periodista en esa audiencia, pues ésta era «reservada». Luego lo que dicen algunos matutinos bogotanos hay que tomarlo con cautela: es la interpretación de personas que pueden haber tratado de hacer pasar sus opiniones por hechos.

Hasta la televisión chavista trató de enredar las cosas. Hernán Tovar, de Telesur, a pesar de que no estuvo en la audiencia, gesticuló que el general Montoya «calló (pero pronunció cayó) sobre los falsos positivos». Y llegó al extremo de decir que si él no está dispuesto a auto inculparse «no debería estar asumiendo esta justicia especial para la paz». Increíble. Ese es el «periodismo» madurista que está tratando de implantarse en Colombia.

La JEP hizo su propia grabación de las audiencias. Pero de éstas no salió documento oficial alguno. No hay un acta, un auto, un documento sonoro, visual o escrito, que recoja con exactitud las declaraciones del general Montoya y lo que expresaron los magistrados. Empero, el 13 de febrero, El Tiempo tituló así: «audiencia contra general Montoya en la JEP». Ha debido escribir: «audiencia del general Montoya».

¿La JEP respetó la confidencialidad de esas audiencias? Existen dudas. «Sin que se hubiese terminado la primera audiencia del miércoles ya todos los medios de comunicación tenían conocimiento de lo expresado por mí. La información que suministré fue filtrada a los medios», reveló el general Montoya (12).

A esa audiencia la JEP no dejó ingresar teléfonos celulares. Sin embargo, los abogados tenían equipos informáticos. ¿La audiencia era realmente «reservada»? En febrero de 2019, tras la «versión voluntaria» de alias «Timochenko», jefe de las Farc, sobre los secuestros cometidos por esa guerrilla, pero sin presencia de las víctimas, la prensa no dijo nada substancial. ¿La reserva de esas audiencias es para las Farc y no para los militares?

La prensa no presentó una versión equilibrada de lo ocurrido la semana pasada. Mucho menos puede justificar la pertinencia de la palabra «indolencia» con la que unos medios creyeron útil condimentar sus artículos. Estos le reprochan al general Montoya haber sido «indolente con las víctimas». También le atribuyen una «falta de respeto». ¿A quién? ¿Cómo? Los medios no responden. Deslizaron esos vocablos y escondieron la mano.

Esos calificativos oprobiosos fueron sacados del cubilete del mago para afectar el buen nombre del general Montoya, en vista de que no tenían nada más para endilgarle.

Veamos más de cerca la cuestión. Vamos al punto central.

Desde agosto de 2015, el general Montoya ha estado dando explicaciones. El fiscal general Eduardo Montealegre, que proclamaba que iba a encarcelar al general, no lo hizo. No lo pudo hacer. No porque no quisiera (su odio antimilitarista de exmiembro de la JUCO es bien conocido) sino porque no encontró prueba alguna. Después, otro fiscal, Jaime Camacho, prometió lo mismo. No lo hizo.

Durante el periodo de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía tampoco inculpó al general Montoya. La Fiscalía informó que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 se reportaron 6 699 muertes en combate contra la subversión, y que de ese universo ella estaba investigando si en 2 429 casos se trató de asesinatos de civiles. Esa investigación no ha terminado. Luego no hay claridad siquiera sobre la cifra exacta de los llamados «falsos positivos».

En la audiencia del miércoles, el general Montoya afirmó una vez más que nunca dio una instrucción que fuera contra la Constitución, que no dio órdenes de matar civiles, ni de matar a nadie fuera de combate.

La posición de él no ha cambiado. El 10 de agosto de 2015, declaró ante la Fiscalía: «Yo estuve de comandante del Ejército de febrero de 2006 a octubre de 2008, eso da un total de 32 meses o 128 semanas. Y en esas 128 semanas, de acuerdo con el libro de programas del comandante del Ejército, en 92 oportunidades hice alusión al respeto por los derechos humanos, a la transparencia y a limpieza de las operaciones. Hasta la saciedad les dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’».

Sin embargo, el modelo de texto deliberadamente obscuro que adopta en estos días cierta prensa sobre este tema, quizá por hostilidad o por simple incapacidad para examinar los hechos con exactitud, es este: «La JEP ordenó la comparecencia del general (r) Montoya, ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP y en, por lo menos, 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ejecuciones extrajudiciales». (13)

Ese párrafo es un perverso juego semántico que calla detalles esenciales para ofrecerle a la opinión un saco de nudos incomprensible.

1. Nadie puede ser «comprometido» por simples «informes» de terceros. La única forma de «comprometer» a alguien en un proceso penal es que las autoridades judiciales hayan establecido plenamente que existen pruebas (no simples dichos) contra una persona.

2. La frase «versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ‘ejecuciones extrajudiciales’», omite un elemento central: ninguno de esos miembros de la fuerza pública afirma haber recibido órdenes del general Montoya de masacrar a civiles. Lo que ellos dicen es que el comandante del Ejército «pedía resultados» a sus tropas.

¿Pedir resultados, e incluso presionar para que se obtengan resultados, es un delito?

«Obtener resultados» no es solo un derecho sino un deber de todo comandante militar, en Colombia y en cualquier otro país. No hacerlo es incumplir sus obligaciones. Colombia vive una guerra subversiva, despiadada, asimétrica, narco-terrorista. El deber de los mandos de la fuerza pública, altos y bajos, es combatir y ganar esa guerra. Los resultados pedidos por los altos mandos colombianos, tienen que ver con acciones militares y de policía, perfectamente reglamentadas, destinadas a proteger la población, a reprimir las bandas criminales, a restablecer el orden público, a hacer respetar la soberanía nacional y a fomentar la concordia cívico-militar.

Empero, la sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP quiere escuchar una canción diferente. Quiere que los altos mandos, como el general Montoya, se auto inculpen. Como el general Montoya se acogió voluntariamente, la JEP cree que el deber de él es reconocer que cometió delitos. Por no reconocer eso la JEP le recrimina que no está «colaborando». Y le hace saber a los medios que él «no está diciendo la verdad». Esa actuación es cobarde e ilegal.

¿Cómo no ver en esto un intento de manipulación del público? Deliberadamente insinúan que Montoya miente. La JEP no está lejos de cometer una difamación.

«Yo no voy a reconocer ningún delito pues yo no he cometido ningún delito», subraya el general Montoya. «Los magistrados de la JEP me dicen: ‘usted debe colaborar para que se restablezca la verdad’. Es decir, la versión que les he dado no les satisface, quieren que uno se involucre y que diga que presionar los resultados llevó a ciertas personas a cometer delitos y eso no lo voy a admitir pues no es cierto». Y detalla: «Mis subordinados eran los comandantes de división del Ejército, oficiales con gran experiencia por sus largos años de servicio a la República. Ellos conocen perfectamente las reglas de funcionamiento del Ejército nacional».

Pregunta: ¿si la JEP estima que el general Montoya no está «colaborando», en qué basa tal convicción? ¿Dispone de pruebas? ¿Éstas en qué consisten? ¿Dónde están? ¿Quién las recogió? ¿Cuándo? La JEP deja ver que no tiene nada, a pesar de la documentación que le ha trasladado la Fiscalía General. Por eso van a la pesca azarosa de informaciones.