Vicent Añó Sanz - Organización de eventos y competiciones deportivas

Tal y como apuntábamos en 2003 (Añó, 2003) “en el futuro, dada la falta de agilidad que plantean las FDM, los IMD o los Patronatos, que no han acabado de resolver el problema de la burocratización, puede ser interesante abordar la gestión de actividades a través de Empresas Públicas que creen las propias Instituciones en lugar de los concursos para adjudicar determinados servicios a empresas privadas, donde existirá menor control de la rentabilidad social que debe seguir siendo uno de los objetivos de la Administración”.

Para resumir este apartado de la distribución de competencias, en el cuadro siguiente se resume el tipo de gestión competencial de cada una de las administraciones.

Del mismo modo, resumimos también las competencias de organización deportiva pública, en el cuadro que sigue a continuación. De ellas, en la de instalaciones deportivas intervienen los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones, si las hay, en la planificación y los ayuntamientos en la gestión y mantenimiento, además de la propia construcción.

En el Deporte en Edad Escolar y Universitario intervienen los Ayuntamientos (o las Universidades) en sus fases locales, las Comunidades Autónomas en las fases interprovinciales y autonómicas y si hay campeonatos estatales son coordinados por el CSD. En todas las fases también suelen intervenir las federaciones deportivas a sus distintos niveles.

Los órganos de gestión y atención al ciudadano suelen ser mayoritariamente municipales. Ninguno de los otros tres organismos mantienen abiertos despachos de atención directa al ciudadano, como no sea para quejas o reclamaciones, ya que realizan un tipo de gestión indirecta.

Lo mismo ocurre con la actividad física de mantenimiento, salud y recreación que son los Ayuntamientos quienes la suelen realizar. Otra cosa es que las Diputaciones y las Comunidades Autónomas les subvenciones para llevarlas a cabo, pero la gestión es suya.

En cambio, el Deporte de Alto Rendimiento debía ser una competencia exclusiva, como quien dice, del CSD ya que por ley le corresponde, pero en la práctica como interesa a los políticos, intervienen todos, desde Ayuntamientos, que no solo subvenciona a clubes y deportistas de élite, sino que piden y entran en la organización de grandes eventos. Algunos de ellos, por su tamaño, incluso con dificultades. Lo mismo hacen las Comunidades Autónomas y en menor medida las Diputaciones. Es más, el CAR (Centro de Alto rendimiento) de San Cugat en Barcelona, es gestionado directamente por la Generalitat de Cataluña, pero su financiación está costeada, también, por el CSD existiendo un consejo rector con representación de ambos. Ello es así, por la existencia en su día de la Residencia Blume de Barcelona, que era gestionada directamente por la antigua Delegación de Deportes desde Madrid y luego por el CSD. No ocurre igual con el CAR de Madrid y el de Sierra Nevada (Granada), gestionados directamente por el CSD.

Por último, como acabamos de avanzar, en la organización de grandes eventos deportivos vuelven a intervenir todas las Instituciones Públicas. Los únicos que se escapan son los pequeños ayuntamientos por su menor capacidad presupuestaria y gestora. Es más, en los últimos años han sido algunos Ayuntamientos y las Comunidad Autónomas (e, incluso, alguna Diputación como la de Sevilla que auspició el Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado en 1999) quienes han potenciado, como un medio de promoción de su ciudad o su autonomía, la celebración de grandes eventos y no el CSD, que sería quien debería hacerlo. Eran momentos de expansión económica, y ahora, con la crisis tan profunda de los años 2008 y siguientes, los grandes eventos están siendo cuestionados de alguna manera porque, sobre todo falta claridad en sus costes y en su repercusión económica real. En este aspecto, las administraciones responsables de los mismos y de su financiación son muy reacias a decir lo que se ha gastado en un evento. En general, la administración pública se escuda en que los contratos que firma con los propietarios de los derechos internacionales son confidenciales. Un caso muy significativo en ese sentido es el de la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia, que se viene celebrando desde 2008.

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