Eduardo Mackenzie - Colombia. El terror nunca fue romántico

«La única ‘prueba’ que ellos tienen, me dice el general Montoya, son las versiones de siete subalternos que ya reconocieron haber matado gente fuera de combate. Ellos, al final, aducen que cometieron eso porque yo presionaba por resultados. Pero el punto es que esas personas no eran mis subordinados. Yo no les daba órdenes a ellos, ellos tenían otros jefes». Y concluye: «Si obran así es porque pueden estar tratando de lavarse las manos trasladando a otros la responsabilidad, con el argumento de que se les exigía resultados».

Hasta hoy no hay prueba de que hubo una relación directa entre el acto de esas personas y una orden del general Montoya. Éste afirma: «No hay ninguna declaración que diga el general Montoya me ordenó, o me dijo, o sabía. No dicen eso. Todo gira en torno del asunto de que yo exigía resultados. Yo lo que hice fue poner a pelear el Ejército contra los bandidos».

Estamos pues ante un procedimiento penal muy alarmante, ante una instancia judicial «especial», la JEP, que parte de la presunción de culpabilidad del acusado, y que abandona la tradición jurídica del país, y del mundo civilizado, de la presunción de inocencia.

El enfoque de la JEP recuerda la justicia bolchevique. Lenin decía: «El tribunal es un instrumento de poder del proletariado y de la clase rural trabajadora en la lucha contra la burguesía y el sistema capitalista». El juez no se tomaba la molestia de probar la verdad. La técnica investigativa judicial se basaba en la confesión y el arrepentimiento del acusado, hubiera o no pruebas a favor de él. ¿La JEP es un instrumento de poder de las Farc? Es lo que millones de colombianos piensan al ver la trayectoria de ese aparato desde su creación. Si dejamos que ese enfoque penal continúe, Colombia habrá dejado de ser una democracia aunque sigan existiendo los rituales visibles de la democracia. La democracia no existe sin derechos reales de la ciudadanía y sin justicia auténtica.

Sobra decir que la JEP no es producto del desarrollo jurídico de Colombia, ni de un pacto social entre colombianos, sino el resultado de unos convenios Farc/Santos secretos, espurios, a la espalda de todos, violatorios de la Constitución y rechazados por el país en el plebiscito nacional de 2016, organizado por el gobierno.

Lo que hace la JEP es totalmente anómalo. ¿Está tratando de forjar tranquilamente, mientras la gente duerme, un nuevo delito: el del «crimen contra-revolucionario»? ¿Por eso es que quieren la cabeza de los héroes militares que quebraron el proyecto de las Farc?

En todo caso, ante la ausencia de pruebas, la JEP opta por el camino fácil de ir a la pesca de informaciones. Esa oficina espera que los militares confiesen delitos que no han cometido. El colmo es que le hace creer a las víctimas y a la prensa que todo militar que se acoge a la JEP terminará asumiendo culpas. Lo ocurrido el miércoles y jueves en Bogotá muestra que la JEP no escucha al general Montoya y que los militares no pueden esperar ser escuchados allí ni obtener beneficios. Por el contrario, ella quiere convertir al general Montoya en un trofeo, en un anzuelo para hacer caer a otros militares. Ese organismo es un injerto de la detestable «justicia» castrista. Lo mejor es salir y contar a la opinión lo que está ocurriendo. Hay que impedir que la JEP siga intoxicando los otros tribunales y engañando a todo el mundo, sobre todo a los militares y a las víctimas.

26 de febrero de 2020

GRAN REVUELO CAUSÓ ESTA SEMANA, EN los círculos políticos de París, la revelación de la revista Valeurs Actuelles sobre la galaxia «filantrópica» de Georges Soros. En un informe especial de 21 páginas, la revista conservadora explica que «entre los 100 magistrados que han trabajado en la Corte Europea de Derechos del Hombre (CEDH), entre 2009 y 2019, 22 tienen o tuvieron lazos directos con una de las ONG que dirige la Open Society Foundations (OSF), la red mundial del multimillonario americano de origen húngaro.

La CEDH de Estrasburgo no es un tribunal cualquiera: ese organismo le dicta su ley —y su ideología— a los 47 países signatarios de la Convención Europea de Derechos del Hombre.

Más precisamente: de los citados, no menos de 12 magistrados llegaron a esa Corte después de haber desempeñado puestos claves en la OSF o en una de sus ramas, sobre todo en la Open Society Justice Initiative.

Algunos fueron miembros sucesivamente de dos o tres de esas organizaciones bajo influencia. Seis pasaron por la OSF; cinco por la Comisión Internacional de Juristas; tres por Amnistía International; siete por la Red de Comités y Fundaciones Helsinki; uno por Human Rights Watch; uno por el Centro por los Derechos Individuales de Europa, uno por el Centro Internacional para la Protección Judicial de Derechos del Hombre.

El dinero para esa masiva operación de entrismo nunca faltó. Grégor Puppinck, un abogado que intervino durante varios años ante la CEDH, y que estudia este tema, acaba de publicar dos textos –un libro y un informe— en los que explica que Georges Soros ha invertido más de 32 mil millones de dólares desde 1984 en la creación y orientación de numerosas ONG con el objeto de imponer su visión en cuestiones jurídicas y societales al Viejo Continente.

Puppinck da cifras impresionantes. Por ejemplo, HRW ha recibido 100 millones de dólares americanos desde 2010 y la Comisión Internacional de Juristas recibió, sólo en 2017, 650 000 dólares. Amnistía Internacional recibió, en 2016, 300 000 dólares. El 40% del presupuesto de los comités Helsinki en 2017 vino de las donaciones de Soros.

Grégor Puppinck fue el primero en sorprenderse por el carácter intensivo de la infiltración de Soros en la CEDH. En 2011, él creyó que había en esa Corte sólo «uno o dos jueces Soros», y no miró más de cerca el asunto pues había jueces que eran masones o católicos «lo que es habitual en los juegos de influencia en todas las instituciones». Todo cambió en 2018 cuando se dedicó a reunir y analizar una gran masa de jurisprudencias de la CEDH para ver más claro cuáles eran los acentos ideológicos que permeaban esa producción jurídica. Ello culminó en la redacción de un libro intitulado Les Droits de l’homme dénaturé (Editions du Cerf, Paris) y, más recientemente, en el informe que Valeurs Actuelles reseñó.

El escándalo de los crucifijos fue lo que le abrió los ojos a Puppinck sobre los estragos que puede hacer la galaxia Soros en la vida europea. En 2006, una mujer acudió a la CEDH. Pidió que ésta prohibiera en las escuelas públicas de Italia la presencia de crucifijos pues ello «restringía el derecho de los padres a educar sus hijos según sus convicciones». Tres años más tarde, un magistrado de la CEDH, András Sajó, amigo de vieja data de Soros y miembro de la OSF, hizo parte de la sala que aceptó los argumentos de la demandante y la educación pública de Italia tuvo que ocultar los crucifijos. Escandalizada por tal injerencia, Roma le dio poder a Grégor Puppinck para que derribara esa sentencia, cosa que él logró en 2011. Sajó ya no era magistrado en ese momento.

Desde entonces, Puppinck investiga las operaciones de lobby en Estrasburgo. En su calidad de director del European Centre for Law and Justice (ECLJ) él afirma que la CEDH, bajo la presión de Soros, se está alejando del terreno de la justicia y «de la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no hay sociedad democrática» para darle más cabida a los prejuicios soristas favorables a la inmigración ilegal, la eutanasia, la diversidad social, el multiculturalismo, el derecho al aborto, el activismo LGBT, la adopción de parejas homosexuales, la aplicación de la sharia, la hostilidad a las legislaciones antiterroristas, la abolición de fronteras y de largas sanciones penales, la despenalización del consumo de drogas, la disolución de la familia tradicional y el debilitamiento de los gobiernos nacionales.