Marta Fernández Peña - Ciudadanos, electores, representantes

Por su parte, Ecuador experimentó un proceso similar en relación con el tributo indígena. Durante el periodo de la Gran Colombia, el tributo indígena fue suprimido por Bolívar en 1821. Aunque este era un recurso importante para el país, ya que representaba «el principal rubro del erario público», al igual que aconteció en Perú con San Martín, los grandes «libertadores» recurrieron a esta medida como una forma de desvincularse del anterior gobierno colonial y, teóricamente, conseguir la integración de la población indígena en la nación, «con los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos». Sin embargo, tras las quejas de los terratenientes de la sierra durante los siguientes años, en 1828 el impuesto volvía a ser reimplantado bajo el nuevo nombre de «Contribución Personal de Indígenas». 95 En palabras de Silvia Palomeque, a partir de este momento «se abandona el proyecto general de ciudadanización de los indígenas». 96 Este impuesto seguiría vigente hasta mediados de los años cincuenta. En 1843 hubo un intento por parte de Juan José Flores de extender la contribución a los blancomestizos. No obstante, una serie de revueltas –en Chambo, Licto, Punín, Guano, Cayambe, Cotacachi y Tabacundo– por parte de un sector de población que consideraba este intento de imposición fiscal como algo degradante, al equipararlos con los indios, impidió que finalmente pudiera establecerse. 97

En la segunda mitad del siglo XIX, el impuesto fue nuevamente suprimido en 1857, durante el Gobierno de Urbina. A partir de entonces, la economía ecuatoriana pasaría a depender casi en exclusiva de las exportaciones de cacao. Con esta medida se pretendía, una vez más, extender la categoría de «ciudadano» a todos los ecuatorianos, haciéndoles partícipe de una misma nación. No obstante, Andrés Guerrero afirma que la realidad seguía mostrando la segregación étnica:

Como no sabían hablar español, y mucho menos leerlo o escribirlo, la población previamente identificada como indígena permanecía, por definición, al margen de la ciudadanía plena. Para la ciudadanía del siglo XIX –esto es, adultos, hombres, letrados y ricos blanco-mestizos– lo impensado era prácticamente impensable, es decir, que los indios, personas a las que estaban acostumbrados a tratar como sus inferiores en casa, en el campo, en las calles y en los mercados, pudieran ser libres e iguales que los ciudadanos ecuatorianos. 98

Además, este autor incide en el hecho de que la supresión del tributo indígena, lejos de lograr la integración social de este grupo de población, supuso una pérdida de poder en el ámbito local y regional por parte de las autoridades étnicas. Hasta 1857, los caciques y los gobernadores de indios habían ejercido una importante función en relación con el cobro de la contribución, ya que el nuevo Estado los necesitaba para que ejercieran el papel de intermediarios ante la mayoría de población indígena. Sin embargo, desde 1857 los funcionarios blanco-mestizos (que ocupaban el cargo de tenientes políticos) se sobrepusieron a las autoridades étnicas, y las leyes del Estado central, a las leyes comunales. 99

En definitiva, nos encontramos con que en la segunda mitad del siglo XIX las diferencias socioeconómicas entre los peruanos y los ecuatorianos, desde un punto de vista socioeconómico y étnico, se fueron haciendo cada vez más notorias. A ello se unía la diferenciación regional, que desempeñaba un papel relevante en las condiciones económicas, sociales y culturales de la población.

ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DIFERENCIACIÓN REGIONAL

Como se ha visto, la disparidad socioeconómica que caracterizó a ambos países a lo largo del siglo XIX a menudo estaba asociada a la diferenciación regional. Además, el concepto de representación que albergaban las élites parlamentarias dependía en gran medida de las características geográficas de cada país. Por ello, creo oportuno dedicar un último apartado de este capítulo a analizar la estructura territorial de Perú y Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX y su relación con el ámbito político, social y económico.

A través de los textos constitucionales desarrollados en la década de 1860, ambos países quedaron estructurados en tres niveles en lo que respecta a su administración interior, si bien la nomenclatura y los cargos de dirección de cada uno de ellos variaban de un país a otro. Cada uno de estos cuerpos era bastante autónomo y contaba con sus propias autoridades, aunque en última instancia dependían del poder ejecutivo. Por tanto, la estructura territorial definida en los textos constitucionales de 1860-1861 ponía de manifiesto que no eran sistemas demasiado centralistas. En Perú, la Constitución de 1860 dividía la República en departamentos, que a su vez comprendían varias provincias, entre las cuales se hallaban diferentes distritos. Los departamentos se encontraban gobernados por prefectos, las provincias por subprefectos, y los distritos por gobernadores. Asimismo, la Constitución contemplaba la instalación de tenientes gobernadores donde fuese necesario. En el caso de Ecuador, los tres niveles de administración en los que se dividía el país mediante la Constitución de 1861 eran las provincias, los cantones y las parroquias, dirigidos respectivamente por el gobernador, el jefe político y el teniente. 100

Además de esta estructuración formal, la realidad presentaba profundas diferencias entre las diversas regiones, que estaban relacionadas con la presencia de distintas situaciones socioeconómicas y que afectaban a la organización política y al precario desarrollo de una conciencia nacional. Así, un fenómeno común a ambos países durante el siglo XIX fue el regionalismo.

Desde la independencia, el territorio que actualmente forma parte de Ecuador se encontraba dividido en tres grandes provincias lideradas por tres ciudades principales: Guayaquil, en la costa; Quito, en la sierra norte; y Cuenca, en la sierra sur. Estas tres regiones presentaban grandes diferencias ya desde los primeros años del siglo XIX. Así, por ejemplo, mientras que Quito quería formar parte de Colombia, Guayaquil y Cuenca preferían anexionarse a Perú. Esto se debía a diferentes tradiciones históricas e intereses económicos que habían conectado en mayor medida a Quito con Bogotá y a Guayaquil y Cuenca con Lima. Finalmente, Guayaquil y Cuenca tuvieron que ceder en sus aspiraciones, hecho que quizás estuvo motivado por la temprana independencia acaecida en la República de Colombia desde 1819, mientras que en esta fecha Perú seguía estando en manos realistas. También existían discrepancias entre las tres regiones en cuanto a las actividades económicas que se llevaban a cabo y, por tanto, en cuanto al proyecto económico que se quería instalar: librecambismo o proteccionismo. Por un lado, los incipientes comerciantes cacaoteros de Guayaquil apostaban por un sistema económico liberal que propiciara unas comunicaciones fluidas para favorecer el comercio de sus productos a través de su puerto. Por otro lado, los terratenientes de Quito y de Cuenca, anclados en una política económica colonial, pedían el «restablecimiento de la contribución indígena», el «aumento de las tasas arancelarias», así como el «apoyo a la religión católica y por tanto a su Iglesia». Todo esto ponía de manifiesto que en los inicios del siglo XIX los líderes del movimiento independentista aún no tenían clara la definición de las fronteras en los nuevos Estados independientes. En este sentido, la historiografía ecuatoriana a menudo se ha cuestionado si el surgimiento del Estado del Ecuador no fue un «accidente geográfico». No obstante, sí que existía un elemento en común entre las tres regiones: la presencia del latifundio y, por tanto, de grandes terratenientes que precisaban un gobierno fuerte que les asegurara el mantenimiento de «una dominación directa sobre la población indígena, esclava y campesina». 101